El intendente Arturo Molina (DC) habló ayer por primera vez sobre el conflicto laboral en Minera Escondida y llamó a las partes a actuar con cordura para resolver la huelga que ya cumple 17 días.

"Nosotros no podemos intervenir en temas privados, pero lo que sí podemos hacer es facilitar todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para ayudar a solucionar el problema", declaró Molina.

En este sentido, el jefe regional manifestó que como gobierno han puesto a disposición de ambas partes las instituciones correspondientes a través de la Dirección del Trabajo.

La paralización es observada con detención desde distintos puntos del mundo, dada las consecuencias económicas que provocaría.

Esto último podría afectar fuertemente el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero.

Respecto al conflicto, Molina expresó que "no hay que dramatizar mucho el tema de la negociación colectiva porque es un acto legal que se está haciendo y he visto que ambas partes han puesto en la mesa voluntades y el tratamiento es así".

Una de las grandes incógnitas es el tiempo que pueda prolongarse la movilización, más aún cuando las negociaciones entre Minera Escondida y el Sindicato N°1 de Trabajadores están en un punto muerto.

Fondo

Los dirigentes sindicales han expresado que "el conflicto podría extenderse por más de dos meses si continúa el estancamiento en las negociaciones salariales gracias, en parte, a un acuerdo con la cooperativa de crédito Lautaro Rosas".

Según informa Bloomberg, el sindicato cuenta con un fondo de contingencia de aproximadamente US$1 millón para cubrir los costos de la huelga.

Según lo informado por el sindicato por cada día que la faena está inactiva la compañía deja de percibir como ingresos cerca de US$20 millones, por lo que si es calculado en los 17 días que ya suma el conflicto, provocaría pérdidas por cerca de los US$340 millones.

Respecto a estos perjuicios, el vicepresidente de Asuntos Corporativos Minera Escondida, Patricio Vilaplana, declaró ayer a Radio Cooperativa que la empresa tiene "conciencia del impacto" que puede tener la huelga.

Asimismo, enfatizó que como compañía están "disponibles a seguir negociando".

"La disposición está. El piso no puede ser igual al contrato anterior. La empresa no es la misma de hace cuatro años y la situación del país tampoco. Tenemos que hacer adecuaciones al convenio", manifestó Vilaplana.

En tanto, desde el Sindicato N° 1, su vocero Carlos Allendes se refirió a la negativa de la empresa al pago de la gratificación legal del 2016, anunciando que "tomarán las acciones legales correspondientes".

A fines del año pasado surgió un conflicto entre la directiva sindical de la división Radomiro Tomic (RT), y sus trabajadores, debido a que según sus asociados los dirigentes tramaron "un engaño", al contarle a sus bases que firmarían un solo acuerdo con la administración referente únicamente a la renovación de jornadas extraordinarias.

Sin embargo, según los trabajadores, "esto no ocurrió, ya que, junto con el acuerdo mencionado, fue firmado de forma clandestina, sin previa consulta a los trabajadores, otro acuerdo referido a las prácticas de trabajo de los asociados. Esta farsa fue mantenida por los dirigentes por varios meses, en los cuales ellos entregaron información tergiversada o falsa a los socios(as), hasta que estos últimos lo descubrieron", señala el comunicado.

Entorpecimiento

Para los trabajadores del sindicato, lo grave de esta situación es que "los argumentos de los dirigentes sindicales que justificaron este comportamiento antiético, nunca llegaron. Por el contrario, los dirigentes con sus actitudes se transformaron en un entorpecimiento para la actividad sindical, con sus descalificaciones y provocaciones, lo que consideramos una práctica antisindical, por el autoritarismo de éstos que solo enlodaron la imagen del sindicato. Lo cual constituye el daño más grave que se hace, tanto para los trabajadores de RT como para Codelco", agrega el escrito de los trabajadores.

Es por eso que, según señalan los socios, con la finalidad de recuperar la organización y la legitimidad frente a la representación que debe tener un dirigente ante la administración, como la confianza que se debe tener en éstos, toda vez que defienden las demandas de sus asociados y deben actuar con honestidad y transparencia con ellos, se decidió llamar a una asamblea extraordinaria de censura, la cual, como señala la legislación laboral, fue convocada por más del 50% de las bases del sindicato.

En esta asamblea se decidió por mayoría absoluta, someter a votación la censura al directorio del Sindicato, proceso que se realizó los días 21, 22 y 23 de febrero.

Los resultados obtenidos en las votaciones, dieron como consecuencia que del universo de los 873 socios que componen el sindicato, el 54% del total aprobó la censura de los -hasta ahora- (ex)dirigentes, por lo cual, apelando al artículo n° 244 del Código del Trabajo, que exige un quórum de aprobación de mayoría absoluta en estos procesos, el directorio del sindicato fue censurado.

Los trabajadores aspiran a que en los próximos días se lleve a cabo el proceso de elección de una nueva directiva del Sindicato de Trabajadores de Radomiro Tomic.

Contraparte

Sin embargo, existe una demanda interpuesta por los miembros del mencionado sindicato desde enero pasado, lo que podría retrasar e incluso impedir ese proceso.

"Tenemos audiencia el 27 de febrero (mañana). Al respecto, estoy optimista, pero es la justicia la que va a determinar. Hay dos estatutos, uno que rige a los trabajadores y otro que nos rige a nosotros (dirigentes). Según ellos, la censura se ajusta a reglamento y según nosotros, no. En nuestro estatuto se habla de 2/3 y en el de ellos del 50 más uno. Será la justicia la que deberá determinar cuál estatuto es el que está vigente", manifestó el presidente del Sindicato de Trabajadores de RT, Luis Gálvez.

Respecto del problema que habría sido generado por la falta de comunicación entre el sindicalismo de RT y los trabajadores en cuanto a que no se les habría informado a estos últimos ciertas modificaciones en las prácticas de trabajo, Gálvez mencionó que "en un comienzo el tema de las buenas prácticas era prioridad para la empresa, después se dejaron un poco de lado y ahora nuevamente se quisieron incorporar. Esas buenas prácticas debieron mantenerse siempre, pero los trabajadores no siempre las cumplían. Eso no es culpa de nosotros. La empresa está solicitando hacer la pega como corresponde, nada más", cerró.