Cristian Bruna Castillo

Debido a la serie de reclamos hechos por los comerciantes establecidos, principalmente por la proliferación de ilegales, el municipio decidió llevar adelante un plan que involucra a Carabineros, Servicio de Salud de Antofagasta y la Policía de Investigaciones.

Sobre este tema la administradora municipal, Tamara Aguilera explicó que se realizó la fiscalización como un operativo conjunto y que se relacionaba con el brote de hepatitis anunciado por las autoridades de salud de la región.

"Sabemos que las carnes que se expenden en los carritos de supermercado en el centro provienen de la feria y no tienen ninguna cadena del frío y están en malas condiciones, incluso en el suelo en bandejas plásticas. No tienen ninguna condición de salubridad. Esa fue la principal situación que nosotros evaluamos como municipio", explicó.

Al mismo tiempo agregó que los mismos vecinos del sector afectado, fueron los que pidieron que se realizara el proceso, esto por "reclamos constantes por que no dejan salir a los vehículos o a la propia gente".

Evaluación

Sobre la evaluación del trabajo en terreno realizado el fin de semana, Aguilera destacó que hay que tener en cuenta que en la feria existen hoy más de mil comerciantes ambulantes ilegales, lo que es una cifra compleja al momento de erradicarlos en un corto plazo.

"Estas personas no pagan ningún tipo de permiso o regularización. El municipio se tiene que hacer cargo de eso. Ahora en cuanto a la efectividad de esto, si no se hace de manera periódica no van a dar el resultado esperado. Queremos decirle a la comunidad que estamos buscando que exista un orden con respecto a las ferias, por tanto esperamos que los operativos se hagan de manera regular, pero de manera conjunta. Esto es con la colaboración de todas las autoridades", dijo.

Sobre la situación de los permisos, se explicó que actualmente se encuentran suspendidos por parte del municipio. "Nuestra administración no está dando patentes u otros permisos para el comercio ambulante. Creo que así lo mantendremos", manifestó.

Como un camino que recién comienza y que esperan de resultados positivos en el largo plazo, fue calificado por el municipio el proceso de fiscalización realizado el fin de semana, al comercio ambulante de la feria de las pulgas de Calama.

En menos de una semana el jardín infantil Arco Iris, ubicado en la población Prat, sufrió tres robos en los cuales los involucrados sustrajeron computadores, material didáctico y hasta la comida de los alumnos incluyendo la leche.

Hechos que no son inusuales, pues el año pasado se registraron 12 casos, es por esto que la Fundación Integra, a la cual pertenece el recinto, contratará guardias de seguridad nocturnos para evitar que sigan ocurriendo.

Así lo confirmó la directora regional de Integra, Lidia Julio, quien declaro que "en virtud de los robos y daños que últimamente han afectado considerablemente a nuestro jardín Arco Iris, esta dirección regional se encuentra gestionando la contratación de un sistema de seguridad que permita resolver la situación que nos afecta".

Agregando que se está evaluando si serán dos o más los profesionales, quienes deberían estar a en funcionamiento en junio. Lo que implica un gasto adicional para la fundación, ya que se trabajan con un presupuesto anual, sin embargo ante la eventualidad se adaptarán los recursos para darle mayor protección a los pequeños, sus familiares y al personal.

Es por ello que la directora regional también realizó un llamado a toda la comunidad, a velar por el resguardo de los establecimientos educacionales "pues sabemos que significan un actor relevante en las vidas y principalmente una fuente de desarrollo, juego y bienestar para nuestros niños y niñas".

Esta iniciativa es una réplica a la aplicada en el jardín Semillita, en donde se han efectuado diversos actos vandálicos que incluyen destrucción total de las aulas de clases e incluso en una ocasión los involucrados defecaron en las cunas de los bebes además de clavar cuchillos en las puertas, según especificó su directora, Mónica Peña.

"Los robos eran constantes, teníamos que llevarnos el material para las casas para su resguardo, pero una vez que pudimos contar con la presencia de los guardias, más la instalación de las cámaras de seguridad, que graban las acciones durante todo el día, éstos dejaron de suceder lo cual es un alivio para toda la comunidad educativa", puntualizó la educadora.

Conforme al fallo decretado por el Tribunal Laboral de Letras de Calama, y amparados en mantener la legalidad del proceso administrativo, los trabajadores de la División Radomiro Tomic de Codelco, iniciaron el proceso de votación de una nueva directiva.

Según explicó el vocero y delegado de los trabajadores, Alexander Silva, esta situación se mantiene dentro de los cánones establecidos por tribunales. "Nosotros nos basamos en el dictamen del juez por la primera demanda en contra de los dirigentes Este dictamen indica que todo lo que hemos hecho está dentro de la legalidad y nos respalda completamente. El tema es que una de las cosas que nos piden en el juzgado es que sigamos con el proceso, y eso es lo que hacemos", declaró.

Este proceso se desencadenó en diciembre del año pasado con la renuncia de algunos dirigentes. A ellos se sumó el malestar de los trabajadores por lo que ellos aducen como aprobación de materias que no fueron consultadas a las bases.

"Desde que presentaron su renuncia el 13 de diciembre del 2016, quedaron inhabilitados para ejercer el cargo. Lo que correspondía era hacer elección del nuevo directorio para hacer frente a las demandas de dirigentes que no quieren dejar el cargo. Hoy tenemos el apoyo de un juez de la república y también de la gente", agregó.

Censura

El conflicto entre trabajadores y dirigentes escaló a tal grado que incluso los trabajadores votaron la censura de los directivos, obteniendo más de un 54% de aprobación.

"Esta gente ha desconocido todos los mandatos de las bases. Hemos hecho 4 o 5 votaciones, reforma de estatutos y censura con más de 50% de los trabajadores votando. Y al final los dirigentes lo han desconocido diciendo que son sólo un grupo de personas que están manipulando esto, desconociendo completamente el sentir de las bases", sostuvo Silva.

La nueva directiva tendrá una vigencia hasta septiembre de 2018. El proceso de votación se desarrolla en el Sindicato de Supervisores de RT y en la notaría Ana Bonett.