Para la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, el hecho que hoy el 50% de los estudiantes universitarios tenga gratuidad y que el beneficio apunte específicamente a la población más vulnerable hace de esta medida una política exitosa, más allá del compromiso inicial de la Presidenta Bachelet de lograr cobertura universal.
Dice, además, que la gratuidad se está implementando y que se hará "con responsabilidad", para que un "avance" no se transforme en un "retroceso" desde el punto de vista de las finanzas públicas.
Pese a sus complejidades, Quiroga confía en que la reforma educacional será una de las más grandes "dentro del ciclo" y subraya que "el grueso de la reforma está ocurriendo principalmente en regiones", con un 70% del total de medidas implementadas fuera de Santiago, entre ellas, la ampliación de la cobertura de salas cuna, la gratuidad y el programa de acompañamiento PACE.
"La ciudadanía tiene asociada la reforma educacional solamente al tema de la gratuidad y la verdad es que la reforma es mucho más que eso. Parte del desafío es que la gente asocie que todo lo que está ocurriendo en educación tiene que ver también y es parte de la reforma", aclara.
- Una de las principales críticas al proyecto de educación superior es la supuesta "sobrerregulación" que establece hacia las instituciones y las atribuciones que se le otorgan a la Superintendencia y a la Subsecretaría. ¿La iniciativa, como está hoy, pone en riesgo la autonomía de las instituciones de educación superior?
- El proyecto establece un marco regulatorio y un sistema de aseguramiento de la calidad mucho más potente de lo que hoy existe. Este marco y este sistema no son cosas en que estamos siendo tan pioneros en Chile. Muchos de estos elementos están sacados de la experiencia internacional, pero también de la experiencia nacional. Lo que aquí hemos puesto en el centro es el derecho a la educación de los estudiantes, el adecuado resguardo para poder garantizarles la calidad de la formación y, también, ser capaces de construir un sistema de educación superior al servicio de las necesidades de las personas y del país. Hoy, el nivel de pertinencia, del quehacer de las instituciones de educación superior, no es algo que necesariamente haya estado al centro de la conversación. Ser capaces de garantizar calidad y asegurar la sostenibilidad en el tiempo de las instituciones requiere de marcos regulatorios potentes y que tengan la capacidad de anticiparse a crisis. En Chile, todos los casos han ocurrido cuando a uno ya le explota en la cara el problema. Si alguien cree que se puede garantizar calidad o se puede asegurar el adecuado resguardo de la sostenibilidad de las instituciones con el marco regulatorio que tenemos actualmente, eso no es así.
- ¿No hay un "control excesivo" del Estado sobre las instituciones, como han acusado algunos rectores de universidades privadas?
- Las medidas que estamos proponiendo son cosas que hacen los otros países y, en esos países, el debate respecto a la autonomía universitaria está totalmente superado. En esos países, el hecho de que haya fijación de aranceles o que las instituciones tengan que pedir autorización bajo ciertos casos para poder abrir nuevos programas o áreas de desarrollo, en ningún caso se entiende como un atentado a la autonomía. La reforma educacional resguarda la autonomía y la resguarda no solamente porque sea una palabra de buena crianza, sino porque es parte del valor que tienen las instituciones de educación superior. Es importante que esa autonomía exista, porque eso resguarda la adecuada diversidad de proyectos, la pluralidad en el sistema y, de alguna manera, fomenta el pluralismo. Pero estamos absolutamente disponibles para ver pesos y contrapesos de las decisiones, porque queremos que el sistema de educación superior adquiera una visión de Estado, aquí para nada estamos queriendo que el Ministerio sea un superpoder, sino que más bien que existan reglas públicas para el funcionamiento de las instituciones y que, como país, consensuemos cuáles van a ser esas reglas, quiénes toman esas definiciones. Se pueden alivianar ciertas cosas si es que existen cargas excesivas.
- El presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt, dijo que el proyecto puede terminar en el Tribunal Constitucional. ¿Teme una situación similar a la ocurrida con el proyecto de inclusión?
- Esperamos que eso no ocurra y creo que el tema de la autonomía va a ser bastante debatido en el Congreso. Tenemos que consensuar qué es lo que este país entiende por autonomía, porque si por autonomía se entiende que aquí no se puede garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, entonces el Gobierno va a hacer valer su voz y su convicción y va a tratar de persuadir de que la educación resguarde el derecho de los estudiantes.
- Este año, más de 139 mil alumnos están estudiando en la universidad gratis. Sin embargo, la promesa inicial de la Presidenta fue gratuidad universal. ¿Fue un error sembrar esa expectativa en la ciudadanía?
- La Presidenta siempre comprometió esto de forma gradual, esto nunca se planteó como que de la noche a la mañana todos los estudiantes iban a tener gratuidad, porque eso, tanto por razones financieras como por razones de implementación, no es posible. Lo que ocurrió es que, debido al escenario económico, esa gradualidad hoy es un poco más larga de la que originalmente se había planteado. Hoy tenemos 30 universidades adscritas y el universo de estudiantes susceptible de gratuidad es del orden de 160 mil. Me parece que llegar a 140 mil estudiantes es un tremendo logro para el país. Cuando uno mira los estudiantes de primer año, el 54% tiene gratuidad. Eso significa que la política está bien direccionada, porque la gratuidad apunta al 50% de los estudiantes más vulnerables.
- ¿No considera, entonces, que se decepcionó a la ciudadanía con lo que finalmente se logró en materia de gratuidad?
- El proyecto de ley plantea que al 2018 vamos a tener al 60% de los estudiantes con gratuidad. A mí me impresiona que se hable del 60% de la población como si estuviéramos hablando del 5% o el 10%. Es el 60% de la población, o sea, es un hecho histórico. Partió la gratuidad y no partió con el 5%. Entonces, catalogar como una política no exitosa el hecho que en un país ya tiene gratuidad para el 50% y que tenga el 60% en 2018, me parece que no es para nada lo correcto. Además, ocurrió un fenómeno que nosotros esperábamos, pero no creíamos que iba a ocurrir tan rápido, y es que muchos estudiantes fueron a la universidad producto de la política. No solamente se benefició a los estudiantes que pensaban ir y a los que se les iba a arreglar de alguna u otra forma con los beneficios que ya existían, sino que aumentó de manera importante la población vulnerable en primer año. Cuando uno mira los cortes, la población vulnerable de primer año es considerablemente mayor respecto a las generaciones anteriores; por lo tanto, eso confirma parte del diagnóstico que justifica esta medida: que una de las razones por las cuales las familias no acceden a la universidad tiene que ver con razones económicas.
- ¿Qué opina de los distintos estudios que concluyen que la gratuidad universal recién se podría lograr varias décadas después?
- Lo que me llama la atención es que muchas veces esos informes son elaborados por personas que tienen un conflicto con que exista gratuidad. No olvidemos que el debate era si es que había o no que tener gratuidad; entonces, la verdad es que nosotros estamos tremendamente contentos que hoy el debate sea más bien cómo llegamos. Debatir cómo podemos allegar más recursos para que esto pueda avanzar más rápido es un cambio de eje en la conversación tremendamente positivo. Desde el punto de vista del Gobierno, esto es un paso histórico. Lo que sí hemos resguardado es que esto lo vamos a ir haciendo gradualmente, sin poner en riesgo las finanzas públicas, porque esto tiene que ser con responsabilidad. En el proyecto se plantea una fórmula para resguardar adecuadamente que, una vez que esto se avance, no se retroceda.
- Hay universidades, como la U. Diego Portales, que dicen que están evaluando si adherir nuevamente, el próximo año, a la gratuidad, porque este mecanismo les ha generado costos económicos. ¿Teme una "fuga" de planteles de la gratuidad el próximo año?
- Esperamos que eso no ocurra. Nuestra aspiración es que la mayor cantidad de instituciones se sume a esta política y sabemos que vamos a tener que ir gestionando adecuadamente la transición. No olvidemos que estamos partiendo de un sistema que no tiene regulación en el sentido, por ejemplo, de aranceles; por lo tanto, existe una heterogeneidad enorme de aranceles. Sabemos que para transitar hacia un sistema de aranceles que sea un poco más homogéneo y que tenga una cierta regulación hay una transición que vamos a tener que ir administrando; por eso es que la ley de presupuestos y el proyecto contemplan fondos para poder ir cubriendo estas brechas.
- ¿Es viable dividir el proyecto de educación superior en varios textos, como han propuesto algunas voces relevantes?
- Todavía es muy prematura esa conversación, porque también hay gente que ha opinado en la dirección contraria. Creo que cuando uno discute una reforma al sistema de educación superior es importante mirar el panorama completo. Es muy complejo mirar una reforma de esta como por pedacitos. Estamos en la fase de escuchar las distintas alternativas.
- ¿Cómo van encaminadas las universidades estatales de O'Higgins y Aysén? La ex rectora de esta última, Roxana Pey, acusó, en su minuto, retrasos en la definición de mallas curriculares, programas e infraestructura.
- Tanto los proyectos de universidades como de CFT regionales están avanzando. En diciembre pasado, estas dos instituciones tuvieron ya equipos conformados; por lo tanto, llevamos solo algunos meses en los que estos equipos han estado trabajando (...) No hay que olvidar que las instituciones no aparecen de la noche a la mañana en régimen, sino que van paso a paso y ambas instituciones ya han presentado propuestas de desarrollo institucional, tanto en sus áreas académicas como en sus áreas de investigación.
- ¿Cuándo estarán en marcha estas universidades?
- Ambas tienen la propuesta de iniciar en marzo y eso es lo que justamente hoy estamos revisando: chequear que las condiciones de las dos instituciones son las adecuadas. De las revisiones que hemos hecho, vemos que es probable que eso sea así, pero es una conversación que primero debemos tener con ellos, antes de dar a conocer a la luz pública el resultado de ese proceso. Pero hasta este momento nuestra opinión es que eso va a ocurrir y estamos, durante este mes, cerrando la conversación respecto a cómo eso se implementa.
- A la luz del caso Laureate, ¿cree que ha faltado fiscalización por parte del Mineduc? ¿El gobierno hace alguna autocrítica con respecto a esta situación?
- El Ministerio hoy tiene facultades para desarrollar un proceso de fiscalización y es por eso que ha desarrollado investigaciones; en este caso, tiene investigaciones abiertas. Por razones procedimentales, no puedo entregar información del detalle de esas investigaciones; de hecho, uno como autoridad también tiene una cierta limitación para conocer el contenido de esas investigaciones. El Ministerio de Educación está ocupando todas las facultades que hoy día tiene. Más que una autocrítica de un cierto periodo de gestión, esto más bien obedece a una autocrítica a nivel país de que claramente aquí se requiere tener más dientes. Por eso se está creando una Superintendencia, para profesionalizar esta función con nuevas atribuciones. La voluntad del Gobierno siempre ha sido resguardar que las instituciones sean sin fines de lucro; ahí no hay doble lectura, esa es la voluntad del Gobierno y la hemos ejercido.
Mabel González mabel.gonzalez@mediosregionales.cl
CRISTIAN CARVALLO/documentación el mercurio
Quiroga dice que con la gratuidad subió el número de estudiantes vulnerables en primer año.
"No olvidemos que el debate era si es que había o no que tener gratuidad; entonces, la verdad es que nosotros estamos tremendamente contentos que hoy el debate sea más bien cómo llegamos (a más gratuidad)".
