56% de las denuncias por presunta desgracia corresponden a menores
SEP. El año pasado Carabineros recibió el 90% de las solicitudes de búsqueda por parte de familiares.
Al inicio de cada año distintas instituciones, organismos y también las policías realizan análisis de sus resultados. Instancia donde se entregan datos de distintos procedimientos efectuados durante el año y sus conclusiones.
La Sección de Encargo de Personas (SEP) de Carabineros hizo su correspondiente balance, cifrando en 334 las denuncias por presunta desgracia durante el año pasado. De estas el 90 por ciento fueron hechas en dependencias de la policía uniformada.
Datos
La información entregada por Eduardo Mendoza, teniente a cargo de la SEP de Carabineros, da cuenta que "de esas 334 personas el 15% son mujeres adultas. En tanto el 28% se trata de hombres que superan los 18 años", precisó el oficial, quien además aclaró que la búsqueda y el trabajo de pesquisas se realiza en conjunto con la Fiscalía de Calama.
Dentro de estas cifras un dato revelador muestra que el 56,28% de las denuncias por presunta desgracia guarda relación con la 'desaparición' de menores de edad, elemento que aporta a la investigación.
Perfil
De acuerdo a la experiencia del teniente Mendoza. "El perfil de jóvenes que desaparece o más bien se va de casa, tiene una estricta relación con la falta de comunicación entre padres e hijos. Además, se presentan casos de familias que tienen problemas y por otra parte de menores que huyen de hogares y casas de acogida, quienes las evaden y por ende activan las denuncias por presunta desgracias", explicó el oficial de Carabineros.
Con mayor o menor complejidad la Fiscalía y la SEP actúan en conjunto por dar con el paradero de quienes desaparecen en distintas circunstancias en la ciudad y sus alrededores, enfrentando verdaderos enigmas. Como ejemplo, los casos de Freddy Barrera y Manuel Carvajal, los cuales se encuentran en plena investigación.
Actualidad
En total son seis los casos que en este 2017 se encuentran vigentes y que son indagados por la SEP junto a la Fiscalía, de los cuales tres corresponden a ciudadanos extranjeros de quienes se presume habrían abandonado el país, dificultando el trabajo de las autoridades por establecer su paradero. Esto implica que no se pueden levantar las presuntas desgracias hasta que no sean ubicados.