La región está entre las que menos utiliza la Ley de Transparencia
CIFRAS. De acuerdo con el informe mensual estadístico de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al mes de abril. En lo que va del 2017 a nivel nacional las solicitudes alcanzan 30.598.
En abril se cumplieron ocho años desde la entrada en vigencia de la Ley 20.285 o más conocida como Ley de Transparencia sobre Derecho de Acceso a la Información Pública.
Durante el presente mes se registraron 7 mil 400 requerimientos de información pública en el país, lo que arroja que fueron 246,6 solicitudes emitidas diariamente.
Es así que respecto al acumulado de 2017, el total de solicitudes asciende a 30 mil 598, así lo detalla en informe mensual estadístico de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente al mes pasado.
De acuerdo con la información contenida en este informe el ministerio más solicitado durante el último mes ha sido el de Salud con 1.343 solicitudes, lo que equivale al 18,1% del total comprendido en el mes.
La repartición con mayor ingreso de solicitudes durante este mes fue la subsecretaría de Bienes Nacionales con 703 solicitudes, repartición dependiente del ministerio de Bienes Nacionales, alcanzando el 9,5%.
Es preciso informar que durante el periodo contenido, en 1.769 de las solicitudes se señaló la opción de género, de las cuales el 57% precisó ser hombre, mientras que el 47% respondió pertenecer al género femenino.
En este sentido fueron 1 mil 435 personas, del total del mes, que marcaron la opción de región; mientras que en 1 mil 880 se señaló la edad del solicitante.
Región y provincia
De acuerdo con la información contenida en el informe mensual estadístico en la región de Antofagasta fueron 31 las solicitudes requeridas a los distintos estamentos públicos, alcanzando un 2,16%, posicionándola como una de las que menos utilización realiza del sistema.
Es más, según la información contenida en este documento por cada 100 mil habitantes en la región son 4,98 personas las que solicitaron información a un ente del estado en el mes de abril.
Según este informe la región muestra una notable diferencia si se compara con la región Metropolitana, la que de acuerdo al último informe 850 solicitudes emanaron desde esta región del país, la que abarcó el 59,23% de las consultas y por cada 100 mil habitantes fueron 11,62 personas las que utilizaron el sistema.
En este sentido el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia Administrativa del ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegpres), Rodrigo Mora, manifestó que el perfil general del solicitante es hombre, de la región Metropolitana y con estudios avanzados.
"Estamos trabajando para que las organizaciones sociales conozcan y trabajen mejor esta herramienta. Aunque en regiones, las organizaciones ambientales son muy fuertes y conocen muy bien las maneras de conseguir y reunir información relevante para sus objetivos", declaró Mora.
Al contrario de lo que se pueda pensar, el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia Administrativa señaló que Nuestros datos afirman que el incremento de la información ha sido explosivo desde que la ley se creó, llegando este año a más de 30 mil solicitudes hasta el mes de abril en todo el territorio nacional.
Se debe considerar que la Ley de Acceso a la Información o Ley de Transparencia se creó en 2009, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y la finalidad de esta normativa es que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, sin discriminación, accediera a información realizada con presupuesto público o bien que esté en poder del Estado.
"Esta información se divide en aquella que ya está pública y que puede consultarse mediante los sitios web del gobierno (lo que se denomina transparencia activa) o bien solicitarse por ventanilla única en cada uno de los servicios o directamente en el portal para la transparencia que depende del Consejo para la Transparencia (lo que denominamos transparencia pasiva)", explicó el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia Administrativa.
Parlamentarios
Por su parte el senador por la región de Antofagasta, Pedro Araya, manifestó que el acceso a la información pública es un derecho que tienen todos los ciudadanos y permite que la ciudadanía pueda conocer las decisiones de la administración pública y cuáles son los fundamentos de ellas.
"En muchas ocasiones la gente no sabe por qué la autoridad decidió tal o cual cosa. A través del acceso a la información se puede saber más sobre estas materias", expresó el parlamentario.
Al respecto el senador añadió que es importante que la gente pueda utilizar esta herramienta, "porque le entrega mayor poder respecto de como se ponderan las decisiones públicas".
En relación al por qué el bajo número de solicitudes emanadas desde la región de Antofagasta, Araya enfatizó en que una de las razones se debería a que en la región Metropolitana se concentran casi todas las organizaciones que tienen relación con Transparencia o que bien fiscalizan fuertemente la labor del Ejecutivo.
En este sentido el diputado Felipe Ward también destacó las ventajas que posee el hecho de contar con una normativa como ésta y precisó que con el tiempo se van a ir incrementando las solicitudes y de audiencias.
"Creo que esta es una buena normativa y espero que esto implique un mejor contacto y mayor información para la ciudadanía respecto a lo que está ocurriendo en el plano público", declaró Ward.
En este contexto otra de las diputadas de la Región, Paulina Núñez, manifestó que este instrumento es beneficioso para que la comunidad en general esté informada sobre el actuar de los organismos públicos.
"La Ley de Transparencia es un buen instrumento para que la comunidad se informe y la baja utilización se debe revertir, es tarea de todos para avanzar en mayor probidad y transparencia sobre todo cuando hablamos de instituciones públicas", declaró la diputada.
Es así que quien también se refirió a estas cifras y a cómo ha funcionado esta normativa es el diputado Marcos Espinosa.
El congresista sostuvo que el fortalecimiento de la democracia radica en la fiscalización y el control ciudadano. Por lo que este mecanismo permite a los ciudadanos pedir información y junto con eso también se pueden realizar denuncias.
"Este instrumento es muy valioso porque permite que los ciudadanos no solamente sean sujetos pasivos de la fiscalización de las acciones del gobierno y sus representantes, sino que también se transformen en sujetos activos, fiscalizadores y controladores de la labor del ejecutivo", manifestó Espinosa.
En relación a las bajas cifras que presenta la región, en materia de consultas utilizando la Ley de Transparencia o el portal del Consejo para la Transparencia, el diputado realizó un llamado a la ciudadanía para utilice este instrumento de fiscalización pública.
"Es importante que los ciudadanos que no pertenezcan a organizaciones sociales o funcionales también puedan ejercer este tipo de control por la vía de la Ley de Transparencia, que es un mecanismo bastante fácil y expedito que se puede realizar vía internet o bien de manera presencial. Este es un aspecto que debemos fortalecer, estimular e incrementar", finalizó el diputado.
31 solicitudes de información fueron requeridas a los distintos estamentos públicos desde la región de Antofagasta, alcanzando un 2,16%, posicionándola como una de las que menos utilización realiza del sistema.
1.343 requerimientos en que la Presidenta de la República, Michelle Bachellet, promulgó la Ley 20.285 o más conocida como Ley de Transparencia sobre Derecho de Acceso a la Información Pública.