"La comisión de evaluación calificó y aprobó la continuidad operacional, que implica que el relleno sanitario puede funcionar por otros 16 años. Este es sin duda uno de los temas que afligía a la comunidad de Calama, principalmente por el depósito de los residuos", comentó el secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Felipe Lerzundi.

Actualmente el municipio acopia los residuos en el vertedero que fue aprobado con resolución sanitaria del 2004. Este recinto ya no tiene espacio y es por ello que la municipalidad necesitaba imperiosamente aumentar su capacidad y tiempo de utilización.

El vertedero se encuentra ubicado en la cuesta Montezuma, en el sector que une Calama con San Pedro de Atacama. Actualmente utiliza un sector de 17 hectáreas. El nuevo proyecto contempla 12 hectáreas más, con esto se utilizará el total de la superficie, que fue entregada en 1998 por el ministerio de Bienes Nacionales y que comprende 29,2 hectáreas de terreno.

"No hubo cambios con respecto a la empresa que opera el relleno y que responde a la Municipalidad de Calama. Es un proyecto que permite mayores condiciones de almacenamiento y control de los residuos. Además de solucionar el tema de espacio del actual vertedero.", destacó Lerzundi.

Medidas de mitigación

Otro de los puntos que destaca de este proyecto es la posibilidad de controlar y mitigar las emisiones, principalmente de material particulado. Se estima la generación de 95,607 kg/día de MP10 y 13,25 kg/día de MP2,5.

Para mitigar estas emisiones, se contempla la humectación de los caminos internos no pavimentados con agua industrial con una frecuencia de cuatro veces al día mediante camión aljibe.

"Se tomaron algunas medidas principalmente en los periodos de ejecución y cierre para evitar impactar la calidad del aire en la comuna de Calama, entendiendo que es una zona saturada", explicó la autoridad.

El proyecto total de ampliación tiene un costo de US$300 mil.

Malos olores

Uno de los elementos a considerar y que está detallado en el estudio, es la posibilidad de generar malos olores y que estos afecten a la población.

Según el documento, "las medidas para la prevención y control de olores, está dado por llevar un buen proceso de compactado y sellado diario de los residuos. Los residuos quedarán absolutamente sellados al final de la jornada y en el proceso de compactado final".

Recordar que el asentamiento urbano más cercano se encuentra a aproximadamente 10,37 km de distancia del Proyecto, y corresponde a la Villa Lagunas Andinas, en la villa Peuco Maratón.

El diputado por la Región de Antofagasta Marcos Espinosa, ofició al Ministerio del Trabajo para que emita un informe en el más breve plazo que dé cuenta sobre la situación laboral de en las comunas de toda la región.

Esto, luego que la Superintendencia de Pensiones diera a conocer en su informe anual un importante aumento en la solicitud de seguros de cesantía, lo que redundaría en las condiciones de empleabilidad de la zona.

"Sin duda esto es algo que ya vemos a diario en nuestras comunas, como cada día las filas para cobrar el seguro de cesantía va en aumento y por otro lado los proyectos mineros, que son los que aportan la mayor tasa de empleo, se van paralizando por falta de inversión", manifestó.

A juicio de Espinosa "es urgente adoptar medidas, porque nuestra región es una de las que tiene una tasa de migración más alta y en un escenario de cesantía las condiciones de los campamentos se van empeorando aún más".

El parlamentario anunció que espera que el Ministerio del Trabajo pueda aportar lo antes posible la información y no descartó solicitar en el futuro una sesión especial en el Congreso para analizar el tema.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de protección interpuesto por la Institución de Discapacitados del Loa (Indisloa), y ordenó a la Municipalidad de Calama dejar sin efecto el oficio que revocó la concesión que tenía la institución, de cuatro paraderos de taxis en el estacionamiento del casino Marina del Sol de dicha ciudad.

La Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por la ministra Cristina Araya Pastene, el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada, y el abogado (i) Cristián Aedo Barrena, en un fallo unánime, estableció el actuar arbitrario del municipio.

En parte el dictamen señala que "la decisión de la autoridad administrativa en orden a revocar la concesión cuyo titular es el recurrente, sólo puede ser entendida como una actuación arbitraria en cuanto los argumentos, motivos y circunstancias expresados no son claros, más bien aparecen como genéricos y privan de una acertada inteligencia de los mismos, considerando la decisión que se adopta y el hecho que afecta directamente derechos otorgados por actos administrativos anteriores, como es la concesión de uso de bienes naciones de uso público".

La resolución agrega que en cuanto a la vulneración del derecho a la libertad económica, no cabe sino concluir que el mismo ha sido conculcado, "pues el Municipio de Calama, mediante el decreto N°1258 de octubre de 2016, revocó la concesión de explotación y en consecuencia privó de derecho a desarrollar la actividad económica a la recurrente".

El tribunal precisó además que teniendo presente los razonamientos anteriores y no existiendo justificación por parte de la Municipalidad, se le condenará en costas.