De buena forma se está desarrollando por estos días el proceso de matrícula en los distintos centros de educación superior de la comuna. Es que mientras muchos disfrutan de las vacaciones y el merecido descanso, otros están buscando la mejor alternativa para seguir una carrera técnica o universitaria en la provincia.

Con la entrada en vigencia del proceso de gratuidad de la educación, se ayudó a una gran cantidad de alumnos, quienes a fines del año pasado reunieron su documentación y postularon al beneficio.

De los seleccionados, una buena cantidad ya se matriculó en uno de los dos centros de educación superior adscritos en la zona.

El año pasado el pionero fue la Universidad Arturo Prat (Unap), que según cifras entregadas por su encargada de admisión, Ruth Molina, el 2016 tuvo un 20% de alumnos matriculados con gratuidad.

"Este año estamos en proceso, pero creemos que podemos llegar al 30% de alumnos con gratuidad", destacó la profesional.

Inacap

El año pasado el gobierno sólo destinó 28 entidades para que ofrecieran gratuidad. Este año aumentó a 30 e incluyó a algunos institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT).

Uno de los seleccionados fue Inacap Calama. Según Pedro Galarce, director académico, el número de matriculados con gratuidad, hasta hoy, es de 128 alumnos. "Tenemos cupos, pero estamos a la espera del nuevo proceso de postulación a la gratuidad para los alumnos, que se abre el 16 de febrero", agregó.

Según el directivo aún existen vacantes para quienes deseen postular a las carreras que dictan como IP y CFT.

Dos años lleva durmiendo en la Contraloría General de la República, el sumario administrativo que debe determinar si hubo responsabilidad de las autoridades, en el proceso de construcción del nuevo Hospital de Calama.

La investigación, ordenada luego del trabajo de la Comisión Investigadora de Inversión Hospitalaria de la Cámara Baja, y luego de un sumario interno del Servicio de Salud de Antofagasta (SSA), se relaciona a la evidencia de pagos de servicios no efectuados y al desembolso de dineros asociados a una cuenta destinada a otros fines.

Con el objetivo de conocer y acelerar la entrega del resultado de este sumario, la diputada Marcela Hernando envió un oficio parlamentario dirigido a la Contraloría mostrando su preocupación por la tardanza del informe.

"No me parece bien que la Contraloría se demore tanto en terminar un sumario que ya se supone estaba avanzado por el Servicio de Salud", declaró la parlamentaria.

Entre los informes revelados por el abogado del SSA, Marcos Bastías, se definía un patrón de irregularidades que tiene su origen en el 2012, en la subsecretaría de Redes Asistenciales del ministerio de Salud.

"Cuando se terminó el contrato con la empresa Comsa-Pilasi (2013), que dejó el Hospital de Calama abandonado por más de dos años, ese término de contrato y también la fiscalización hecha por la Contraloría, identificó pagos en exceso por partidas que no se habían ejecutado y que, además, significaron que el Servicio de Salud recurriera a recursos que no correspondían a esas partidas y utilizó -por lo tanto- dineros destinados a otras áreas", destacó Hernando.

Costos y Plazos

En diciembre de 2015, se retomaron las obras para terminar el nuevo hospital. Sin embargo, la extensa paralización, de dos años, significó efectos tanto en los plazos programados como en la inversión de la obra. La construcción, que en un principio se proyectó a un costo de $31 mil millones demandó durante el periodo 2015-2016 pagos de $36 mil millones bordeando avances del 70%. Según lo calculado por el SSA, construir el 30% restante del edificio demandará otros $40 mil millones, por lo que la obra costará más del doble de lo programado.

La fecha de término de los trabajos estaba fijada inicialmente para 2013 y, con la nueva licitación, se espera que concluya a mediados del 2017, es decir, 4 años más tarde.

El retraso, además, obligó a adoptar medidas de alto costo para paliar el déficit de infraestructura: el arriendo de una clínica a $80 millones mensuales para responder a la demanda de la comunidad.

Caso

El recinto empezó a construirse en 2010 con fecha de término para el 2012. A mediados del 2013, y luego de que la empresa encargada de la construcción abandonara sus labores, el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) intentó poner término anticipado al contrato con la firma; tras detectar irregularidades entre los avances de la obra y los pagos efectuados por el SSA, lo que fue denunciado a la fiscalía. Posteriormente, los incumplimientos y atrasos fueron evidenciados también por la Contraloría Regional.

Conocer los proyectos que tiene la comuna para el año 2017, la metodología de trabajo y la colaboración entre instituciones, fue el objetivo de la reunión que sostuvo la directora del Serviu Región de Antofagasta, Isabel de la Vega y el Alcalde de San Pedro de Atacama, Aliro Catur.

En el encuentro se dio a conocer la propuesta que existe para la comuna de San Pedro de Atacama en construcción de viviendas, enfocándose principalmente al programa de Habitabilidad Rural, el que recibió todo el apoyo por parte de la municipalidad, quienes continuarán como entidad patrocinante.

"Es el primer proyecto de Habitabilidad Rural en la región, por ende debe ser un ejemplo para el resto de las comunidades, e incentivar para que sigan postulando a este programa. Este programa reconoce los sistemas constructivos de la zona, las formas de vida, las formas de habitar, reconoce el tema del patrimonio y permite además a las familias desarrollar su sistema productivo, para que no emigren a la ciudad", detalló de la Vega, tras el encuentro.

Considerando que San Pedro de Atacama es una de las comunas más rurales de la región, el alcalde Aliro Catur, agradeció la disponibilidad del Serviu en seguir trabajando en conjunto, todo para buscar lo mejor para las familias del altiplano.

"Estoy muy contento con la visita de la directora del Serviu y su equipo, porque vamos a continuar trabajando con este proyecto para Socaire. Además contento porque las casas que se van a hacer, serán con material de la zona y como las personas lo elijan y lo importante es que el Gobierno a través del Serviu le da la opción a ellos para elegir como serán sus casas", sentenció Catur.

Con este encuentro se mantiene la política de seguir trabajando en conjunto entre entidades gubernamentales, que en este caso en particular beneficiará a 22 familias de la localidad de Socaire