El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Calama absolvió a la ciudadana boliviana, Juana Idulvina González Cayo, acusada por el Ministerio Público como autora del delito de porte ilegal de explosivos, ilícito que habría perpetrado el 12 de marzo de 2016 en la localidad de Ollagüe, día en que fue sorprendida portando 7 detonadores.

En fallo dividido se descartó que González Cayo haya actuado con dolo, debido a su nacionalidad, nivel de estudios y contexto cultural y familiar más el desconocimiento de la ley chilena.

La resolución agrega que "se trata de una mujer extranjera, boliviana, con educación incompleta, que toda su vida ha vivido en la frontera entre Chile y Bolivia, circulando entre pueblos pequeños y aislados, quien no distingue del todo las fronteras territoriales de los países de Chile y Bolivia, porque ambos espacios territoriales se refieren a lo que siempre ha entendido como el territorio de su pueblo Quechua y de su familia, la cual no tiene mayor instrucción (sólo alcanzó la enseñanza media en su país) y que es absolutamente ignorante de las leyes de nuestro país", concluye el fallo del Tribunal Oral de Calama.

Pasadas las 13 horas de ayer, cuatro delincuentes llegaron hasta una casa de cambio ubicada en avenida Granaderos esquina Bañados Espinoza y con armas de fuego intimidaron a los dependientes del local comercial obligándolos a entregar la totalidad de dinero que mantenían al interior del recinto.

Según datos policiales los cuatro asaltantes, de quienes aún se desconoce su paradero, llegaron hasta el céntrico local de valores, y en forma rápida y muy diligente procedieron a intimidar a los trabajadores de esa casa de cambio quienes debieron entregarles la suma de siete millones de pesos.

Pese a que Carabineros llegó a minutos de ocurrido el asalto a mano armada, los delincuentes lograron huir con el cuantioso botín el cual era parte del monto con el que esa casa de cambio trabajaba al momento de perpetrarse este ilícito.

Hasta el cierre de esta presente edición, Carabineros mantenía una amplia búsqueda de quienes perpetraron este asalto y a la vez una serie de líneas investigativas para dar con el paradero de quienes de forma audaz y contra reloj lograron llevarse el millonario botín desde el local.

Redacción

La Fiscalía de Calama logró un histórico fallo contra un grupo de siete personas -uno de ellos menor de edad- al acreditar que eran parte de una organización criminal dedicada al robo de vehículos, su desmantelación y venta de partes, las que eran trasladadas hasta distintos puntos del país y del extranjero.

A través de técnicas de investigación de vanguardia y diversas pericias, realizadas el 2015, que incluyeron interceptaciones telefónicas, permitieron establecer que los imputados se asociaron y elaboraron una organización para apropiarse de vehículos de terceros y cometer otros delitos.

Las escuchas telefónicas permitieron establecer el modus operandi así como el destino que se daba a los móviles robados. Algunos eran desmantelados y posteriormente reducidos, en tanto otros eran sacados del país por medio de un contacto de origen boliviano.

Condenas

Los acusados, el menor D.A.A.R. y los adultos Fabián Ariel Reyes Araya, René Alfredo Rojas Tapia, Juan Daniel Oyarzo Vega, Jimmy Wilfredo Luza Huerta, Alejandro Andrés Jopia Vega y Bryan Mauricio Reyes Lastarria, fueron condenados a cumplir, por asociación ilícita, la pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo, salvo el más joven de éstos, quien deberá cumplir 40 horas de prestación en servicio de la comunidad.

En tanto el imputado, Alejandro Andrés Jopia Vega recibió una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo teniendo rol de líder de la asociación.

Maltrato a carabineros

Por su parte Fabián Ariel Reyes Araya fue condenado además con la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y a la pena accesoria de suspensión en el cargo u oficio público durante el tiempo de la condena por su responsabilidad a título de autor del delito consumado de Maltrato de obra a Carabineros causando lesiones leves, previsto y sancionado en el artículo 416 número 4 del Código de Justicia Militar, cometido en esta jurisdicción el día 06 de abril de 2016.

También como autor del delito consumado de receptación de vehículo, previsto y sancionado en el artículo 456 del Código Penal, cometido en esta jurisdicción el día 06 de abril de 2016 a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más multa de tres Unidades Tributarias Mensuales.

El imputado Juan Daniel Oyarzo Vega, también fue condenado como autor del delito consumado de Maltrato de obra a Carabineros causando lesiones leves, a sufrir la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y a la pena accesoria de suspensión en el cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

En tanto, Brayan Mauricio Reyes Lastarria, además de la condena por la asociación ilícita fue condenado como autor de tres delitos más, de ellos dos casos donde actuó con intimidación, a dos penas de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta para derechos políticos y para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Y como autor de delito de receptación de vehículo motorizado, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Un millonario robo en herramientas sufrió la propietaria de un domicilio ubicado en calle Collahuasi, luego de que se percatara que desconocidos habían ingresado vulnerando las instalaciones donde las mantenía.

De acuerdo al relato entregado por la afectada, una mujer de 39 años, al llegar al domicilio se percató que había desorden y signos evidentes de que puertas como ventanas habían sido forzadas por desconocidos para ingresar y registrar completamente el domicilio.

La peor sorpresa para la denunciante vino cuando se percató que en el lugar que guardaba sus herramientas, estas ya no se encontraban perdiendo la totalidad de ellas.

Tester, esmeriles, taladros, serruchos eléctricos y taladros fueron sólo parte del botín que los involucrados lograron sustraer desde el domicilio que se encontraba sin moradores al momento de efectuarse este ilícito.

En total y según el avalúo de la denunciante se trata de más de 11 millones de pesos en mermas, sobre todo porque se trata de herramientas industriales que sirven para el trabajo en faenas de alta complejidad.

Tras la denuncia hecha en la Primera Comisaría de Calama, Carabineros inició una investigación para establecer el paradero de las herramientas, las que se presume podrían ser reducidas en el mercado negro y otros puntos informales para su venta.