El cambio climático es una problemática que se ha tomado la agenda en todo el mundo, escenario en que Chile, si bien no tiene tanta participación en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sí puede sufrir sus consecuencias en distintas dimensiones, especialmente en la agricultura.

Para el economista en recursos naturales de la Universidad Católica del Norte (UCN), el doctor Lisandro Rocco, la variabilidad climática va siendo cada vez peor, mientras que la capacidad de proyección que se tiene del efecto de las variables atmosféricas sobre las meteorológicas, es cada vez menor y más compleja.

"Eso implica que nuestro sistema se estrese y se deba realizar cierto ajuste", expresó el docente, quien está realizando un estudio para establecer cuál es el efecto que en la producción agrícola tiene la adaptación al cambio climático.

Investigación que tiene como objetivo responder al clima de incertidumbre que se genera, entregando datos para combatir esta situación y ser capaces de adaptarnos a este nuevo escenario. "Como sociedad tenemos que organizarnos para responder a esto, a través de políticas y declaraciones de intenciones que sean más sistémicas", expresó Rocco.

A ello agregó que existe mucha incertidumbre sobre cuáles serán los efectos, cómo van a ser y su magnitud. "Si le hacemos frente, tenemos que saber cuál es la mejor forma de hacerlo y la economía puede ayudarnos en eso, ya que se preocupa de estudiar cómo la sociedad va asignando recursos y, por lo tanto, la economía en este tipo de problemáticas puede darnos alguna respuesta".

A través de la implementación de modelos, análisis de datos y simulaciones, el experto dijo que se puede llegar a resultados que le permitan reducir esa brecha de incertidumbre existente.

Investigación

Rocco se adjudicó una beca de investigación del Programa de Economía Ambiental para Latinoamérica y el Caribe, con la que busca establecer cuál es el efecto que tiene la adaptación al cambio climático en la producción agrícola.

"Usando modelos ergonométricos, simulaciones y estimaciones, buscamos determinar qué prácticas son más 'costo efectivas', son más eficientes", comentó, para que las autoridades a cargo del Plan Nacional de la Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático puedan mirar estas prácticas en detalle y tener una radiografía de lo que está pasando y en base de esto apoyar y promover programas.

Esto también sirve para analizar lo que pasa en el resto del país en esta materia. Si bien el docente está realizando el estudio en la Región del Maule, por ser el principal centro de agricultura del país, esto también se puede ejecutar en la Segunda región.

"Me estoy contactando con distintas entidades para tener un acercamiento a la realidad local y hacer este estudio en la región con el apoyo y respaldo del Instituto de Economía Aplicada Regional de la Facultad de Economía y Administración de la UCN", expresó.

El estudio en Maule está en proceso y se espera tener resultados concretos a fin de año.

Pero el investigador hace énfasis en que el agua es un tema crítico en esta materia. En estudios de postgrado, Rocco observó que las políticas públicas deberían enfocarse en mejorar la gestión del agua, en implementar mayor tecnología, por ejemplo en aprovechamiento del campo del agua y potenciar la educación para un mejor uso.

Dos recientes fallos de primera instancia del Tercer Juzgado de Letras de Calama, le dieron la razón a comunidades indígenas de Alto El Loa que buscaban inscribir derechos de agua, pero que habían enfrentado la oposición de las empresas SQM y Aguas Antofagasta. Las compañías se opusieron basándose en un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) que declara al río Loa y sus afluentes como agotados. Pero el juzgado además de reconocer la propiedad ancestral de las vertientes por parte de las comunidades, condenó a SQM y Aguas Antofagasta a pagar las costas del juicio.

Este proceso había comenzado el 2008, cuando ambas comunidades solicitaron a la DGA la inscripción de derechos sobre aguas provenientes de vertientes. En el caso de Caspana, se trata de 47 litros por segundo; mientras que en el de Toconce es por 2,4 litros por segundo.

Enfrentamientos

Estas no son las únicas causas por inscripción de derechos que enfrentan a comunidades atacameñas y empresas.

Según Carlos Salazar, abogado de la oficina en Calama de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), es frecuente que empresas se opongan a la regularización de aguas por parte de comunidades, por lo que muchos procesos se judicializan, "pero los tribunales han venido fallando a favor de los pueblos indígenas y reconociendo el uso ancestral de estas aguas".

Salazar agrega que actualmente hay otras cuatro causas en tribunales esperando resolución, en que también hubo oposición de compañías. En esos casos las comunidades que están solicitando regularización de derechos son Toconce, Caspana y Peine; mientras que SQM es nuevamente una de las empresas opositoras.

Versiones

El proceso de inscripción de derechos de agua -explicado en forma resumida- empieza con una solicitud del interesado en la DGA, luego los antecedentes son enviados a la gobernación correspondiente y ahí se pueden presentar opositores. Si hay opositores, es un tribunal civil el que decide.

Tanto a empresas como a algunas comunidades les complica hablar de este tema. Desde Aguas Antofagasta manifestaron que no podían referirse a los últimos fallos, debido a que aún no han sido notificados, pero que ellos están obligados a presentar oposición debido a que son una concesionaria que en su contrato tiene como obligación resguardar los derechos de agua asumidos desde el Estado. "Los derechos de aprovechamiento que Aguas Antofagasta utiliza para la producción de agua potable de la Segunda Región, nos fueron entregados en virtud de la concesión sanitaria, sin embargo, el propietario de los derechos es el Estado de Chile a través de Econssa (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios). Dentro de las obligaciones del contrato de concesión está el resguardo de dichos derechos", explicaron desde la sanitaria.

Desde SQM hasta el cierre de esta edición, no habían respondido a las consultas de este medio.

Relación comunidades

"Ellos (las empresas) lo hacen (oponerse a que la comunidad regularice sus derechos de agua) porque no salen a terreno. Sólo se oponen, pero nunca han venido al pueblo a conversar con nosotros", dice Gilberto Anza, presidente de la comunidad Atacameña de Caspana. Su comunidad acaba de enterarse hace algunas semanas que el Tercer Juzgado de Letras de Calama falló a su favor y le permitió regularizar 47 litros por segundo que son captados desde el río Caspana, en un lugar conocido por los lugareños como vertiente Quebrada La Cruz. Ahora esperan que las compañías no continúen el litigio; aunque de hacerlo, tanto la Corte de Apelaciones de Antofagasta como la Suprema ya han fallado anteriormente a favor de las comunidades en este tipo de causas.

Según explica Gilberto Anza, la población de Caspana alcanza actualmente las 600 personas, pero son alrededor de 280 los que viven permanentemente en el pueblo, "el resto es flotante, está en Calama por el asunto de los niños y los estudios".

La comunidad de este poblado ocupa el agua principalmente en cultivos y ganado. "Hortalizas que se venden en Calama; ajos, choclos y papas para autoconsumo. En Caspana la mayor parte de la gente trabaja en la agricultura y pequeña ganadería, unos cinco o diez animales por persona. En eso se gasta el agua", explica el dirigente.

La vecina Comunidad Atacameña de Toconce, por su parte, tiene una larga historia de conflictos por derechos de agua con empresas. El año 2003 la Corte de Apelaciones de Antofagasta falló a su favor y le reconoció sus derechos por 100 litros por segundo. La empresa Essan S.A., predecesora de Aguas Antofagasta, presentó una oposición, la cual fue desestimada por la Corte de Apelaciones. Essan incluso intentó frenar los derechos con un recurso de casación en la Corte Suprema, el cual fue rechazado. Este fallo fue histórico, ya que reconoció legalmente la propiedad ancestral indígena.

En la última causa ganada por la comunidad de Toconce, en marzo de este año, el juzgado de letras de Calama sostuvo que la comunidad acreditó ocupar estas aguas "desde época inmemorial" y que los opositores -SQM y Aguas Antofagasta- "no justificaron la existencia de alguna causal que impida regularizar los derechos originarios descritos".

Consultado sobre este proceso, el actual presidente de la Comunidad Atacameña de Toconce, Abel Bartolo, prefirió no referirse al tema debido a que no han sido notificados aún de la última resolución judicial y porque además mantienen buenas relaciones con las compañías.

Explotación del loa

La resolución de la DGA número 197 del año 2000, declaró el río Loa y sus afluentes agotados "para nuevos derechos de aprovechamiento consuntivos de ejercicio permanente". Fue la comunidad atacameña de San Francisco de Chiu Chiu la que solicitó a la DGA que se declararan agotadas las fuentes naturales de agua.

Por su parte, en el informe "Estrategia nacional de recursos hídricos 2012-2025" del Ministerio de Obras Públicas, se reconoce que los derechos de agua en la Región de Antofagasta están sobreexplotados y sobreotorgados (es decir, que se dieron más derechos que los que podían sostener las fuentes naturales).

Fiscalizaciones

En 2016 se realizaron -según la DGA- 300 fiscalizaciones sobre extracciones de agua, de las cuales 271 ya están terminadas y 29 quedaron pendientes de resolver.

En total hubo 16 infracciones. Entre las empresas infractoras figuran: SQM, Aguas Antofagasta, Codelco Chuquicamata y Rockwood Litio. También fue multado el Ejército de Chile.

Las multas fluctuaron entre 11 y 20 Unidades Tributarias Mensuales y se cursaron por tres motivos: construcción de obras mayores sin autorización, extracción de aguas no autorizadas y obras no autorizadas en cauce. En la información entregada por la DGA a este medio, no está el detalle de las multas por infractor, pero en el caso de Aguas Antofagasta, según un documento encontrado en el portal del Poder Judicial, el Consejo de Defensa del Estado está solicitando que se le multe por 20 UTM, ya que la empresa extrajo 2 mil metros cúbicos más de lo permitido en la captación Puente Negro de la comuna de Calama durante dos meses de 2016.

Sobre las fiscalizaciones, la directora regional (S) de la DGA, Jeanette Murillo, explica que "en agosto del 2016 se ordenó a todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas adecuar sus sistemas de control de extracción y levantamiento de información periódica para que esta se pueda descargar a través de una página web, lo que permite realizar un monitoreo frecuente y así poder contar con información inmediata sobre cantidad de litros por segundo extraídos. También se realizan fiscalizaciones presenciales con funcionarios de la DGA, quienes programan un calendario anual para revisar los puntos más críticos, además de fiscalización en aquellos puntos denunciados por la misma comunidad".

"Los tribunales han venido fallando a favor de los pueblos indígenas y reconociendo el uso ancestral de estas aguas".

Carlos Salazar Abogado Conadi"

"El propietario de los derechos es el Estado de Chile a través de Econssa . Dentro de las obligaciones del contrato de concesión está el resguardo de dichos derechos".

Aguas Antofagasta"

47 litros por segundo es el derecho de agua que inscribió la comunidad indígena de Caspana y a la que puso oposición las empresas SQM y Aguas Antofagasta. DGA falló a favor del pueblo originario.

16 infracciones encontró la DGA en sus fiscalizaciones de 2016. Las multas fluctuaron entre 11 y 20 UTM. Entre las empresas multadas estaban SQM, Aguas Antofagasta, Codelco y Rockwood Litio.

197 es el número de la resolución de la DGA que en 2000 , tras una solicitud de la comunidad de Chiu Chiu, declaró al río Loa y sus afluentes agotados para nuevos derechos de aprovechamiento consuntivos.