Entre 2013 y 2017, fueron 1.441 los trabajadores que se acogieron al egreso especial de Codelco. De ellos, 577 lo hicieron por alguna enfermedad profesional o crónica.

La estadística es inequívoca. La mayor cantidad de trabajadores que se retiró en este periodo lo hizo por padecer enfermedades asociadas a su trabajo.

Ayer, el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama informó que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional y ordenó a Codelco pagar 72 millones de pesos a Guillermo Arnoldo Milla Rojas, quien por más de 37 años trabajó en la empresa.

El trabajador, que durante 1973 y 2010 prestó servicios a la empresa, lo hizo primero en la División El Salvador, por un periodo de 16 años, para luego trasladarse a Chuquicamata, donde laboró otros 21 años.

La demanda exigida por Milla era de 100 millones de pesos, atribuyendo daño moral. Según lo expuesto por el afectado, esta enfermedad le trajo problemas físicos y familiares, siendo responsable de éstas Codelco, por la falta de implementación de sistemas de resguardo de salud al interior de la faena a la que fue expuesto por casi cuatro décadas.

En su trabajo, alude, estuvo en contacto con agentes nocivos causantes de la silicosis que padece, enfermedad que ha derivado en el 80% de incapacidad.

El fallo (causa rol 305-2016), dictado por la magistrada Marcela Solar Catalán, dio por establecido la responsabilidad de la empresa por el deterioro de su salud, quien mientras "se desempeñó para la demandada, estuvo expuesto al agente contaminante polvo (sílice libre cristalizada), y que es el causante de la silicosis pulmonar que lo afecta".

Condena

Las conclusiones desarrolladas por el tribunal dan cuenta de falencias en seguridad y que el trabajador contrajo la enfermedad con posterioridad a su trabajo en Codelco.

"Cabe colegir", agrega el fallo, "que a la época de ingresar a prestar servicios, a la edad de 22 años, se encontraba sano, o al menos, sin antecedentes de enfermedad pulmonar como aquella calificada como profesional por el órgano competente".

La resolución además agrega que: "...Encontrándose demostrado que la demanda no cumplió con los requerimientos mínimos que, en materia de seguridad, le impone la legislación laboral, sólo resta concluir que, si el empleador hubiere tomado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y seguridad de sus empleados, poniendo en conocimiento de sus dependientes los riesgos a que se verían expuestos al realizar la totalidad de las acciones necesarias para el desempeño de sus labores, y entregado la debida capacitación a este respecto, la enfermedad no se hubiera producido o sus consecuencias hubieren sido menos perniciosas".

En este mismo tenor el documento explica que luego de 15 años de trabajo se declaró la existencia de la enfermedad profesional silicosis, asignándole un porcentaje de incapacidad de 25%, mismo que fue aumentando con el transcurso de los años, coincidente con la prestación de servicios.

Por tanto, la empresa conocía el daño producido al trabajador y al ser así desarrolla actuar negligente.

Por otro lado y como parte de la demanda, el trabajador minero explica que durante estos años ha sufrido de intensas bajas de "ánimo", ya que prefiere estar en su pieza acostado, pensando en su enfermedad, más que compartir con su familia o incluso su esposa.

"Debido a su enfermedad debe consumir oxígeno las 24 horas del día, lo que también le ocasiona aislamiento social, ya que se encierra en su dormitorio afectando la dinámica familiar", asegura el documento.

Todo esto hace que se "proceda a condenar a la demandada a resarcir los perjuicios efectivamente probados", concluye el fallo.

años trabajó Guillermo Milla en Codelco. Los últimos 20 años los desarrolló en la División Chuquicamata, antes desempeñó funciones en El Salvador. 37

enfermos profesionales y crónicos se acogieron a egresos especiales de Codelco entre el 2013 y 2016. 577

millones de pesos fue el monto total de la demanda exigida por el trabajador minero por el daño moral causado. 100

Un endurecimiento de las sanciones a los extranjeros que comentan delitos, sin necesidad de que permanezcan en el país hasta que haya una sentencia condenatoria, pudiendo incluso ser expulsados previo al dictamen, son parte de los alcances que incluiría el proyecto de Ley de Migración que presentará el Ejecutivo la próxima semana al Congreso.

El senador (Indep.), Pedro Araya, expresó que con ello lo que buscan es "simplificar el proceso sancionatorio para los que están ilegales".

"Muchas veces las personas que cometían un delito menor, y estaban con una orden de expulsión del país, no se podían expulsar, pues como se encontraban en un proceso de investigación, estaban con arraigo nacional, y no podían salir de Chile", manifestó Araya.

Asimismo, la iniciativa legal establecerá nuevas normas de ingreso al país, exigiéndose visas de larga y corta duración, que deberán ser tramitadas en los países de origen.

Esta medida fue valorada por el senador Araya, quien expresó que con el establecimiento de esta exigencia "mejorará el control de entrada".

"De esta forma, se asegura que la persona entre de manera regular a Chile, y no lo que pasa hoy que muchos entran como turistas, vienen a buscar trabajo, y después tienen que hacer todo el papeleo acá", declaró.

Proyecto

Según informó el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el proyecto considerará, entre otros aspectos, derechos y deberes de los migrantes, reglas de ingreso y egreso al país, además de un sistema administrativo sancionatorio.

El legislador Pedro Araya, quien tuvo acceso al preproyecto, calificó la iniciativa legal "como un gran avance respecto a lo que tenemos en la actualidad".

"Es bastante mejor a lo que hay, porque en el fondo lo que existe hoy es una ley que controla la entrada y salida al país con funcionarios de la Policía de Investigaciones y la Gobernación, pero que no tiene estructura para hacerse cargo del problema migratorio", declaró el parlamentario.

La iniciativa también consideraría la creación de un Servicio Nacional de Migración.

Este último es uno de los aspectos en los que no está de acuerdo el senador Araya, quien plantea la creación de una Subsecretaría de Migraciones con alcance nacional.

Asimismo, la confirmación del envío del proyecto de ley de migración fue bien recibida por la diputada radical, Marcela Hernando.