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Marcha de colegios exigió cambio en la reforma educacional

MOTIVO. Particulares subvencionados acusan falta de garantías.
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Una buena cantidad de funcionarios, padres y apoderados de colegios particulares subvencionados salieron ayer a la calle para protestar por la ley de reforma educacional.

El objetivo principal de la marcha, que se desarrolló de forma pacífica por las calles céntricas de Calama fue mostrar a las autoridades el descontento por la ley que obliga a los colegios particulares subvencionados, a convertirse en particulares o simplemente cerrar sus puertas.

Según la ley de inclusión, los colegios que deseen continuar funcionando deben constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro antes del 31 de diciembre, decisión que deberá ser informada antes de junio.

En tanto, que los colegios que obedecen a congregaciones religiosas tienen la oportunidad de ser convertidos en fundaciones, ya que su espíritu es evitar el lucro con la matrícula de los alumnos.

La marcha desarrollada ayer incluyó a varios colegios que no tienen la oportunidad de convertirse en fundación o evaluar la personalidad jurídica sin fines de lucro

Según comentó el inspector general del Colegio Padre Hurtado, Ricardo Güemes, "esta marcha es para que las autoridades conozcan y tomen consciencia del problema que tenemos los colegios que no pertenecemos a agrupaciones religiosas. La ley permite la expropiación de la infraestructura o comprar los establecimientos a bajo precio, lo que nos parece inaceptable. Finalmente los sostenedores se ven obligados a cerrar, porque no tienen los recursos necesarios", declaró.

En el país ya se solicitó el cierre de 113 colegios.

Municipio modificará ordenanza para entrega de patentes de alcoholes

SITUACIÓN. La molestia de residentes de distintos sectores de la ciudad, en relación a los estragos que provocan los locales de expendio de bebidas alcohólicas hicieron eco en el municipio y gobernación.
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Uno de los principales cuestionamientos que existe entre los habitantes de la ciudad es el hecho de tener que lidiar con la ya tradicionales salas de cerveza, que abundan en Calama. Problemas de toda índole deben soportar los vecinos de este tipo de locales.

Por una parte están las personas en estado de ebriedad que recorren los sectores y que en muchas ocasiones terminan durmiendo en las veredas, por otro lado las riñas entre quienes concurren a las shoperías, que según los afectados, son habituales.

De acuerdo con vecinos a la intersección de avenida Grecia con Hurtado de Mendoza una de las situaciones más preocupantes tiene relación con la insalubridad, dado a que "se ha vuelto una costumbre que una vez que se retiran de los locales pasen orinando las fachadas de las casas y antejardines y a un costado de todo esto se ubican los carritos de supermercados que venden anticuchos", manifestó un vecino.

Pues bien, en este entorno se podría graficar la realidad que enfrentan cientos de loínos que tienen que lidiar con este tipo de situaciones a diario.

Ellos se preguntan cómo poder presionar para que se gestionen mayores y mejores fiscalizaciones y, en algunos casos, el cierre de los locales que, de acuerdo con sus apreciaciones, son los más conflictivos.

Patentes

Antes de todo es preciso mencionar que en Calama existen 393 patentes de alcoholes autorizadas por la intendencia. De este número se desprenden aquellas limitadas e ilimitadas, dependiendo de la clasificación que les otorgue la Ley de Alcoholes.

En este sentido, de acuerdo con información proporcionada por la concejal de la comuna y presidenta de la Comisión de Alcoholes del municipio de Calama, Carolina Latorre, las patentes limitadas, que comprenden a las clases A, E, F y H, alcanzan las 175 en la comuna.

Dentro de esta clasificación se encuentran las que corresponden a depósitos de bebidas alcohólicas, cantinas, bares pub y tabernas y los establecimientos de expendio de cerveza o sidra de fruta.

En este grupo también se encuentran los mini mercados de bebidas alcohólicas, es decir las botillerías.

"De estas patentes se encuentran vigentes 168, las otras siete no están funcionamiento, o sea no están vigentes, por distintos motivos, que van desde de renovación a cambio de domicilio", mencionó Latorre.

En el caso de las patentes ilimitadas, que corresponden a las clases B, C, D, G, I, J, K y L de la ley de alcoholes, suman 218 en la comuna.

Esta clasificación la componen hoteles, casas de pensión o residenciales, restaurante diurnos y nocturnos, cabaret y peñas folclóricas, quintas de recreo o servicio al auto, hosterías, moteles y restaurantes de turismo, bodegas de elaboración o distribuidor de vinos, licores y cervezas, casas importadoras de vinos y licores y agencias de viñas o establecimientos de licores fuera de la comuna.

Problemática

Una vez expuesto el detalle del total de las patentes de alcoholes que funcionan en la comuna es necesario hacer frente a la problemática que esto conlleva, que de acuerdo con la concejal Latorre no radica en la cantidad de patentes, sino más bien en el proceso de fiscalización.

"Tenemos espacios en los cuales, si bien es cierto nosotros como concejo municipal no podemos limitárselas, porque no contamos con ninguna oportunidad legal para aquellos, no funcionan como dicen que lo harán. Por ejemplo no cierran a la hora que les corresponde y continúan funcionando aún cuando las puertas se encuentran cerradas", expresó Latorre.

En este contexto la edil enfatizó en el hecho de la falta de fiscalización al respecto.

"Lo que falta es fiscalización, para eventualmente tener que cerrar aquellas más conflictivas por incumplimiento de la misma normativa, esto porque si se le otorga una patente con ciertas restricciones tienen que cumplirla. Este es el punto a resolver por parte del concejo", declaró.

A lo anterior Latorre añadió que hoy en día el municipio cuenta con pocas armas para poder resolver los temas referentes a las patentes de alcoholes, dado a que no tiene facultades para poder caducar patentes ya otorgadas, porque están dentro de los patrimonios de los contribuyentes.

"Lo que si puede hacer el concejo en pleno es determinar, según lo que establece el articulo 49 de la Ley de Alcoholes, un informe para remitir los antecedentes al juzgado de policía local respectivo, a efecto de que ellos puedan caducar una patente en el caso que se estén produciendo desórdenes públicos", manifestó Latorre.

Ordenanza

Para poder llevar adelante los requerimientos solicitados, tanto por vecinos y contribuyentes de Calama, el municipio necesita contar, a la brevedad, con una nueva ordenanza, esto porque la que existe, según declaraciones de Carolina Latorre, es antigua y necesita con urgencia una actualización.

"Se está trabajando, por parte de la administración, en la modificación de la ordenanza, que por cierto la reunión de la comisión para este efecto está fijada para este lunes 15, para ya modificar esta ordenanza", declaró la edil.

En la oportunidad Latorre ejemplificó la delicada situación con lo que sucede en la Avenida Grecia con Hurtado de Mendoza, sector en el que existen 10 patentes de alcoholes en menos de una cuadra.

Para tranquilidad de los vecinos la edil manifestó que a la fecha no se han autorizado nuevas patentes en el sector.

Fiscalización

Se habla de la falta de fiscalización que existe para el control de las patentes de alcoholes en la ciudad, el ente que vela por la seguridad y coordina los operativos para mantenerla es la Gobernación Provincial de El Loa.

Es por esta razón que el gobernador (s), Eduardo Ochoa, expresó que se está trabajando en la elaboración del calendario futuro de programación de fiscalizaciones para este 2017.

"La municipalidad es quien da el permiso de funcionamiento, a nosotros sólo nos compete el rol fiscalizador respecto al cumplimiento de las normativas, dependiendo del giro del servicio que se entrega", expresó Ochoa.

En relación a cómo se articulan los operativos de fiscalización, la autoridad señaló que se trabaja en base a denuncias realizadas por vecinos afectados por ciertas situaciones.

"La gobernación cuenta con un funcionario que está encargado de la Seguridad Pública y es el encargado de recepcionar las denuncias que realizan los vecinos y según esa información se van programando las fiscalizaciones", sostuvo Ochoa.

Al respecto el senador por la región de Antofagasta, Pedro Araya, declaró que lo que debe existir en este sentido es una trabajo en conjunto entre la municipalidad, la gobernación y Carabineros.

"En esta línea el trabajo en conjunto debe buscar aumentar los grados de fiscalización, que es lo que han hecho otros municipios con el fin de ir caducando patentes de alcoholes de aquellos locales que no están cumpliendo con la ley", manifestó el parlamentario.

En este contexto el senador añadió que en la medida que estos locales, que infringen la normativa, son infraccionados "es un elemento respecto al cual se puede solicitar la clausura y la revocación definitiva de la patente y para ellos se deben aumentar los procesos de fiscalización, para que el Concejo, una vez que cuenta con antecedentes pueda revocarlas", finalizó.

"Lo que falta es fiscalización, para eventualmente tener que cerrar aquellas más conflictivas por incumplimiento de la misma normativa".

Carolina Latorre, Concejal"

393 patentes de alcoholes otorgadas por la Intendencia Regional existen en Calama, de la cuales 175 corresponde a patentes clasificadas como limitadas y 218 a la clase de ilimitadas.

10 locales en una cuadra encargado de la Seguridad Pública y es el responsable de recepcionar las denuncias que realizan los vecinos y según esa información se van programando las fiscalizaciones .

Redoblarán la vigilancia policial en los alrededores del colegio Río Loa

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Carabineros reforzará su vigilancia en el entorno del colegio Río Loa. Tal fue uno de los acuerdos a que se llegó al término de la reunión que sostuvieron representantes del establecimiento educacional, carabineros y el gobierno provincial.

De esa manera se respondió a un requerimiento del colegio, cuya comunidad manifestó su preocupación por el clima de inseguridad que rodea a sus alumnos que se ven expuestos a la presencia de extraños especialmente en horas de término de clases.

En tal sentido el suboficial mayor de carabineros, Rodolfo Silva, comprometió mayor presencia policial en el sector, pero también puso acento en la coparticipación, atendiendo a la importancia que tiene la colaboración de la comunidad educativa en la seguridad.

En la misma línea, Eduardo Ochoa, gobernador provincial (S) llamó a levantar la mayor información posible respecto a los elementos que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes, echando mano a herramientas que hoy los jóvenes dominan a la perfección como ocurre con las redes sociales.