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Dueños de terrenos de la finca San Juan preparan otra ofensiva judicial

ESCENARIO. Por décadas estos sitios han estado envueltos en complicados manejos e interpretaciones. Esto dado a la gran cantidad de particulares a los que pertenecen y a las irregularidades detectadas, según por quienes los representan, en algunas administraciones municipales.
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Luis Grandon

Para quien habita en Calama debe parecer extraño que en plena ciudad exista un lunar despoblado y sin construcción alguna, se trata de la finca San Juan.

Estos terrenos conllevan una historia de entrabamientos legales y administrativos. Juicios de por medio, fraudes y expropiaciones. Diversas complicaciones, especialmente en cuanto a la propiedad de los terrenos y la carencia de urbanización, hacen inviable iniciativas de construcción, por el momento, en el lugar.

Actualmente, los propietarios de los terrenos, organizados bajo el alero de la Agrupación Finca San Juan, entidad que los representa, han continuado con sus reclamos e investigaciones propias, con el fin de aclarar, de una vez por todas, la situación real en la que se encuentran los 480 sitios cedidos en 1967 por la Chile Exploration Company a sus trabajadores.

Frente a este complejo escenario, es el director de la agrupación, Patricio Lillo, quien manifiesta la constante preocupación por parte de los dueños de estos sitios, ante el notable abandono, según él, en el que se encuentran y la poca voluntad de parte de las autoridades por aclarar esta situación.

"Para comenzar debemos aclarar lo siguiente. La compañía, en su momento, cedió estos terrenos a sus trabajadores, pero ante la inviabilidad legal de efectuar este traspaso hubo que entregárselos al municipio y éste los otorgó a sus beneficiarios", señaló.

Al respecto, el representante de la agrupación argumenta que desde aquel entonces, hasta la fecha, se ha imposibilitado la acción de urbanizar y tomar real posesión de estos.

"Para tener noción de lo que planteamos se debe observar el mapa del loteo original, donde se presentó el proyecto del plan habitacional a través de el Decreto Fuerza de Ley Nº 2 de 1959 y que la donación del municipio a los obreros y empleados de la Chile Exploration Company, estuvo amparada en las leyes Nº 15.201 y Nº 16.220", manifestó el representante de la agrupación.

Es aquí donde comienzan las complicaciones, según Lillo, dado que en el artículo sexto de la donación, realizada por la municipalidad, y que se ampara ante la ley general de urbanismo y construcciones, prohibe la enajenación o construcción en estos terrenos sin estar previamente urbanizados, tal cual como sucede en todo el país.

"Lo anterior estuvo correcto, pero lo que sucedió después es lo preocupante. Ante la necesidad de levantar conjuntos armónicos comenzaron las discrepancias entre los dueños. Pero tras eso hubo, al menos, tres instancias en las que distintas directivas, previo acercamiento con privados, presentaron proyectos para poder construir en estos terrenos. Por distintos motivos no se pudieron concretar", esgrimió.

Es así que se llega hasta la administración del ex alcalde Edwin Rowe, que según antecedentes con los que cuenta la agrupación Finca San Juan, se aprecia la intención de zonificar los sitios y entregarles valor de acuerdo a sus ubicaciones dentro del plano de la ciudad.

Según Lillo, "en el loteo original de la población Anaconda, la Chile Exploration Company entregó este documento completamente ordenado y segmentado. En este plano se pueden apreciar las calles y áreas verdes destinadas a esta población. Esto fue adulterado y modificado en el seccional y proyección que se realizó sobre estos terrenos en la administración Rowe. Con este hecho se le quita la vocación de población al sector".

De acuerdo con este quiebre urbanístico, presentado por los afectados y que según ellos hasta las autoridades municipales actuales se sorprenden, ya no podría levantarse en el sector viviendas para habitar.

"Esta modificación en el loteo de los terrenos se destinó netamente a la utilización comercial de galpones en estos terrenos", manifestó el representante de la agrupación.

Situación actual

Frente al complejo escenario que se preveía, ante la modificación de los loteos originales, la agrupación, representada por Patricio Lillo, asume que tras las proyecciones realizadas en la administración Rowe y las obras realizadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), es este último plano el que más se asemejaría a la realidad que alguna vez tuvo como finalidad la donación de estos terrenos

"El mapa de trabajo que se usa como el más cercano a la realidad, es el que resultó tras la macrourbanización realizada por el Serviu en el sector, que bajo la apreciación de los propietarios es un buen proyecto", manifestó Lillo.

Al respecto, la directora de regional del Serviu, Isabel de la Vega, aclaró que "el servicio fue participe en diversas obras en las comunas de El Loa orientadas a mejorar la oferta vial y accesibilidad de las principales vías estructurantes, entre ellas la construcción y urbanización de finca San Juan de la ciudad de Calama, cuya pretensión fue el mejoramiento en la conectividad a nivel de vialidad intermedia, en un sector que por años fue un sitio eriazo ubicado en el centro de la ciudad, lo que permitió integrar el lugar generando mejoras en la calidad de vida de la comunidad".

Frente a esta situación, Patricio Lillo menciona que actualmente existen irregularidades en el sector, que no son atribuibles al Servicio de Vivienda y Urbanismo, sino más bien a la falta de fiscalización de parte de la autoridades municipales en el lugar. "No puede ser posible que existan dos medidores de electricidad que están siendo alimentados por energía que proviene de sectores aledaños a los terrenos urbanizados por Serviu", señaló.

Ante esta situación, la directora del organismo explicó que "las obras ejecutadas en la finca San Juan, por el organismo, fueron principalmente de pavimentación, alumbrado público, alcantarillado y agua potable. No se hicieron empalmes de electricidad", aclarando la situación en la que se encontrarían estos medidores de energía en el sector.

Junto a lo anterior, existen ciertos entredichos de parte de los dueños de los terrenos frente al proceso de expropiación realizado por el Serviu y las modificaciones de loteo efectuadas en aquella oportunidad.

Frente a esto, Isabel de la Vega expuso que ante el cuestionamiento sobre las franjas expropiadas y las modificaciones de loteo, manifestó que es importante aclarar, que "durante el proceso, existió la instancia judicial para cada uno de los expropiados, debidamente notificados, para realizar todos los reclamos sobre la plusvalía de los sitios remanentes, debiendo en su oportunidad ejercer la acción de dentro del procedimiento judicial correspondiente seguido ante el tribunal competente, lo que no ocurrió en ninguno de este proyecto".

Fraudes

Ante la situación antes mencionada, el representante de la Agrupación Finca San Juan enfatiza en lo primordial que resulta retroceder a la época en la que el ex administrador municipal, Celso Tapia, representó a los dueños y gestionó los terrenos de la finca ante el Serviu.

"Es de suma importancia aclarar que ninguno de los propietarios se opuso a la expropiación realizada por Serviu, dado que con anterioridad estos firmaron un mandato amplio a Celso Tapia y su abogado, Mauricio Olivares, quienes manejaron la información de tal manera que no hubo forma de percatarse de aquello", indicó.

Lillo agregó que "una vez que el escándalo del fraude salió a la luz pública, los afectados comenzaron a darse cuenta de lo sucedido, cuando empezaron a llegar citaciones para ir a retirar cheques por expropiación. Antes de aquello, nunca se enteraron de las expropiaciones que había realizado el servicio".

Querellas y demandas

Frente al surgimiento de nuevos antecedentes de fraudes cometidos en contra de los propietarios de los terrenos, el representante de las familias afectadas informó que "en las próximas semanas se presentaran querellas en el ámbito penal y demandas en el ámbito civil, dado que contamos con antecedentes suficientes que nos permiten llevar adelante estas acciones y plantear nuevamente las irregularidades que se esconden tras los manejos que se han realizado en los terrenos de la finca San Juan", finalizó Lillo.

Promueven inclusión laboral de personas con discapacidad

UNIMARC. Cuenta con una política de aceptación de jóvenes con dificultades motoras y esperan aumentar dotación.
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El 70.8% de las personas con necesidades especiales y que son mayores de 15 años, no realizan un trabajo remunerado, lo que equivale a más de un millón 380, según un estudio realizado por el servicio nacional de Discapacidad, sobre inclusión laboral de personas en esta situación. Además de cada 100 estudiantes que egresan de la educación especial, 80 no logran insertarse laboralmente.

Situación compleja para las familias, que generalmente no cuentan con los recursos económicos ni humanos para dar frente a esta situación.

Sin embargo algunas empresas, como Unimarc Calama, han tomado el desafío de integrar a su personal a personas con capacidades diferentes como una política interna, la cual promueve la inclusión laboral, según declaró el gerente de la tienda ubicada en calle Aconcagua, Vicente Correa.

"Nosotros no tratamos la inclusión como una situación distinta, la tratamos como algo que debe ser parte de nuestro trabajo, parte de nuestra actividad, parte de lo que debemos hacer todos los días. El que se presente una persona que tenga capacidades diferentes, para nosotros no es un factor que debiera ser considerado un tema fuera de lo normal", expresó Correa.

Además agregó que se les da una oportunidad igual que a cualquier persona "ellos deben cumplir con sus horarios, cumplen con su uniforme, con sus obligaciones, todo".

En este local se encuentran cinco personas con discapacidad, algunas de ellas son sordos mudos o con dificultad para expresarse como secuelas de derrames cerebrales, entre otros.

Testimonio

Noelia Albornoz, se levanta todos los días con entusiasmo para ir a su trabajo. Ella cumplió 22 años y desde el 2014 se desempeña en el puesto de atención al cliente en la sección de Panadería y Repostería.

"Acá tengo que ordenar los postres, que se vean bonitos para que la gente los compre. También peso el pan, que es una de las cosas que más me gusta", comentó Albornoz.

Ella sufre de hemiplejía, que es un trastorno del cuerpo en que la mitad contra lateral está paralizada, desde los seis meses de vida. Esta enfermedad es normalmente el resultado de un accidente cerebrovascular, pero también puede ser provocado por afectaciones en la espina dorsal o en los hemisferios cerebrales.

Sin embargo, esta situación no le ha impedido cumplir sus sueños.

"Siempre he ido a la Teletón, primero en Antofagasta y después acá cuando se abrió el instituto, pero ya me titulé, hace un año, así que estoy contenta, ahora solo voy a controles. También trabajo y gano mi platita", comentó la joven.

Asegura que con ese dinero ayuda a su familia y a sus dos hermanos menores.

"Me compro también algunas cositas que quiero", dijo Albornoz.

Reconoce también que el equipo de trabajo es bueno y que generalmente no tienen problemas "a veces no falta quien se burla, pero acá me dicen que no pesque", añadió.

"Ella tiene buena disposición, siempre trabajamos juntos y espero que muchas empresas se sumen a esta práctica", comentó Rogelio Leyton, panadero hace dos años.