Por fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentando por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Instituto de Derechos Humanos contra la Policía de Investigaciones y el intendente Arturo Molina, por la expulsión de tres estudiantes peruanos, hecho ocurrido el pasado 26 de enero y tramitado por la Intendencia de Antofagasta.

La defensa de los jóvenes universitarios detalló que éstos se encontraban en el país para complementar sus investigaciones en torno a la historia del movimiento obrero en los inicios del Siglo XX, sin embargo, fueron investigados por la PDI en Iquique, Antofagasta y La Serena, ciudades donde habrían realizado encuentros con tópicos vinculados al anarquismo.

'doctrinas'

En opinión del Gobierno y la PDI, los peruanos propagaron y/o fomentaron doctrinas que tienden a "destruir o alterar por la violencia el orden social del país", al encontrarse en su poder libros y publicaciones sobre el anarquismo.

Sin embargo, la policía civil reconoció que no hubo ningún acto violentista por parte de los expulsados.

Ayer, la primera sala del tribunal de alzada antofagastino -integrada por los ministros Óscar Clavería , Virginia Soublette y la abogada (i) Macarena Silva- dejó sin efecto las resoluciones exentas del 23 y 24 de enero pasado, dictadas por la Intendencia Regional de Antofagasta que decretaron la expulsión del país de los amparados.

"Pese a lo informado por Policía de Investigaciones, en los partes emitidos, que dan sustento a las resoluciones, sólo se hace referencia a la infracción de la normativa de extranjería, sin indicar, precisar y domeñar el actuar de los amparados a algún hecho en específico, lo que conlleva, en definitiva, a la inexistencia de sustento fáctico", dice el fallo.

Por lo demás, indica el documento, la imputación al anarquismo no constituye per sé actos violentos y reprimidos, referidos en el Decreto Ley N° 1.094, pues no es más que un pensamiento filosófico para defender la libertad individual.

El presidente de la sala, Óscar Clavería, escuchó los argumentos. Sin embargo, insistió en preguntar a la PDI sobre el sustento de su investigación.

Argumento

En su presentación, la PDI se basó en el artículo 15 de la Ley de Extranjería, que dice que "se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: los que se propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno...".

El jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, Paulo Palma, sostuvo que con esta resolución, lograron restablecer los estándares del derecho con hechos fundantes.

Daniela Valdés Gutiérrez

La Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), por medio de su área de Educación, abrió esta semana la licitación para la instalación, reparación y centralización de cámaras de seguridad para 20 establecimientos de la ciudad incluyendo jardines infantiles.

Iniciativa inserta en un nuevo plan de resguardo escolar que tiene por objetivo frenar los constantes robos que afectan a los recintos y también apoyar la labor de los directivos y funcionarios respecto al manejo conductual de los estudiantes.

La licitación contempla además la incorporación de vigilantes como entes disuasivos, según explicó el jefe de Educación en Comdes, Rodrigo Torres.

"Hicimos una redirección de las iniciativas 2016, financiadas por medio del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (Faep) e incorporamos una nueva línea, la cual tiene como sustento el implementar distintos métodos de seguridad y en ella se encuentra la instalación de las cámaras, los vigilantes, el levantamiento de muros y concertinas", comentó Torres.

Estas aplicaciones tendrán una inversión de $450 millones, posteriormente se inyectarán nuevos recursos Faep correspondientes al periodo 2017, "en ese sentido estamos proyectando un porcentaje adicional de $400 millones", dijo el profesional.

Entre los colegios beneficiados se encuentra el liceo Radomiro Tomic Romero y las escuelas Andrés Bello, República de Francia y República de Grecia.

Ésta última sufrió a principios de año la sustracción de 44 notebooks los cuales eran utilizados para las metodologías de aprendizaje.

"Ya tenemos dos empresas que están interesadas, sólo falta determinar cual se hará cargo de las instalaciones o reposición en caso que los colegios tengan cámaras pero estén en mal estado. Ese catastro ya lo realizamos, siendo una de las etapas más complejas, pero vamos avanzando como corresponde", expresó el director.

Central

Torres también explicó que habilitarán una central de monitoreo en las mismas dependencias de las Corporación, la cual estará a cargo de un rotativo de dos guardias quienes deberán avisar a las entidades correspondientes si ven alguna situación que revista peligro.

"El objetivo es que los directivos o el encargado de convivencia escolar, inspector general esté atento a las grabaciones entonces si ve una conducta que no corresponde o algo sospechoso se contacten de inmediato con Carabineros", dijo Torres.

Agregando que por su parte, ellos estarán vigilando en la noche, "nosotros sabemos que hacer, pero nos faltaba prevenir que es lo que estamos haciendo con este plan. A lo que se le suma que estamos en un trabajo constante con los efectivos policiales, específicamente con el capitán Cortés, quien está a cargo de la seguridad en los establecimientos, por lo cual estamos confiados y muy contentos de que esto funcionará".

Según la planificación establecida, las primeras instalaciones se realizarán en mayo próximo.

"Ya tenemos dos empresas que están interesadas, sólo falta determinar cual se hará cargo de las instalaciones o reposición"

Rodrigo Torres, Jefe área de Educación Comdes"