Integrantes de la comunidad de Taira, localidad ubicada a unos 90 kilómetros de Calama, realizaron el fin de semana una protesta en el sitio donde se está instalando la línea de transmisión eléctrica correspondiente al proyecto Cerro Pabellón de la Empresa Nacional de petróleo (Enap) y Enel Green Power, por incumplimientos de compromisos.

"Estamos muy consternados y tristes al ver que hoy en día se pasan a llevar las comunidades indígenas por empresas que no respetan el medio ambiente, mucho menos el patrimonio que es de todos los chilenos", declaró Sandra Yáñez, presidenta de la comunidad.

Agregó que los daños patrimoniales y ambientales son de gran envergadura. "Nosotros nos contactamos con un profesional en la materia, el doctor Luis Felipe Bate que es uno de los arqueólogos más prestigiosos de América Latina y quien comprobó la destrucción del lugar", comentó.

Situación que también fue descrita por el director del Colegio de Antropólogos de Chile, Ulises Cárdenas, quien agregó que las afectaciones fueron realizadas en una explanada aledaña al cañón del río Loa "el sitio arqueológico tiene 5 kilómetros, es una gran cantera taller lítica, con una antigüedad de 3 mil a 4 mil años".

De igual forma el profesional añadió que "para nosotros como Colegio es preocupante la situación, porque acá las grandes empresas tienden a hacer lo que quieren. Lo más delicado es que esto está relacionado a una comunidad indígena y todos estos daños harán que desaparezca".

Respecto a los incumplimientos, el asesor jurídico de las familias de Taira, Rodrigo Ríos, explicó que se efectuaron diversos diálogos y acuerdos con la empresa, uno de ellos era que cuando intervinieran el sitio debían estar acompañados de algún integrante de la comunidad para resguardar el patrimonio "lo cual no ocurrió", dijo Ríos.

Agregando que ellos confiaron en la empresa y en el Estado "pero ellos no cumplieron nada. Nosotros no queremos compensaciones monetarias ni de otra índole, esto es un tema moral, así que presentaremos una querella por daños ambientales contra quienes sean responsables, además de solicitar al revocación ambiental del proyecto".

En tanto la protesta finalizó por la intervención de fuerza policial, mientras que los trabajos fueron concluidos, ya que la empresa aludida contaba con todos los permisos correspondientes.

Autorizaciones

En tanto, el gerente general de Geotérmica del Norte S.A (Gdn), Guido Cappetti, informó que el proyecto cuenta con todas las autorizaciones y permisos para su construcción y operación, incluidas las respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental, tanto para la construcción de la planta como también de la línea de transmisión. "Asimismo Gdn, mediante un proceso de diálogo, acordó convenios de cooperación y beneficios con las seis comunidades aledañas que son además de Taira, Ollagüe, Cupo, Estación San Pedro, Conchi Viejo y Toconce".

Referido a los daños arqueológicos, Cappetti comentó que "como GDN hemos informado a la autoridad la ocurrencia de todo hallazgo y eventual impacto no previstos en el marco de la construcción de la línea de transmisión eléctrica".

Agregando que "todos ellos -que en su mayoría corresponden a elementos patrimoniales- fueron catastrados en conjunto con los monitores patrimoniales comunitarios que trabajan para el proyecto. Estamos a la espera del análisis y definiciones de la autoridad en torno a estos temas y, como siempre, con la disposición a prestar toda la colaboración que los organismos fiscalizadores estimen necesaria".

Por último expresó que "nuestra disposición al diálogo ha sido una constante durante toda la ejecución del proyecto, y esperamos que continúe, siempre en un marco de respeto entre las partes y a la institucionalidad vigente".

La Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de El Loa, esta semana, de acuerdo a los pronósticos realizados por la Dirección Meteorológica de Chile.

Es así que se prevén para hoy precipitaciones de intensidad normal a moderada en la cordillera norte de la región, lo que supone un aumento del riesgo asociado.

Es por ello que el encargado de la oficina de Protección Civil de Calama, Patricio Sandoval, recordó las precauciones que se deben adoptar en los hogares ante estos eventos climáticos. "Se deben mantener despejados los techos de las casas, para así evitar posibles inundaciones, además de prevenir problemas eléctricos en las viviendas".

Esta alerta estará vigente hasta que las condiciones lo ameriten, también constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza.

Constanza Caldera Pfeiffer

Postergado hasta marzo quedó el envío al Congreso del proyecto de la Ley de Migración. Pese a que el Gobierno había comprometido su ingreso para más tardar el 31 de enero, el plazo no se cumplió.

Según aseguró ayer el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, el retraso se debió a la emergencia generada por los incendios forestales en la zona centro-sur del país.

Asimismo, anunció que la iniciativa será ingresada "a más tardar en marzo".

"Lamentablemente tuvimos un incendio muy importante a partir del 19 de enero, entonces, hemos estado abocados a la emergencia", sostuvo Aleuy ante las críticas realizadas por agrupaciones de inmigrantes, quienes lamentaron el nuevo retraso en el envío del texto al Parlamento.

El nuevo plazo fijado por el Ejecutivo para el envío del proyecto de ley es el próximo mes. "Se va a ingresar, esperamos, a más tardar en marzo", agregó el subsecretario.

Decreto

Este atraso en la presentación de la iniciativa legal - que busca reemplazar el Decreto Ley de Migración de 1975- se suma a por lo menos otras cuatro postergaciones en los últimos dos años.

Según publicó 'El Mercurio', hubo un "texto final" de este proyecto, que fue enviado a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en febrero de 2016, pero sigue en etapa de modificaciones.

Asimismo, el medio informó que el anteproyecto no consideraría la creación de un servicio nacional de migraciones, traspasándose las funciones que tendría esta institucionalidad a la Subsecretaría del Interior.

El alto costo que significaría convertir el actual Departamento de Extranjería y Migración en una nueva entidad con alcance en todo el país, cuyo gasto preliminar se estima en $ 4 mil millones, sería uno de los motivos de su eliminación.

Esto último, fue totalmente desmentido por el subsecretario del Interior.

"Como hemos dicho otras veces, lo importante ante el fenómeno de la inmigración es que el conjunto de la institucionalidad del Estado atienda las necesidades de los inmigrantes", señaló.

La autoridad enfatizó, en ese sentido, que en el país "no existe ninguna institución que tenga la virtuosidad suficiente para hacerla por sí sola".

Además, insistió en que "no es relevante el número de personas ni el tipo de organización. Lo relevante es que el Estado asuma los derechos y los deberes de los inmigrantes de manera adecuada".

Respecto a este punto, el senador independiente, Pedro Araya, junto con lamentar el nuevo retraso en el envío del proyecto de ley, destacó la importancia que tendría contar con un organismo descentralizado dedicado exclusivamente a aspectos migratorios.

"De ser efectivo lo que publican los medios de comunicación, me parece que es bastante complejo porque no se está a mi juicio abordando como se debiera el tema migratorio, con un servicio especializado dedicado a ello", dijo.

Asimismo, Araya agregó que "siempre en las conversaciones que mantuve con distintos actores de gobierno expresé la necesidad de que se contara con un organismo que tuviera personal y presupuesto para abordar los distintos temas migratorios".