Daniela Valdés G.

Durante esta semana un grupo de apoderados perteneciente al Colegio Chuquicamata denunciaron que el establecimiento ha tenido un mal manejo sobre los constantes acosos, por parte de compañeros, que sufren los estudiantes.

Es así que una de las madres, quien pidió reserva de su nombre y el de su hija para resguardar la seguridad de la alumna de séptimo básico, declaró que desde hace dos años que la menor está siendo violentada por sus propios compañeros de curso.

"Ella ahora se encuentra con tratamiento sicológico y siquiátrico para poder superar las agresiones, las cuales van desde robos de sus útiles hasta golpes, pero lo que más me preocupa es el bullying cibernético, ya que en esas plataformas los insultos son de alto calibre e incluso ha perdido su pelito por la ansiedad que le produce ir a clases", dijo la madre.

Agregando que ante la no toma de decisiones por parte del establecimiento prefirió retirar a la menor, quien se encuentra actualmente dando exámenes libre.

"Me he entrevistado con la dirección académica, con los docentes, con los encargados de convivencia escolar y nada, sólo firmar cartas de compromisos.", declaró la madre.

Por otra parte, una segunda apoderada también comentó la situación que vive actualmente su hija, la cual ha sido aislada por completo.

"No sé que están esperando, que un niño colapse o se autoagreda por estas circunstancias, ya no damos más. Esto daña tanto a nuestras hijas como ha toda la familia", añadió la mujer.

Asimismo declararon que estos no son los únicos casos que se generan en el establecimiento.

Versión del Colegio

Por su parte la Fundación Educacional de Chuquicamata, por medio de su director ejecutivo, Osciel Maluenda, declaró que frente a cualquier denuncia de acoso escolar, aplican los procedimientos y protocolos que posee y que da cumplimiento a la Ley 20.536, que tiene relación con la Violencia Escolar.

"La Superintendencia de Educación y nuestro colegio mantiene una estrecha relación en casos de convivencia escolar, los que siempre han sido atendidas y resueltos conforme a la normativa legal vigente", explicó el director ejecutivo.

Agregando que el colegio tiene una área de Formación y Convivencia Escolar encargada de activar todos los protocolos pertinentes en cuanto reciben alguna denuncia.

"Es nuestra preocupación diaria generar y velar por un clima de respeto y sana convivencia con en toda nuestra comunidad educativa y en especial con nuestros estudiantes y que tiene coherencia con los valores vertidos en el Proyecto Educativo Institucional", dijo Maluenda.

Recomendaciones

Es en este sentido que la Superintendencia expresó que cualquier hecho que contravenga lo instruido en la normativa vigente o simplemente revista peligro a la integridad física, sicológica y moral de alguno de los miembros de la comunidad escolar, el denunciante o afectado deberá remitirse en primera instancia hacia los encargados del establecimiento donde informará los hechos.

Estos deberán atender, escuchar y tratar de solucionar el problema. Si eso no ocurriese y al no existir una respuesta y solución, se invita a dirigirse al organismo fiscalizador para formalizar la denuncia.

Es así que se solicitará los antecedentes al colegio para conocer qué medidas adoptó ante la presunta irregularidad y en caso que no existan acciones de parte del colegio, la Superintendencia iniciará las medidas respectivas que podrían acabar en una sanción.

"Sondear el piso político" fue la misión que tuvo la reunión que sostuvieron algunos ministros del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con parlamentarios del PS y la DC en el Congreso, situación que no fue bien considerada por los dirigentes en Calama.

Juan Carlos Chávez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) en El Loa, planteó que lo fundamental es acercarse a los trabajadores.

"Desconfiamos de las conversaciones con los partidos políticos, porque no nos sentimos representados, sino más bien traicionados. Hasta el momento no han llamado a la Mesa del Sector Público (MSP), la que está dispuesta al diálogo", argumentó.

Dijo que esperarían hasta el mediodía de ayer "y si no hay ninguna señal, nos mantendremos en estado de alerta, porque no me atrevo a decir si habrá paro indefinido", considerando que la movilización empezó el 26 de octubre. Hasta el cierre de esta edición no existía alguna novedad en cuanto a este escenario.

Situación

Chávez explicó que en la actualidad, prácticamente cada servicio cuenta con un gremio que representan a todos su trabajadores y son muy pocos los que aún mantienen sindicatos diferenciados entre profesionales y administrativos.

Asimismo, contó que no todos los estamentos públicos reciben la misma remuneración, aun cuando están en la escala única rentas.

Explicó que lo anterior se da porque "hay servicios en los que se gana más por el nivel de responsabilidad. Por ejemplo Servicio Impuestos Internos y la Tesorería General de la República tienen un asignación, que es por manejar dineros".

Entonces si se compara un grado 12 de este estamento con uno que se desempeñe en Educación "la remuneración es distinta, lo que se justifica por la responsabilidad, pero se discrimina por la labor que se realiza", apeló.

Otro ejemplo se da en las personas que se desempeñan en Vialidad, SAG e Indap, por nombrar algunos, "quienes incrementan su renta por la naturaleza de la función que realizan. Tienen que salir a terreno y a frontera, teniendo la opción de traspasar los límites por temas administrativos o políticos, lo que tiene un incremento en la asignación de viáticos, siendo estos más altos".

Negociación

Estas diferencias salariales hacen que precisamente el tema de la negociación sea más difícil, porque además "hay aspectos que están sujetos al cumplimiento de metas, por eso nunca se paralizan el 100%, sino que la protesta es de manera lenta, pero se cumple para no afectar el bono de gestión".

En tanto, Chávez precisó que en lo general el sueldo base que reciben los empleados públicos es más bajo que en el mundo privado y los incrementos son sólo gracias a los bonos.

"Por eso le decimos al Gobierno que tenga mejor trato con los funcionarios públicos, porque los buenos trabajadores deben emigrar al área privada. Cuando sacamos la cuenta el reajuste que implica el 3,2% que ofrecen, son alrededor de 1.500 pesos, cincuenta pesos diarios los que nos quieren dar. Es la misma nada", explicó.

fue la oferta de reajuste que hizo el gobierno en primera instancia, la que fue desechada por la Anef. 3,2%