Por 64 votos a favor, nueve en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó ayer la creación de una comisión investigadora para indagar presuntas irregularidades en aportes de la empresa brasileña OAS a campañas de políticos chilenos.

La instancia fue impulsada por las bancadas de diputados de Chile Vamos y apuntará a los vínculos de la empresa, por ejemplo, con la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet y del abanderado del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami.

La vicepresidenta y diputada de RN, Paulina Núñez, comentó que los ejecutivos de las empresas involucradas en estos casos "ya han dicho, en sus posibles delaciones compensadas que han ofrecido al Ministerio Público de Brasil, que Chile está involucrado en estos temas. Por eso hemos aprobado una comisión que va a investigar a los órganos públicos de nuestro país".

Luego que se revelara el millonario fraude que habrían cometido oficiales de Carabineros con fondos fiscales, el ministro del Interior, Mario Fernández, hizo un llamado a "seguir respetando" a la institución policial.

"El Gobierno confía plenamente en el general (director, Bruno) Villalobos para que lleve a cabo la investigación y quiero reiterar que, independientemente de estos hechos delictivos, el país debiera seguir respetando a Carabineros de Chile", manifestó el jefe de gabinete desde La Moneda.

El secretario de Estado detalló que Villalobos le informó la semana pasada sobre la investigación que está llevando adelante la Fiscalía de Punta Arenas contra un general y ocho oficiales, quienes fueron llamados a retiro tras conocerse estos antecedentes, según informó el mismo general director el lunes pasado.

El Ejecutivo "estaba enterado de esto oportunamente", remarcó Fernández, junto con señalar que respalda "completamente" las decisiones adoptadas por Villalobos.

"Carabineros es una institución respetable y respetada, y su mando ha actuado de manera rápida, abierta y ajustada plenamente a derecho (...) Por lo tanto, el Gobierno respalda plenamente el accionar del mando de Carabineros de Chile", sostuvo el titular de Interior.

Si bien el ministro aseveró que se trata de "una situación grave", subrayó que "sus dimensiones no han sido cuantificadas y se está en medio de una investigación interna de Carabineros que está siendo llevada a cabo prolijamente y, por lo tanto, no es posible determinar cuál es el daño causado".

Quien sí entregó mayores luces sobre el alcance del desfalco fue el general director de la institución, quien reconoció que el fraude podría alcanzar los $ 8 mil millones.

"Se ha dicho que son 100 millones, 300 millones, 6 mil millones, 20 mil millones, que hay 60 involucrados... lo real es que en este minuto son nueve (carabineros involucrados), que hay aproximadamente 4 mil, 5 mil, 6 mil millones y podríamos llegar a los 8 mil millones", aseguró Villalobos en una videoconferencia que se prolongó por 25 minutos y que tuvo como fin explicar la situación.

"La responsabilidad de mando en este minuto se está asumiendo, lo que no nos quita de una responsabilidad penal mañana o pasado", admitió.

Mabel González

El presidente de isapre Masvida, Claudio Santander, declaró ayer en calidad de imputado por la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Metropolitana Oriente sobre presunta falsificación u ocultamiento de información desde la compañía a la Superintendencia de Salud.

En el interrogatorio, que forma parte de las primeras diligencias del Ministerio Público tras revelarse la compleja situación que atraviesa la aseguradora de salud, el ejecutivo renunció a su derecho a guardar silencio y debió referirse a las presuntas irregularidades en la elaboración de los estados financieros y contables de la isapre.

La declaración de Santander, que tuvo lugar en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, se prolongó por cinco horas y en ella estuvieron presentes los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, según recogió Emol.

"Estamos desarrollando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos (y continuaremos) realizando los interrogatorios pertinentes" para poder establecer presuntas responsabilidades, sostuvo Norambuena.

La atestiguación de Sanhueza se produjo al día siguiente que la Superintendencia de Salud designara a Robert Rivas como administrador provisional de Masvida debido a la compleja situación económica por la que pasa la empresa.

De esta forma, Rivas tomó el control total de la firma y tendrá un plazo de 120 días para solucionar sus problemas financieros, aunque el plazo se puede ampliar por cuatro meses más. Si se subsana la crisis, la aseguradora puede evitar la quiebra. En caso contrario, se cancela el registro de la isapre, quedando a cargo del interventor, quien podrá licitar la cartera de afiliados.

El administrador viajó ayer a Concepción para sostener su primera reunión con la gerencia en la casa matriz de la compañía de salud.

Tras el encuentro, el administrador explicó que "de acuerdo a la resolución y de acuerdo a la ley, yo tengo el papel de gerente general y del directorio". Por lo tanto, agregó, "el directorio actual queda suspendido de sus funciones y yo asumo".

El ex interventor de la Caja de Compensación La Araucana aseguró, además, que "hay muchas cosas que hacer en esta isapre, entre ellas aclarar los estados financieros". "Pero no puedo decir puntualmente cómo va a seguir, ya que estoy recién entrando en ella", agregó el funcionario, a minutos de haber ingresado a las oficinas, según consignó La Segunda.