"Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa", con este lema los más de 80 mil trabajadores estadounidenses reclamaron sus derechos laborales en el año 1886, hecho que dio origen a la celebración del Día del Trabajo.

Desde esa fecha el mundo entero se ha encargado de ir reinvindicando los derechos de los trabajadores y nuestro país no ha sido la excepción.

Sin ir más lejos, el recién pasado 1 de abril entró en vigencia la Ley que moderniza el Sistema de Relaciones Laborales en Chile, documento que como era de esperarse ha sido ampliamente criticado por el sector empresarial y el conglomerado de derecha, ya que en ambos casos no ven de buena forma las medidas que se han realizado en torno a este compromiso que adquirió la Presidenta Michelle Bachelet al inicio de nuestro gobierno.

Dentro de las propuestas que incluyó esta iniciativa está el fortalecimiento a los sindicatos, y junto a ello la prohibición de reemplazo de los trabajadores en huelga, ambos temas fundamentales para la concreción de las solicitudes de los trabajadores y trabajadoras a la hora de cualquier conflicto.

Y es precisamente en este contexto que la preocupación de nuestro Gobierno con este tipo de iniciativas, se enfoca principalmente en pasar de una sociedad de consumo a una que garantice derechos a los trabajadores, todo esto mientras otras personalidades políticas aspiran a aumentar el tiempo de las jornadas laborales.

De esa forma debemos destacar lo que está proponiendo este Gobierno, cambios efectivos a un tema que siempre ha generado disconformidad en la ciudadanía y que hoy ya se ve concretado con esta reforma, que por cierto puede tener muchas modificaciones, pero siempre con el objetivo de entregar bienestar a los trabajadores y con eso generar mayores y mejores recursos a la productividad de nuestro país.

Claudio Lagos Gutiérrez,

Gobernador de El Loa

La política de construcción de viviendas para las familias de menos recursos de la región, es una tarea que se ha mantenido al debe durante los últimos gobiernos. Ninguno de ellos ha logrado disponer de los recursos, asesoría y apoyo para que los sectores más vulnerables de la zona puedan abrirse espacios y optar a una solución habitacional.

Ese letargo y pasividad ha permitido que la demanda crezca en el tiempo y si hoy se quiere enfrentar el problema, las exigencias nos llevarían al fracaso. Tendría que trabajarse a un ritmo al que no está acostumbrado nuestro aparataje estatal, por lo que habría que inyectarle importantes modificaciones.

La obligación es no caer en desánimo o refugiarse en un estado de latencia, esperando que aparezcan soluciones mágicas. Mientras se espera, las familias necesitadas se sumen en la miseria.

En lo inmediato es prioritario seguir aunando los esfuerzos necesarios, trabajando con los necesitados y generando los proyectos habitacionales que tanto se esperan.

En Calama, esa tarea marcha por un buen camino, pero aún queda mucho por recorrer. De hecho, el porcentaje de casas construidas aumentó en mil por ciento respecto al gobierno anterior y la administración de la Presidenta Michelle Bachelet finalizará solucionado cerca del 50% del déficit.

En cantidades se informa que, entre casas y departamentos fueron más de 2.100 las soluciones. Pero la carencia es cercana a las 5 mil y por ello quieren dejar "comprometidos" proyectos a partir del 2018 que totalizarán 4 mil 800 soluciones.

Lo lamentable es que una vez que se llegue a esa cantidad de construcciones, el acumulado obligará a mantener ese ritmo de trabajo sin pausa.

No hay que olvidar que en la zona norte la migración ha sido un fenómeno que se ha disparado. Y la mayoría de quienes han llegado hoy se encuentran hacinados en alguno de los tantos campamentos.

Gran parte de ellos no pertenece a ningún programa de gobierno y por ende no aparecen en las estadísticas de los sin casas. Pero son miles y a ellos igual que a los chilenos hay que entregarle soluciones finales.