Secciones

Javiera Blanco: "Nunca recibí ningún tipo de sobresueldo"

DESFALCO. La ex subsecretaria de Carabineros dijo que no sabía de la lista con los nombres de quienes supuestamente habían recibido pagos y en la que figura el suyo.
E-mail Compartir

Carolina Collins

La ex subsecretaria de Carabineros Javiera Blanco, negó ayer haber recibido sobresueldos de los fondos reservados de esa institución, como lo indicaba la lista con los nombres de los supuestos involucrados que entregó uno de los imputados por el millonario fraude.

La actual consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ex ministra aseguró que, hasta que apareció en la prensa, nunca supo de la existencia de esa lista. "Accedí a esa información igual que ustedes, nunca supe de listas, entiendo que la institución tampoco (...), pero sí le puedo decir que como subsecretaria nunca recibí ningún tipo de sobresueldo", dijo en el Congreso.

En la lista mencionada también aparecen miembros del alto mando -como el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, y los ex directores Eduardo Gordon y Gustavo González- y el senador Felipe Harboe (PPD).

Generales lo negaron

La ex ministra Blanco destacó que en la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados celebrada el lunes, "los propios generales directores señalaron que nunca se había pagado un sobresueldo a un funcionario público, por lo menos a los subsecretarios".

"Y así como el senador (Felipe) Harboe ha señalado que nunca recibió, lo mismo he señalado y me tocó señalárselo al fiscal en su minuto, nunca", dijo Blanco, quien declaró como testigo el pasado 10 de mayo ante el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos.

La consejera del CDE dijo también que si es citada a la comisión investigadora del fraude, acudirá. "No me ha llegado ningún tipo de citación, pero, por supuesto, hay señalar que en cada una de las instancias que se me ha invitado a participar, siempre he estado disponible a hacerlo", sostuvo Blanco, que ayer asistió a la instancia parlamentaria que indaga el caso OAS, por eventuales irregularidades en financiamiento extranjero de campaña.

Fraude suma 52 imputados

Por otro lado, cinco ex carabineros y tres civiles fueron formalizados ayer en el Séptimo Juzgado de Garantía por su presunta participación en el fraude en Carabineros.

Pese a que originalmente iban a ser formalizadas 14 personas, finalmente sólo llegaron ocho de ellas, imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos. Quienes no se presentaron serán formalizados el 24 de junio.

El persecutor detalló en la audiencia que los imputados crearon cuentas corrientes y de ahorro con el fin de malversar los dineros que les eran transferidos desde las cuentas institucionales. Esos montos luego eran retirados "fraccionados y entregados a otros imputados de la organización".

Entre los formalizados de ayer estaba el ex mayor Alejandro Ponce, quien habría recibido 10 pagos por $449 millones entre 2010 y 2011 y quedó con arresto domiciliario total.

Con la audiencia, el número de imputados por el desfalco, que hasta ahora asciende a $17.500 millones, se eleva a 52 y podría seguir creciendo, según prevé el fiscal Campos.

La Cámara debate darle más facultades a Fiscalía en los delitos tributarios

MOCIÓN. Ministro de Hacienda considera que el proyecto es inconstitucional.
E-mail Compartir

La Sala de la Cámara de Diputados comenzó ayer el debate del proyecto que busca dar mayores facultades al Ministerio Público para que pueda querellarse por delitos tributarios, atribución que actualmente sólo tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La iniciativa fue presentada a la Sala a través de los informes de las Comisiones de Hacienda y de Constitución, los que fueron rendidos por los diputados Manuel Monsalve (PS) y Fuad Chahin (DC), respectivamente.

En ambas instancias, la iniciativa que nació de una moción, tuvo diferentes resultados, ya que mientras la de Hacienda propuso rechazar la idea de legislar (el pasado 7 de mayo) por una amplia mayoría (sólo un diputado votó a favor), Constitución recomendó su aprobación (9 de mayo) por ocho votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

Distintas posturas

El proyecto permanecía en el Parlamento sin terminar su tramitación hace dos años, y busca quitarle la actual exclusividad al SII, debate que ha revivido con los casos vinculados al financiamiento irregular en la política que ha perseguido el Ministerio Público en los últimos años.

La moción ha enfrentado al Gobierno y el Parlamento, pues desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha insistido en que el proyecto es inconstitucional por tratarse de una atribución exclusiva del Presidente de la República el asignar los roles y funciones de los funcionarios públicos.

"es inadmisible"

"A nuestro juicio es que esta moción es inadmisible porque invade materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en particular en lo que se refiere en suprimir y determinar funciones y atribuciones de los servicios públicos del Estado", dijo el secretario de Estado, que participó en la discusión y que usó como argumento el artículo 65, inciso cuarto número 2 de la Constitución.

Valdés recalcó que el Servicio no ejerce su facultad en forma aleatoria o arbitraria y destacó que no avanzar por la vía penal no implica impunidad, por cuanto se hacen valer las responsabilidades infraccionales.

Parlamentarios de la UDI se mostraron en contra de la iniciativa, mientras que los diputados de la Nm abogaron a favor, por considerar que contribuye a la transparencia y probidad.

La Justicia declara culpables a imputados por el crimen del detective Franco Collao

E-mail Compartir

El Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago declaró ayer culpables a los cinco imputados por la muerte del subcomisario de la PDI, Franco Collao, ocurrido en diciembre de 2015, mientras la víctima intentaba repeler un asalto en una juguetería en Santiago cuando realizaba compras navideñas junto a su esposa. Nelson Núñez, Pablo Letelier, Daniel Olivares, Esteban Medina, arriesgan cadena perpetua; mientras que Carlos Cataldo podría recibir hasta 20 años de prisión por su participación como taxista en el robo. El próximo 9 de junio será la lectura de sentencia en contra de los cinco imputados.

Renuncia jueza designada por Chile ante La Haya por litigio con Bolivia

E-mail Compartir

La Corte Internacional de Justicia de La Haya informó ayer a la Cancillería que la abogada canadiense Louise Arbour, renunció a su cargo de jueza ad hoc de Chile en la demanda marítima que interpuso Bolivia ante el tribunal. Esto luego de que el pasado 9 de marzo, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, anunciara que la profesional había sido designada como representante especial del secretario general de la ONU para la Migración Internacional. "Esa importante posición impone una carga de trabajo de tal magnitud que hace incompatible su continuación en el presente caso", expuso la Cancillería en un comunicado. La persona del juez ad hoc es propuesta por el país y su nombramiento está sujeto a un procedimiento ante el tribunal y las partes no pueden hacer públicos los nombres de los jueces ad hoc hasta que la Corte así lo determine. "La persona propuesta por Chile satisfará los más elevados estándares jurídicos", aseguró el Ministerio de RR.EE.


PRI se querella contra timonel del PC y éste acusa una "acción mediática"

Un grupo de abogados del PRI presentó ayer una querella criminal en contra del presidente del PC, Guillermo Teillier, por delitos de contrato simulado, estafa y falsificación, entre otros, acción que también apunta a José Ricardo Solé, miembro del Comité Central del partido, y a otros personeros como Ricardo Enrique Castro y Pablo Andrés González. Según detalló a Emol el abogado y secretario general del PRI, Eduardo Salas, tanto Teillier como Solé habrían "realizado una serie de contratos simulados desde que se constituyó la Sociedad de Inversiones Progreso SpA" y con esto "se defraudó al Estado, al Servel y a la Ley de Partidos Políticos. Además, se defraudó a los 50 mil o más militantes del PC. "Más que ante una acción judicial, estamos ante una acción mediática que pretende hacer creer que el Partido Comunista cometió alguna irregularidad", dijo a "El Siglo" el diputado Teillier, que aseguró que la venta de inmuebles del PC, "se trató de un trámite legal y limpio".