Cristian Bruna Castillo

El próximo 17 de marzo, la toma ubicada en calle Frei Bonn cumplirá cuatro años. Es en este sector de la ciudad, donde se ubica uno de los campamentos más emblemáticos de la zona y el que genera mayores problemas al municipio y la gobernación.

Luego de años de pugnas por el desalojo del terreno, el 2016 la municipalidad de Calama decidió ir a tribunales para solicitar su pronunciamiento sobre la propiedad del terreno y la salida de sus ocupantes.

A mediados de marzo de ese mismo año, el veredicto favoreció al municipio, dándole luz verde para realizar el desalojo.

Luego en junio del 2016 los pobladores recibieron respuesta de un recurso interpuesto en la Corte de Apelaciones que ratificó lo expuesto por el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Calama, el cual sentenció que efectivamente el inmueble corresponde a la municipalidad y que podía hacer uso de él a la brevedad.

Hoy, casi un año después de este pronunciamiento, la toma sigue en el mismo lugar y con condiciones aún más complejas que las presentadas en 2013, cuando surgió la ocupación de los terrenos.

Los vecinos que viven cercanos al sector de la toma se hacen una legítima pregunta ¿Por qué no se desalojó durante este último año?

A la luz de estos antecedentes, el asesor jurídico de la municipalidad, Carlos Avalos, explicó que el municipio ha hecho todo su esfuerzo para el desalojo de la toma. "En marzo del año pasado recibimos la sentencia definitiva de tribunales. Se le notificó a gobernación y Carabineros que son quienes ejecutan esto. Se realizaron reuniones hasta octubre del año pasado. Esto se ha ido dilatando en el último tiempo, quizás por el año eleccionario, por la política. En todo caso el municipio siempre ha querido que se desaloje porque el terreno en gran parte es municipal", manifestó el abogado.

Pasos a seguir

Al ser consultado del porqué no se realiza el desalojo o qué es lo que falta para hacerlo, el asesor comento que ahora depende del alcalde, Daniel Agusto, quien en una de las últimas reuniones del concejo municipal, decidió incorporar este tema en el Comité de Seguridad Pública a fin de actuar en conjunto con otros estamentos, como la gobernación y las policías, entre otras.

"Esperamos contar con todos estos entes, porque el desalojo en sí es un tema muy complejo de abordar, pero el alcalde si o sí quiere que esto se lleve a cabo en el menor plazo posible", agregó Avalos.

Gobernación

Desde la gobernación provincial El Loa, la respuesta es mucho más categórica. Para el gobernador (s) Osvaldo Villalobos, el tribunal ya entregó su veredicto y es la municipalidad la que debe efectuar el desalojo.

"Ellos son los dueños mayoritarios del terreno. Hicieron un juicio y el resultado está desde el año pasado. Deben efectuar el procedimiento, que ya no es responsabilidad administrativa nuestra. El terreno que es del municipio supera el 70% por tanto es mayoritario", explicó Villalobos.

El otro porcentaje de terreno corresponde a Bienes Nacionales. Si éste solicitara a la gobernación su desalojo, se podría realizar, siempre y cuando se genere una acción coordinada y que involucre a todos los actores.

"Hicieron un juicio y el resultado está desde el año pasado. Deben efectuar el procedimiento, que ya no es responsabilidad administrativa nuestra

Osvaldo Villalobos, Gobernador (s)"