Tras 14 días de huelga de hambre, la machi Francisca Linconao, depuso ayer la medida de presión, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco acogiera el recurso de amparo que presentó su defensa, y ordenara la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El tribunal de alzada revisó ayer el recurso que fue presentado luego de que el 22 de diciembre pasado se cambiara por cuarta vez a prisión preventiva el arresto domiciliario contra la imputada junto a otras 10 personas en el caso por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Defensa del querellante

Por dos votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, acogió el recurso que permitió que la machi se retirara del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde se encontraba.

Durante la audiencia expuso el abogado de la Intendencia de La Araucanía, Alexandro Álvarez, quien alegó en favor de la machi, indicando que su libertad no afecta el debido proceso.

"Una cosa es la pretensión de persecución punitiva, que la seguimos sosteniendo y otra cosa es la pretensión cautelar. En este caso opinamos que la libertad de la machi no afecta la prosecución del proceso", sostuvo según Soy Temuco, el abogado que en calidad de querellante se opuso a la prisión preventiva.

La salud de la machi

En el entorno de Linconao existe preocupación por su salud, que fue lo que gatilló el recurso de amparo. "Desde este momento, la machi Francisca depone la huelga de hambre", dijo la vocera de Linconao Ingrid Conejeros, luego de conocer la resolución del tribunal.

"En este momento nosotros evaluamos positivamente el fallo, pero aún así nos mantenemos alerta y no podemos celebrar derechamente porque la machi está en unas condiciones de salud bastante complejas", añadió.

Por su parte, la defensora penal Manuela Arroyo, sostuvo que la resolución es "una señal importante".

Un día después de que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, y tras el comité político, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, informó que el Ejecutivo entregó a los timoneles una lista con los 65 proyectos prioritarios para los últimos meses de esta administración.

La vocera de La Moneda destacó que en la reunión del comité político del bloque oficialista, hubo un amplio acuerdo en torno a las iniciativas que fueron escogidas para el último año de Gobierno de la Presidenta Bachelet, aunque enfatizó que la selección comenzó con 154 proyectos, por lo que el proceso podría no estar finalizado y otras iniciativas podrían ser sumadas a la lista.

"Hemos presentado a los partidos de la Nueva Mayoría un grupo de proyectos en torno a 65 proyectos de ley que constituyen esta agenda legislativa y que reúnen este trabajo que se hizo desde los partidos y desde el Gobierno", explicó la ministra Narváez.

"Hoy día se hizo una puesta en común de esa priorización. Queremos destacar que hubo un acuerdo bastante amplio en esta agenda de trabajo, porque reúne las inquietudes de los partidos como del Ejecutivo", agregó.

Asimismo, la secretaria de Estado reveló que "los presidentes de los partidos reaccionaron a este trabajo de manera muy positiva, reforzando algunas áreas y también pidiendo revisar la incorporación de algunos proyectos".

"No es un trabajo que esté completamente acabado el día de hoy, porque como ellos han reaccionado y reforzado algunas áreas, el Ejecutivo se ha comprometido hoy a poder incorporar y revisar esas observaciones", agregó en ese sentido.

áreas de iniciativas

Respecto a las materias específicas sobre las que tratan los proyectos que fueron seleccionados para este año legislativo, la vocera de La Moneda enfatizó que entre ellos hay "una agenda de educación muy importante, una agenda en materia de descentralización, en materia de crecimiento económico y empleo, hay también una agenda en materia de seguridad ciudadana, entre otros temas".

El anuncio del Gobierno se produjo luego de que los presidentes de los partidos manifestaran tras reunirse con Bachelet en La Moneda la noche del miércoles, que existe un acuerdo respecto a que haya unidad en los próximos meses, con los cónclaves de las colectividades por delante.

Carolina Collins

Con una defensa a la eliminación de los fondos para el Aporte Fiscal Directo (AFI) en la Ley de Presupuesto 2017, reaccionó el Gobierno a la demanda contra el Estado que anunció la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La institución, acusa al Estado de Chile de incumplir la ley con la eliminación del AFI, que entregaba recursos anuales a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que captaban a los mejores 27.500 puntajes de la PSU.

La acción judicial fue anunciada ayer por el rector de la UC, Ignacio Sánchez, quien detalló a El Mercurio que expertos de la Facultad de Derecho de la universidad analizaron la demanda por tres semanas, tras lo cual decidieron presentarla ante los tribunales civiles.

Según estimaron en el plantel, la medida le causaría un perjuicio patrimonial de $1.700 millones.

Defensa del Gobierno

Ante esto, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, reaccionó afirmando que "evidentemente cualquier chileno o chilena, persona o institución, tiene derecho a recurrir a los tribunales como estimen conveniente".

Pese a esto, mostró una postura crítica al sostener que "judicializar temas presupuestarios es de la máxima gravedad para un país".

Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, defendió la decisión de eliminar el AFI, que dijo que "es un mecanismo que ya ha demostrado tener algunas falencias para la construcción de mayor equidad en el acceso a la educación superior".

Asimismo aseguró que "el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de alternativas que está comunicando a las distintas instituciones de educación superior".

UC justifica su decisión

El rector Sánchez ratificó ayer la decisión, y señaló a Emol que "lo más importante es destacar que se está incumpliendo la legislación vigente, el Estado de Chile es quien debe asegurar el cumplimiento de la ley".

La autoridad universitaria le respondió al ministro Valdés: "Yo creo que la máxima gravedad es saltarse una línea en la glosa presupuestaria. La presentación del presupuesto 2017 se salta la línea del AFI. Esa es la máxima gravedad (...) y no presentar un Presupuesto como corresponde por ley".