El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó ayer que los diversos programas de fiscalización que aplicó el año pasado rindieron $ 1,7 billones (millones de millones) para el Fisco, producto de diferencias de impuestos y menores devoluciones. Al entregar la cuenta pública de la institución, Fernando Barraza, director del servicio, calificó el 2016 como el año que permitió consolidar el "Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario".

Dicho modelo identifica los focos de incumplimiento y genera un "Mapa de Brechas Tributarias". Luego se realiza un análisis del riesgo global y se priorizan las acciones proporcionales al incumplimiento sobre más de 170 atributos.

El Plan de Tratamiento del año pasado contempló IVA, Renta, Fiscalización Internacional, Segmentos Específicos, Segmentos Regionales y Comportamiento Agresivo, como programas específicos a través de más de cuatro mil auditorías tributarias selectivas. El 73% correspondió a grandes y medianas empresas y el 77% a contribuyentes de alto riesgo.

Entre los resultados que destacó el SII está la tasa de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la economía, que de acuerdo a las estimaciones alcanzó el año pasado 20,8%, equivalente a $ 3,5 billones (US$ 5.213 millones anuales). La cifra es menor a la tasa de 21,1% de 2015, la que fue recalculada de acuerdo a las últimas estadísticas de Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central. En dicho periodo la tasa había llegado a 20,3%. Lo anterior, representa un aumento en la recaudación de $ 67.091 millones en el periodo comparado.

Según el SII, , recibió 61 mil 575 comunicaciones de tasaciones en este ámbito.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, criticó ayer la interpretación que ha hecho la Contraloría General de la República respecto de la gestión que debe llevar adelante Codelco. El órgano fiscalizador cuestiona que, en algunos contratos, la principal empresa del Estado se aleje de las normas inherentes a la Ley de Compras Públicas y su gobierno corporativo utilice el modelo de sociedades anónimas.

Según Joaquín Villarino, dicha interpretación podría ser un "golpe dramático" para el desarrollo de los proyectos estructurales de la minera.

El conflicto

La discusión surge del debate de si la minera debe ser administrada como empresa o como servicio público, a raíz de la inédita indagatoria ordenada por el contralor Jorge Bermúdez sobre la cuprífera.

Según informó La Tercera, la indagatoria surge por la indemnización de $ 521 millones al dirigente sindical y ex director de la estatal en representación de los supervisores, Augusto González, como incentivo de retiro, además de un contrato con la empresa Hatch por $ 31 mil millones, cuyo representante legal tiene un parentesco con un gerente de la estatal.

El hecho fue cuestionado por la Contraloría a través de un dictamen en el que resalta que Codelco no tiene libertad de uso de recursos y pone de manifiesto un negocio entre partes relacionadas a través de una licitación privada con asignación directa.

"La interpretación de Contraloría es francamente dura y dramática para el desarrollo de la actividad de Codelco", aseguró Villarino, quien expuso en el desayuno "Minería, un futuro incierto", organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecánicos (Asimet). "No puede permitirse el lujo de pasar a ser administrada como un servicio público, eso puede ser un golpe dramático para el desarrollo de proyectos. Ya se nos ha notificado por el presidente de Codelco que comienzan a tener problemas para la toma de decisiones", precisó.

Rechazan impugnación

El enfrentamiento entre ambas entidades tuvo ayer un nuevo episodio con la emisión, por parte de la Contraloría, de un nuevo dictamen en el que rechaza la reconsideración solicitada de la fórmula con que se conceden indemnizaciones.

"El dictamen cuya reconsideración se solicita se ha limitado a exigir al directorio de Codelco el mínimo resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar en cuanto administrador de bienes ajenos y, particularmente, de recursos públicos", señala uno de los párrafos más duros del ente fiscalizador.

La Contraloría agrega que el criterio, "de manera alguna, significa impedir que dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores". Tampoco -agrega el dictamen de Contraloría- "se refiere a la forma de administración de la corporación ni pretende hacerle aplicable a esta las reglas de los servicios públicos, el Estatuto Administrativo ni el sistema de contratación pública".

millones pagó Codelco por la salida de un ex supervisor. El monto fue elevado por un incentivo al retiro. $ 521