La Presidencia de la República, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Servicio de Impuestos Internos, el BancoEstado y la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) aparecieron como las instituciones peor evaluadas en el estudio Barómetro de Acceso a la Información.

El sondeo, realizado por la consultora GfK Adimark, fue presentado ayer por su presidente, Roberto Méndez, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Ricardo Hepp y José Luis Parra, presidente de la Fundación de la Prensa.

Encuestados

El sondeo es el reflejo de la percepción de más de 400 periodistas que trabajan en los distintos medios de comunicación social respecto al acceso a la información pública de 50 instituciones, entre las que se cuentan ministerios, las Fuerzas Armadas y de Orden, y organismos fiscalizadores, entre otros.

En el estudio, los profesionales evalúan el nivel de acceso a la información con una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 excelente, y de tres aspectos: disposición, confiabilidad o precisión y entrega oportuna de la información.

Los mejores y los peores

Así fue que el ente rector del fútbol nacional quedó como el organismo peor evaluado, con un 12,8% en el promedio de las tres dimensiones evaluadas. En el otro extremo quedó el Banco Central, que lideró el listado con un 59,6%.

Las otras cuatro mejores evaluadas fueron el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Salud y el Ministerio Público.

Respecto a la comunicación por parte del Gobierno de proyectos de ley o hechos relevantes para el acontecer nacional, el estudio evidenció un bajo resultado. Así, un 48% de los encuestados piensa que el Gobierno ha comunicado mal la reforma a la Constitución, un 54% cree que lo ha hecho mal con la reforma educacional y un 62% evalúa como mala la comunicación sobre los conflictos política-negocios.

Carolina Collins

Reconociendo que el proyecto "tal como está tiene déficit", la ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunció ayer que ingresarán una indicación sustitutiva al proyecto de Educación Superior que se tramita en el Congreso y que, para eso, están analizando todas las críticas que han surgido.

"Sabemos que el proyecto, tal como está, tiene déficit y reclamos de distintos sectores. Pero estamos terminando una conversación. De hecho, la subsecretaria (Valentina Quiroga) está hoy en conversaciones en el Congreso para recoger bien el sentido de esto y poder hacer una indicación sustitutiva que realmente mejore el proyecto", dijo la secretaria de Estado a The Clinic online.

Respecto al porqué no se le hicieron estas mejoras a la iniciativa previo al inicio de su tramitación en el Parlamento, Delpiano afirmó que "era muy difícil hacer esto sin contar con un proyecto de ley".

"No se podía seguir discutiendo con las universidades, con los rectores, con los estudiantes, parlamentarios y especialistas sin tener un proyecto de ley que dibujara todo el tema. Pero, claro, hay espacios de proyecto que están mucho más logrados que otros, eso hay que decirlo", agregó.

Aspectos más difíciles

La ministra detalló que los aspectos más complejos de abordar tienen relación con el apoyo del Estado a las universidades públicas "y cómo se dibuja lo público que no es estatal (universidades del G9)".

Asimismo, adelantó que las modificaciones que se le harán al proyecto también contemplan cambios al Crédito con Aval del Estado (CAE). "Es un tema que está en estudio para que efectivamente veamos cómo sacamos a la banca de por medio, que es el tema que más problemas genera", explicó.

Delpiano aseguró que CAE "se ha transformado en una mala palabra", pese a las mejoras que se le han aplicado, como bajar el interés al 2%.

La titular de Educación se mostró confiada en que con las mejoras que se introducirán al proyecto, éste "va a agregar mucho más gente favorable de aquí a un par de meses más".

Según sus estimaciones, el proyecto de reforma a la educación superior debiera estar aprobado a fines del próximo año.

Respecto a la gratuidad de 2017, la ministra confirmó que como no se espera que el proyecto esté aprobado a tiempo, se volverá a incluir en la glosa del presupuesto, como se hizo para entregar el beneficio este año. Pese a esto, aseguró que esta vez se hará "con más requisitos".

Impuesto al graduado

En medio de la discusión en torno a la mejor forma de financiar la gratuidad ha comenzado a sonar con fuerza la idea de que ese beneficio se costee con un "impuesto al graduado", gravamen que tendrían que pagar quienes estudien sin costo una vez que sean profesionales y tengan trabajo.

La idea ha sido planteada por rectores en el Congreso, entre ellos el de la U. Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Silva, quien señaló a Emol que sería la fórmula "más viable" y que "un profesional es un bien para Chile, pero también es un beneficio personal".

"A partir de todo lo que se ha escuchado, de las posturas de los distintos parlamentarios, finalmente el proyecto va a encontrar un rumbo".

Adriana Delpiano, Ministra de Educación."

"Un profesional es un bien para Chile, pero también es un beneficio personal".

Eduardo Silva, Rector de la UAH."

La senadora de Amplitud, Lily Pérez, reiteró que "hay parlamentarios que son adictos" a las drogas y emplazó al presidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, a que ponga en tabla un proyecto que obligue a los parlamentarios a someterse a un test de dopaje. Esto luego que el titular del Senado llamara a Pérez a hacer una acusación "de manera responsable y con seriedad" y sostuviera que la senadora podía ser llamada a la comisión de Ética. "Me parece que si alguien tiene antecedentes de esa envergadura y esa seriedad sería bueno que pudiera a través de mecanismos formales dar los antecedentes que tenga", dijo Lagos Weber. "Emplazo al presidente del Senado que ponga en trámite legislativo nuestro proyecto presentado junto al senador Francisco Chahuán, en que buscamos transparencia y que al igual que cualquier trabajador de nuestro país, para el cual es obligación someterse al test de drogas, también los candidatos al Parlamento y los parlamentarios tengamos que hacerlo", respondió Pérez.

Luego de que el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales superara su primera prueba en el Senado en la Comisión de Salud, el jefe del comité de senadores de la DC, Andrés Zaldívar, enfatizó que los parlamentarios de su partido solamente aprobarán la iniciativa si La Moneda impulsa un programa de acompañamiento a las mujeres.

"El Gobierno tendrá que dar una respuesta y mientras no llegue, no vamos a avanzar en aprobar algo que no tenga ese respaldo", sostuvo el senador, según consignó La Segunda.

Zaldívar explicó que existe un acuerdo entre los senadores de la DC para respaldar la iniciativa que despenaliza el aborto en caso de que esté en riesgo la vida de la madre, de inviabilidad del feto y de embarazo por violación, si es que el Ejecutivo tramita en paralelo un programa que de apoyo sicológico, social y económico a las mujeres.

"Hay unanimidad en la DC, que es fundamental contar con un proceso de acompañamiento para evitar las críticas más sensibles a las causales que tiene el proyecto", dijo Zaldívar al medio citado.

El senador dijo que tenía reparos respecto a la votación en la Comisión de Salud del martes, en la que la timonel de la DC Carolina Goic apoyó el proyecto, porque existían críticas que apuntaban a que no habían sido oídas todas las posturas en torno al tema, algo que espera que sí se haga cuando sea votado en la de Constitución.