Un 19 de octubre de 1973 pasó la caravana de la muerte por Calama y su resultado fue la ejecución de 26 hombres, quienes no sólo eran trabajadores, sino padres, hijos, hermanos y esposos. A 43 años de este hecho sus familias aún claman por la verdad, la justicia y por recuperar los pocos restos que existen de ellos.

En total, en la comuna fueron ejecutadas 36 personas, de ellas 15 eran trabajadores de Codelco.

Precisamente, ayer los sindicatos de Chuquicamata y Antofagasta hicieron un sentido homenaje a estos mineros y todos aquellos que murieron en la época en el frontis del edificio corporativo, hasta donde llegó la agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Políticos de Calama (AFEDDEP).

Recuerdo

Su presidenta, Violeta Berrios, agradeció que esta fecha no pase desapercibida. "Son sentimientos encontrados, feliz porque les rinden homenaje, los recuerdan y no se olvidan, pero también estamos tristes, porque es un día en que retrocedemos el cassette y empezamos a recordar estos 43 años", reflexionó.

Dijo que en esta ocasión la conmemoración tiene una sensación distinta, porque hace pocas semanas el Servicio Médico Legal hizo nuevos reconocimientos de restos, los que serán velados el 4 de noviembre y al día siguiente se realizarán los funerales en el memorial del Cementerio Municipal.

"Tenemos un montón de cosas dándonos vueltas en la mente y el corazón, pero muchas familias vamos a quedar tranquilas porque vamos a tener aunque sea un huesito de ellos", dijo.

Durante la ceremonia y por parte de la agrupación dio un discurso el hijo de Jorge Yueng, quien lleva el mismo nombre de su padre, quien era trabajador de la Dupont, actual Enaex.

Recalcó que los ejecutados y desaparecidos de la dictadura fueron víctimas por pensar en un Chile mejor, "siendo torturados y masacrados, para luego hacerlos desaparecer. Como familias aún no podemos cerrar nuestras heridas, todo este dolor e incertidumbre es porque no ha existido voluntad política para acelerar los juicios".

"Han pasado seis gobiernos desde que recuperamos la democracia, cinco de la Concertación y la Nueva Mayoría y todavía siguen estancados y con pobres avances los procesos para darles merecidos castigos a los culpables que cometieron las aberraciones en la dictadura militar", agregó.

Justicia

Enfatizó que la pesadilla cumple 43 años y aunque el escenario no sigue siendo el mejor, esperan "que no haya impunidad ni olvido, que exista justicia y memoria".

Además de los dirigentes de los sindicatos organizadores, también estuvieron presentes el senador Alejandro Guillier, el diputado Marcos Espinosa, autoridades provinciales y comunales, además de dos candidatos a las municipales.

En tanto, a las 19.30 se dio inicio al acto oficial en el "Memorial parque para la preservación de la memoria histórica de Calama", que se ubica a 13 kilómetros camino a San Pedro de Atacama, lugar donde fueron hallados los restos de los ejecutados. Con esa actividad se dio por terminada la conmemoración de este año.

Johanna González G.

En Calama existen dos residencias privadas para recibir a niños que han sido vulnerados en sus derechos, uno es el Tierra de Niños que acoge a pequeños recién nacidos hasta los seis años y el segundo es el Padre Alberto Hurtado para niñas de seis a los 18 años. No hay nada para varones en este último rango etario, quienes deben ser derivados a Arica, Chañaral o Coquimbo.

Tampoco existe una solución para los infractores de ley, que según el caso, deben ser trasladados a Antofagasta.

Esta situación se viene arrastrando por años y la lejanía de Calama es otro de los factores que afecta la reinserción de estos niños tanto en su núcleo familiar como en la sociedad.

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo Encina, reconoció que existen falencias en el sistema en la región y en especial en la comuna y frente a esto anunció que están levantando dos proyectos, uno bastante avanzado que beneficiaría directamente a Calama.

"Nos faltan residencias de varones y es el gran requerimiento que tiene la región de Antofagasta, para eso como Servicio Nacional de Menores y Justicia, estamos viendo dos alternativas, una es buscar la instalación de un Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) para Calama. Estos funcionan con una capacidad para cerca de 46 niños, niñas y adolescentes, tiene equipos profesionales que van desde las 26 personas", contó.

Dijo que están trabajando en este proyecto desde antes que estallara el tema Sename a nivel nacional y llevan varias etapas concretadas.

"Hoy estamos en gestiones para acceder a un terreno para construir el Cread para Calama, lo que estamos viendo con Bienes Nacionales. Ya han venido equipos técnicos de la unidad de Infraestructura de Justicia a verlo", aseguró, precisando que el Sename es el encargado, a través de sus equipos especializados, de ver el sitio, hacer el estudio, el perfil del proyecto, el diseño arquitectónico y "para eso tienen que elaborar una serie de antecedentes que les está pidiendo el ministerio de Justicia y con eso se concreta la solicitud del terreno".

Argumentó que si bien está en la etapa inicial, han trabajado buscando el mejor lugar posible. "Ha sido difícil encontrar un terreno, de hecho habíamos visto cinco y solicitados a Bienes Nacionales, pero ninguno cumplía con los requisitos, hasta que se encontró uno en la villa San Rafael".

Una vez completado todo el proceso que implica un proyecto, esperan presentarlo al Consejo Regional para acceder al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para su construcción y a recursos sectoriales para la contratación de profesionales y la mantención del recinto.

Encina dijo que si bien la crisis es lamentable, esta situación la tomaron como "una oportunidad para que este proyecto avance y se pueda concretar en la mayor parte posible del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet".

Responsabilidad penal

El segundo de los proyectos beneficiaría a los niños infractores de ley, que es la otra rama que se encarga el Sename.

El 2005 fue promulgada la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece un sistema de "responsabilidad para los adolescentes entre los 14 y 18 años que violan la ley penal. Su principal objetivo es reinsertar a los jóvenes en la sociedad a través de programas especiales", detalla la Biblioteca del Congreso Nacional. Entró en vigencia el 8 de junio de 2007.

Han pasado nueve años y en la región aún no existe un centro que de respuesta a estos menores infractores de ley.

"No tenemos (en Calama) un centro de internación provisoria, ni régimen cerrado ni semicerrado, eso está en Antofagasta", aclaró el seremi de Justicia.

Sin embargo, el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Antofagasta (exSurgam) tampoco responde a lo que la ley aspiraba, porque "antes era un hogar de niños y nunca se hizo un proceso o una creación de una infraestructura que fuera pensada para la aplicación de sanciones".

Encina enfatizó que en este ámbito no es sólo encerrar al menor que cometió la infracción, sino insertarlo en un sistema de resociabilización integral, una "reinserción socioeducativa".

Frente a esta situación, dijo que tienen proyectado hacer un centro a nivel regional.

"Tiene un costo sobre los diez mil millones de pesos, porque se construirá por primera vez y es reponer un centro de internación provisoria en un régimen cerrado, pensado en la ley 20.084, es decir, un centro que tenga escuela, un consultorio médico, salas confortables donde las duplas del Senda, que ven el consumo problemático puedan trabajar y donde en definitiva no tengamos condiciones de hacinamiento. Es un proyecto amplio con más de 70 plazas, lo que cubriría la necesidad regional".

La autoridad, en tanto, precisó que si bien la aspiración es tener un centro de estas características en cada capital provincial los recursos son escasos, por lo que contar con uno en Antofagasta es un avance.

En cuanto a la cercanía con las familias, lamentó que en varios casos la distancia sea un problema, pero recalcó que "hay que tener presente que existen algunas que ni si quiera van a ver a los menores, entonces no hay diferencia si están en Calama o en Antofagasta y estos casos, lamentablemente, son los más".

Fiscalización y programas

Respecto al sector proteccional del Sename, Encina manifestó que existen varios programas con más de 2.700 plazas a nivel regional para intervención, "son de diversa intensidad y responden a la solicitud que hace el tribunal de Familia, ya que son niños que llegan con una medida de protección ante la vulneración de sus derechos".

Especificó que existen planes de intervención especializada, enfocados en, por ejemplo, la reparación de maltrato grave, "todo depende del grado de vulneración al que ha sido afectado".

Comentó que estos programas se ven fortalecidos con las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), que tienen más de 12 mil atenciones a nivel regional, siendo la de Calama la más antigua.

"Se busca generar una intervención del sujeto, pero también de su grupo familiar y ahí vienen los talleres de habilidades parentales. Lo que busca la nueva política en materia de infancia es no solamente intervenir al individuo menor de edad, sino también a su grupo familiar, entregándoles las herramientas para que ellos no incurran en conductas de agresión, vulneración o abandono y cumplan de manera correcta con su rol de padres", aseveró.

En tanto, para los infractores de ley está el plan 24 horas, que ya está en aplicación en Calama y "ofrece programas de reinserción educativa, de intervención especializada, de duplas psicosociales que intervienen a los niños y sus familias, que han pasado por una comisaría".

Precisó que es ambulatorio y se busca entregar una oferta concreta para aquellos menores que han cometido un delito y necesitan de un sistema de sanción en libertad asistida.

Otro de los temas que explicó Marcelo Encina fue la fiscalización que realiza el Sename, específicamente a las residencias privadas en las que atienden a los niños que han sido vulnerados, aspecto que fue ampliamente criticado por las muertes que se generaron en el país.

"Hay un equipo de supervisores en el Sename que son profesionales que tienen amplia experiencia en el área proteccional. Ellos tienen a cargo residencias en específico, entonces las van viendo permanentemente, van trabajando con ellas, levantando observaciones y después revisando que se hayan rectificando. También se van viendo las necesidades y hay inyección de recursos".

Futuro

Si el Estado está en deuda con los menores de 18 años, también lo está con aquellos que egresan de sus programas siendo considerados adultos.

Muchos de los testimonios entregados a nivel nacional dieron cuenta que una vez que se egresa del sistema, no hay quien les preste ayuda para salir adelante, pues ya no son sujetos de preocupación por pasar a la adultez.

El seremi de Justicia manifestó que no existe nada, ni en el sistema proteccional ni en el de justicia juvenil, que se haga cargo del después de los programas de intervención, sólo las prestaciones que puedan entregar las carteras del Estado pero como regla general a cualquier ciudadano del territorio.

Argumentó que es necesario considerar la realidad que tienen estos jóvenes y al escenario que se enfrentan por lo que es fundamental que "todos los actores del Estado pongan su aporte, su responsabilidad".

Parlamentario

El diputado radical Marcos Espinosa también se refirió al déficit de oferta que afecta a los niños, especialmente a los calameños. Frente a esto precisó que "hay que reconocer que el Estado de Chile ha tenido una indiferencia respecto a cómo vamos a desarrollar políticas para crear un sistema integral de protección de los derechos de los niños, cuestión que recién estamos legislando en la comisión de familia".

Dijo que si bien es necesario reconocer el error cometido, es tiempo de enfrentar un sistema legal de protección de los derechos de la infancia y cómo el Estado vuelve a ocupar un rol en la centralidad de las políticas públicas que se diseñan de aquí en adelante, porque no se puede tercerizar el tema de los centros".

En tanto, enfatizó que si bien son políticas nacionales, también existe una realidad regional y comunal, en el que las autoridades tampoco se hicieron parte para exigir una mejor atención para los niños, recalcando que ha prevalecido una "inobservancia" de quienes cumplen labores con responsabilidad pública.

1.570 residencias privadas existen en el país para niños que han sido vulnerados, dos están en Calama. A nivel nacional hay 62 recintos que dependen del Sename, en la comuna no hay, pero existe un proyecto en carpeta.

32 niños han fallecido entre 2005 y 2016 en la región que han sido parte del Sename. En el caso de los vulnerados, tres fueron en residencias y once con su familia. Mientras que en infractores, son tres en el régimen cerrado y los demás en atención ambulatoria.

2.500 millones de pesos destinó la Presidenta Michelle Bachelet para que se invirtieron en todas las residencias para menores. Esto sería una de las primeras medidas para mejorar el sistema.