El dictamen de la Contraloría General de la República que consideró que Codelco no tiene la "libertad" de disponer de recursos públicos, limitando así sus facultades para desarrollar negociaciones colectivas, será impugnada y de ser necesario judicializada por Codelco, aseguró el presidente del directorio de la estatal, Oscar Landerretche.

"La Contraloría nos dice que nosotros no tenemos la facultad de asumir compromisos con los trabajadores y estamos trabajando para resolver el diferendo. Hay que apelar, hay que tener una conversación e incluso ir a tribunales si es necesario", advirtió Landerretche sobre el debate que se suscitó con el organismo que fiscalizó la indemnización por $522 millones que recibió un exsupervisor renunciado en 2015.

Leyes contrapuestas

Landerretche explicó que el debate con Contraloría, "en realidad es uno que está creado por la contradicción de marcos normativos. Lo que la Contraloría está argumentando es que nosotros en Codelco no tenemos facultades para hacer negociaciones colectivas con los trabajadores del cobre y que en realidad lo que aplica es la normativa para funcionarios públicos", analizó.

"La Contraloría también está argumentando en otros fallos y hace mucho tiempo, que no podemos regirnos por la Ley de Sociedades Anónimas para los controles que existen para la contratación de compañías, por ejemplo compañías contratistas que nos hacen los túneles, sino que tenemos que regirnos por la Ley de Compras Públicas", complementó.

Sin embargo, siguió el ejecutivo, "la verdad es que el gobierno corporativo, que rige a Codelco desde 2009, dice lo contrario, entonces tenemos una institución que es muy importante y respetable, que es la Contraloría, que interpreta su mandato y la ley de una manera, y otra ley que nos dice exactamente lo contrario".

Codelco servicio público

A juicio de Landerretche, el problema de fondo con el dictamen, "es si vamos a tratar a Codelco como una compañía, empresa, o la vamos a manejar como un servicio público, esa discusión es perfectamente válida y se puede tener, pero no tengo noción de una empresa o casos en el mundo de una empresa que sea líder de un commoditie, que se gestione como un servicio público, sería una novedad, una manera nueva de gestionar una empresa minera. No creo que sea una buena idea, pero es un debate que estamos teniendo".

Cristián Venegas M.

Una indemnización del Fisco por cerca de 3 mil millones de pesos, exige la Asociación de Empresarios de El Loa por el término de sus contratos de arriendo, que resolvió de manera unilateral el ministerio de Bienes Nacionales en 2012. Determinación que afectó a 65 pequeños empresarios de las manzanas A y E, pese a las inversiones que realizaron para urbanizar el sector y cerrar el perímetro de sus terrenos.

La demanda

La abogada del gremio, Katherine Sánchez, explicó que se trata de una demanda de nulidad de derecho público con indemnización de perjuicio en contra del Fisco, presentada en el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta. Acción judicial que hoy se encuentra en la etapa probatoria.

"En 2012 se produjo un desalojo que, a nuestro juicio, revierte irregularidades tanto desde el punto de vista judicial como administrativo. Por ende, tuvimos que interponer esta demanda, toda vez que existen plazos de prescripción para demandar los perjuicios", detalló la profesional.

Sánchez, consultada sobre la indemnización que demandan los industriales, dijo que ésta responde a dos puntos. El primero tiene que ver con la indemnización de perjuicio que apunta al daño emergente, "porque mis representados, al establecerse en estos sitios de Puerto Seco, hicieron inversiones importantes, tanto la asociación, como cada uno de los empresarios de manera individual".

"Por otro lado, continuó, se reclama el daño moral que han sufrido cada uno de los socios y la asociación, porque dentro del contexto del desalojo, varias autoridades y a través de distintos medios de comunicación, se refirieron a ellos como estafadores, que estaban lucrando, y sin un proceso administrativo o judicial que acreditara esas acusaciones", advirtió.

Vulneró procedimientos

Consultado sobre la génesis de este conflicto, el presidente de la asociación, Alfonso Sánchez, detalló que "hasta 2012 teníamos contratos de arriendo vigentes con Bienes Nacionales para las manzanas A y C y estábamos tramitando el contrato de arriendo de la E (destinada a otros 30 empresarios, cuando llegó la ministra Catalina Parot y nos acusó de cometer infracciones y por eso terminó los contratos de arriendo de forma unilateral".

Incumplimientos del contrato que el directivo asegura nunca se probaron en tribunales. "Fue así que interpusimos un recurso en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el tribunal determinó que si bien es cierto el ministerio podía terminar los contratos, tenía que seguir un procedimiento estipulado en la ley, procedimiento que el ministerio de Bienes Nacionales no siguió y por lo tanto el tribunal dictaminó que mientras eso no ocurriera los contratos estaban vigentes y había que suspender todos los desalojos que se estaban produciendo, pero Bienes Nacionales nunca hizo caso de ese fallo".

Los trabajadores de la división Radomiro Tomic de Codelco, amparados en el fallo del Tribunal Laboral de Letras de Calama, que ratificó que parte de la actual dirigencia está renunciada; llamaron ayer a un nuevo proceso eleccionario para renovar su directiva. El anunció fue realizado anoche en una asamblea extraordinaria que tuvo lugar en el auditorio del sindicato rol A de Chuquicamata.

Conflicto sindical

El fallo al que se hace mención, consideró que las renuncias de tres de los integrantes del directorio de RT, las que tuvieron lugar en diciembre de 2016 cuando se desencadenó el conflicto entre las partes, están plenamente vigentes, por lo que estos directivos están formalmente renunciados, los que además deberán pagar las costas del proceso judicial.

El dictamen rechazó además la denuncia por práctica antisindical interpuesta por la dirigencia del sindicato de Radomiro Tomic contra siete de los asociados al gremio, luego que estos trabajadores (delegados) organizaran una votación con la finalidad de modificar los estatutos del sindicato y permitir la censura y salida de los directivos.

Sindicalistas que son cuestionados por las bases del gremio desde fines del año 2016, tras el resultado que tuvo la negociación de un bono para prorrogar la jornada extraordinaria 7x7 en la división de Codelco, el que se condicionó a un acuerdo de Productividad y Mejores Prácticas, que los trabajadores desconocían, lo que generó un conflicto, que desencadenó la renuncia de tres de los dirigentes.

Dictamen que anularía, además, una segunda denuncia presentada en el Tribunal Laboral por el directorio del sindicato de RT contra 11 delegados, por la votación de la censura que fue aprobada por un 54% de los asociados.

Este conflicto entre trabajadores y dirigentes sindicales fue denunciado, incluso, al consejo directivo nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, en el último congreso nacional que tuvo lugar recientemente en La Serena.