Daniela Valdés Gutiérrez

El ataque protagonizado por dos perros callejeros a un trabajador durante esta semana, en el sector de la avenida La Paz, puso nuevamente en evidencia un problema que se registra hace décadas en Calama y que no se ha sabido resolver debido a su magnitud.

Esto, debido a la falta de eficacia de los planes de control de la población canina como del compromiso y responsabilidad de la ciudadanía con sus mascotas, lo que deriva en múltiples casos de mordeduras que en algunas ocasiones han puesto en peligro la vida de la víctima.

Es así que sólo en el 2016 se registraron 679 ataques, según el registro proporcionado por el hospital Carlos Cisternas, quienes por medio de su titular, el doctor Patricio Toro, explicaron que "lo primero que se hace es la constatación de la lesión, luego una ficha con las características de la mordedura y ver si el perro es callejero o de casa". Con estos antecedentes, se puede saber si la persona afectada necesita el tratamiento contra la rabia. Solo así se determinará la aplicación de la vacuna.

Peligros

Agregando que las personas que no consulten en los establecimientos de salud, se exponen a serias infecciones en la piel y también a la enfermedad, la cual puede llegar a ser mortal. "Se les hace una curación y si corresponde la vacunación. La primera dosis se entrega en el hospital, mientras que la segunda dosis se continúa en los consultorios como tratamiento médico".

Es en este contexto que la secretaría regional ministerial de Salud informó que el año pasado se vacunaron 406 personas en la ciudad por mordeduras de perros.

Por ello que la seremi, Lila Vergara, recomendó que "si sufre alguna mordedura inmediatamente debe dirigirse a un recinto asistencial y dar la mayor cantidad de información al profesional que lo atienda con respecto al animal mordedor y seguir el protocolo de vacunas que indique el médico".

Asimismo destacó la importancia de dar a conocer a la unidad de Zoonosis en el caso que el animal mordedor presente síntomas compatibles a la rabia.

"Sobre todo si deja de beber y comer, presenta ladrido o maullido con tono distinto a lo normal, cambia su conducta o carácter habitual, se torna agresivo y muerde a otros animales y a las personas, se aísla y se esconde en lugares oscuros, desarrolla parálisis, o dificultad para caminar o postración, muere o desaparece sin causa aparente", dijo Vergara.

Ejes

En tanto, desde el municipio se está abarcando la problemática desde distintas aristas.

Una de ellas es la educación, en donde se comenzarán a dar charlas sobre tenencia responsable de animales.

"Es importante tener conciencia de los compromisos que conlleva tener un animal. Darle comida, un lugar limpio y acogedor para vivir, recoger sus excrementos, pasearlos, jugar. No es cosa de tenerlos por ser lindos y así de simple. Por lo tanto es relevante que desde pequeños lo sepan", comentó la veterinaria a cargo del Centro de Control Canino (excanil municipal), Paulina Carrasco.

Quien añadió que estas intervenciones se harán en todos los colegios pertenecientes a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes). "Sin embargo se les ha hecho la invitación al resto de los establecimientos y no hemos tenido respuestas positivas".

Otra de las instancias que ya están en marcha son las jornadas de esterilización, las cuales dejan de ser anuales para ser mensuales. "Esto es un trabajo constate. Estoy segura que si no hacemos algo ahora, el problema se descontrolará aún más", dijo la profesional.

Quien asegura que los resultados, lógicamente, no serán visible de forma inmediata en la población pero si de aquí a cinco años.

Proyecto

Para concretar estas operaciones, el consistorio ya inició la postulación, en marzo, al programa nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, correspondiente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), mediante el cual se les traspasa recursos económico a la unidad, cercanos a los $23 millones, para realizar cierta cantidad de esterilizaciones en un plazo de cinco meses, según explicó la coordinadora zona norte del programa, Dayan Piñones.

Añadiendo que el beneficio incluye dos instancias, la esterilización y el registro del animal por medio de la colocación de un microchip.

Es así que durante este año se harán 1.500 intervenciones en Tocopilla, 1.000 en Mejillones, Taltal, Antofagasta y María Elena. "Sólo falta Calama que se sume a esta instancia, ya que es por el bien de todos", dijo Piñones.

Cabe destacar que el año pasado el municipio fue el único de la región que no postuló a estos recursos perdiendo la posibilidad de intervenir a mil 500 animales.

De igual forma la actual administración está desarrollando jornadas de adopción como la ejecutada en la Feploa. A lo que se le suma reuniones con las organizaciones animalistas locales.

Esto último fue respaldado por la presidenta de la fundación Esperanza Callejera, Sarai Alvarez, quien comentó que están esperanzados que con la nueva jefa del Centro y del municipio se pueda controlar un poco la situación.

"La profesional del canil se ha puesto en contacto con varias organizaciones para que trabajemos en conjunto sobre el cuidado y tenencia responsable de los animales. Estamos generando un calendario para que estas instancias no se pierdan en el tiempo", declaró Alvarez.

Añadiendo que la veterinaria siempre ha estado ligada al control de la población canil, ejecutando instancias de esterilización gratuitas entre otras acciones, "así que creo que de vedad habrá un cambio".

Falta de compromiso

Por su parte Carrasco, fue enfática en destacar el compromiso que debe asumir la comunidad respecto al tema.

"Por ejemplo nosotros podemos hacer miles de operaciones, pero la gente sigue dejando sus animales en las calles. A lo que se le suma que algunos quieren que vayamos a las casas, una por una, a intervenir a las mascotas. Esto implica esfuerzo también por parte de los profesionales, lo mínimo es que las familias nos colaboren", expresó.

Aseguró que un gran por porcentaje de los ataques, son generados por perros que tuvieron dueño. "Generalmente los animales que vemos todos los días en las calles de la ciudad, porque están en todos los sectores, no le temen a los humanos, lo que les facilita su interacción. Entonces uno sin querer se mete en su "territorio" y ellos atacan, pero de quién es la responsabilidad; de la persona que los abandonó".

Carrasco también comentó que un 70 por ciento de los animales que son adoptados son devueltos según estudios internacionales. "Justo hoy (ayer) nos regresaron un pequeños que había sido adoptado recientemente, me imagino se dieron cuenta de las responsabilidades que conlleva y no lo quisieron más".

A todas estas acciones se le debe agregar la venta, indiscriminada, de animales de raza. "Las familias prefieren estos tipos de perros en vez de adoptar. Están en su derecho, algunas veces también los abandonan e incluso dicha elección genera otro tipo de inconvenientes como son los robos", expresó la profesional.

De igual forma comentó que se han registrado casos de abandono de animales por parte de arrendatarios, "al terminar el contrato por una vivienda las familias se retiran y dejan a los animalitos. En este sentido será clave la fiscalización por parte de los dueños del inmueble o de los vecinos para que no ocurran estos hechos".

Respecto a los que proponen eutanasia como la única solución factible para terminar con la gran cantidad de perros vagos en la ciudad, la jefa del Centro expresó que esa no es una alternativa.

"Si tu eliminas 10 perros de un sector, llegarán 15 y eso lo puedo asegurar porque la proliferación es rápida, en cambio si tienes esos mismos 10 animales, controlados, cuidarán su sector por lo que no habrá más población. La clave es la esterilización y ser responsables", declaró.

"Nosotros podemos hacer miles de operaciones, pero la gente sigue dejando sus animales en las calles (...) esto implica un esfuerzo también por parte de los profesionales, lo mínimo es que las familias nos colaboren" Paulina Carrasco

Veterinaria a cargo del Centro de Control Canino"

$2.431.303 millones deberá pagar la municipalidad de Calama como indemnización por despido injustificado a Camila Saavedra Quinteros, quien prestó servicios como arquitecta desde el 2014 al 28 de octubre de 2016. Esto, determinado por el Juzgado de Letras de la ciudad el que acogió, el pasado viernes 31 de marzo, la demanda interpuesta.

Es así que el documento expresa que Saavedra celebró un contrato con el consistorio el 2 de junio de 2014, donde se le identificó sus labores, las cuales consistían en revisar procedimientos y disposiciones aplicables para la obtención de permisos y autorización que se desprendan de la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Además debía desarrollar la revisión de carpetas proyectos de construcción; revisión de carpetas de loteos, subdivisiones y copropiedades; y revisión normativa de proyectos municipales.

Contrato

Agregando que la jornada de trabajo sería de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 horas y el día viernes de 08:00 a 16:00 horas contemplando media hora de colación.

Estas condiciones se mantuvieron hasta el 30 de 2015 cuando firmó una modificación de contrato que mantenía las funciones pero con un aumento en la remuneración hasta el 31 de diciembre de 2016.

Sin embargo, "el día 28 de octubre, mediante ordinario N° 508, de esa misma fecha, se comunicó el término de la relación contractual que unía a las partes, ello por haber sido ordenado de ese modo por el señor alcalde subrogante de la ciudad".

Postulando que la relación contractual que unía a las partes no era una relación a honorarios, sino más bien era una relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, "encubierta bajo la figura del artículo 4 de la Ley N° 18.883", según el documento. Es decir, que las labores revistan el carácter de accidentales y no sean las habituales de la municipalidad, caso contrario a lo ejecutado por la profesional.

Resolución

Por lo cual se determinó que el despido es nulo e injustificado. El fallo establece que "(…) la continuidad, sujeción a un horario y una jerarquía que sitúa a la demandante en posición subordinada, rendición de cuentas y cumplimiento de una jornada, a lo que se suma una evidente dependencia económica exclusiva y la inserción de la trabajadora a una estructura en la que dispone de medios materiales aprovisionados por la demandada para la ejecución de sus cometidos y la retribución económica mensual regular por los servicios ejecutados, definen suficientemente el vínculo jurídico como una relación de trabajo".

Por ello se dispuso el pago, a modo de indemnización, de $1.041.000 por falta de aviso previo, Indemnización por un año de servicio por $520.500, más $260.250 por el incremento del 50%. Se suma las remuneraciones que se devenguen desde el término de los servicios hasta su convalidación a razón de $609.553.

Municipio

Por su parte la administradora municipal, Tamara Aguilera, comentó que si hay un fallo judicial de por medio evidentemente que el municipio debe hacerse cargo de pagar esta indemnización a la afectada, "este hecho ocurrió antes de que nosotros ingresáramos a la administración y fue un problema que se generó entre una funcionaria y el director de Obras, Luis Alfaro, donde él determinó que no quería contar más con sus servicios. Lo que corresponde ahora es pagar la indemnización".