El proyecto que termina con el tránsito de sustancias minerales y peligrosas en camiones por las vías urbanas y carreteras de la región de Antofagasta, traslado que deberá someterse a un Estudio de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación (SEA), completó ayer su primer trámite constitucional con la aprobación unánime en la sala de la Cámara de Diputados.

La nueva normativa propuesta por el diputado Marcos Espinosa y que regula, entre otros, el traslado del concentrado de cobre, ya había sido aprobada en la Comisión de Minería, debiendo ahora completar su segundo trámite legislativo en el Senado.

Reducir el impacto

"Con este proyecto buscamos, en particular, disminuir cualquier fuente de contaminación para los habitantes de este territorio, prohibiendo el tránsito de camiones con concentrado de cobre y otros minerales o sustancias peligrosas, cubiertos con mallas o carpas, que en absoluto aseguran que éstos productos no dañen la salud de las personas", explicó el parlamentario radical.

El también presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, agregó que los estudios avalan sustancialmente la presentación de una ley que obligue a las empresas mineras a someter estos transportes a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) modificando la ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente sobre el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales, estableciendo normas para el desarrollo de esta actividad, que hoy solo debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La iniciativa, entre otros puntos, busca que los titulares de los proyectos que impliquen carga o descarga de concentrado de mineral deberán informar por escrito de tal hecho al ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a la municipalidad respectiva.

La propuesta de Espinosa especifica, además, que dentro de los quince días hábiles siguientes a la comunicación, esta última autoridad deberá disponer el establecimiento de rutas por las que transitarán los vehículos que transporten concentrado de mineral, empleando para su diseño los criterios de evasión del transporte por área urbana, baja densidad poblacional y vehicular en horario de uso de la ruta más expedita cuando se deba ingresar al área urbana. La normativa permitiría, además, multar a los potenciales infractores.

Los cinco nuevos integrantes del sindicato de la división Radomiro Tomic, definirán hoy los cargos del directorio, que fue elegido la semana pasada por los trabajadores de la minera de Codelco. Proceso que ahora debe esperar por el falló de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, luego que los dirigentes anteriores acusaran a los trabajadores de práctica antisindical.

Génesis del conflicto

La votación para renovar el directorio tuvo lugar luego de la controversia que surgió entre los sindicalistas y las bases a fines del año 2016, tras la negociación de un bono para prorrogar la jornada extraordinaria 7x7 en la cuprífera estatal, el que se condicionó a un acuerdo de Productividad y Mejores Prácticas, que los trabajadores desconocían, lo que generó el conflicto, que desencadenó la renuncia de tres de los dirigentes y la solicitud de censura de los dos restantes.

Nuevos dirigentes

En la votación participaron 418 integrantes del rol general, quienes se inclinaron por los trabajadores Manuel Sánchez, como primera mayoría; Marcelo Robles, Alexander Silva, Carlos Riquelme y Eduardo Lagos.

Proceso que los trabajadores consideraron exitoso, pese a los llamados a no participar de la anterior directiva.

Sobre la manera en que la nueva directiva tomará posesión del sindicato, Alexander Silva explicó que "ahora estamos esperando la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, respecto de la primera demanda por práctica antisindical presentada por los ahora exdirigentes, en la que esperamos que nuevamente nos den la razón".

Silva agregó que existe otra demanda de parte del mismo grupo de dirigentes, para la que pidieron que el tribunal se declare incompetente, pues no corresponde que un tribunal laboral resuelva temas eleccionarios. Acción que también sería llevada a una apelación.

Consultada la administración de Codelco sobre la nueva directiva del sindicato y si está será reconocida, la minera declinó referirse a la materia.

Cristián Venegas M.

Los diputados e integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Paulina Núñez (RN) y Felipe Ward (UDI), anunciaron que, en virtud de los establecido por la auditoria a Codelco del periodo 2013-2015 realizada por la Contraloría, se querellarán por el eventual fraude al Fisco y negociación incompatible al interior de minera estatal.

Asignaciones directas

La iniciativa legal, explicó Ward, "tiene que ver con los contratos asignados directamente, contratos entre parientes y con los ejecutivos que, además de recibir un sueldo en Codelco, le prestan servicios como empresas contratistas". Acuerdos que superan los 780 millones de pesos, según detalla el informe presentado por el contralor general Jorge Bermúdez.

En este contexto, el parlamentario dijo que si bien hay un intento por tener más probidad y transparencia en la minera, esfuerzo que han encabezado los últimos directorios, "en la práctica no se ha concretado en la erradicación de la corrupción, porque hoy día sigue existiendo en Codelco, pese al esfuerzo que se ha realizado", lamentó.

"Yo defiendo a Codelco como una empresa cien por ciento estatal y lo haré siempre, pero la Corporación es una empresa que está sometida, como el resto de las empresas públicas, a los dictámenes de la Contraloría y el que para Codelco los dictámenes de la Contraloría sean sugerencias, lo encuentro gravísimo. Yo, por lo menos, no estoy dispuesto a aceptar eso", advirtió el congresista.

Ward, consultado sobre si es necesario hacer modificaciones legislativas para evitar este tipo de situaciones al interior de la Corporación, fue enfático en sostener que no, pues "la ley es clara y lo único que hay que hacer es cambiar las conductas en Codelco y esta auditoria creo que va a servir para eso, porque la gran mayoría de las asignaciones se hacían a través de trato directo. No hay ningún tipo de fiscalización", recalcó.

Proteger los recursos

Paulina Núñez, por su parte, dijo que tras la presentación del contralor en la Comisión de Minería de la Cámara, "valoro que por fin alguien le haya puesto el cascabel al gato y la auditoría de la Contraloría sirva para que Codelco cuide los recursos que son de todos los chilenos", y agregó que "el único interés que pretendemos proteger es el interés público de la empresa y conociendo los resultados de la auditoría llegamos a la conclusión que son suficientes para querellarnos por el eventual fraude al Fisco y negociación incompatible", detalló la abogada, sobre la querella que sería presentada la próxima semana junto con el también diputado Issa Kort (UDI).

millones en contratos por asignación directa, detectó la auditoria a Codelco, durante los años 2013-2015. $783