El Banco Mundial (BM) anunció ayer la concesión de un préstamo de US$80 millones para mejorar el tratamiento de enfermedades crónicas en Chile, que se espera beneficie a 80 millones de personas de aquí a 2023.

El Proyecto de Apoyo al Sector Salud, busca mejorar la eficiencia de los servicios públicos de salud y la calidad de la atención, especialmente para los pacientes con enfermedades no transmisibles, apuntó el BM en nota de prensa.

Actualmente, agregó, "en Chile predominan las condiciones crónicas como la hipertensión, diabetes, asma o cáncer, sobre todo en los mayores de 65 años, grupo que ha crecido de 6 a 11 por ciento del total de la población entre 1990 y 2015".

Un estudio reciente del Banco Mundial identificó que podrían darse importantes ganancias de eficiencia si se incorporaran enfoques en salud primaria, sobre todo de prevención y manejo adecuado de casos crónicos.

De hecho, se calculó que se podría reducir la mortalidad prematura en un 8 a 13 %, si todos los Servicios de Salud operaran en los niveles de los que lo hacen con mayor eficiencia.

"El redireccionamiento de los esfuerzos e inversiones podría lograr ganancias en eficiencias y mejoras de la salud de los pacientes con enfermedades no trasmisibles", afirmó Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Rodríguez subrayó "el especial impacto positivo en los pacientes que tengan necesidades complejas, reduciendo los requerimientos de terapias intensivas al haber prevenido mejor o haber obtenido un manejo temprano y adecuado de estas enfermedades".

Dentro del proyecto, se contempla "establecer unidades de manejo de casos crónicos en los hospitales y servicios de salud para darles seguimiento, servicios de telemedicina para alcanzar a más pacientes".

Carolina Collins

A presidio perpetuo fue condenado ayer, por el Cuatro Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, Esteban Medina Vásquez, sindicado como el autor de los disparos que le quitaron la vida al subcomisario de la PDI Franco Collao en diciembre de 2015, cuando intentaba impedir un asalto a una juguetería en Santiago.

Los otros tres coautores, Nelson Núñez Letelier, Pablo Letelier Fica y Daniel Olivares Severino, recibieron una condena de 18 años de presidio efectivo.

Carlos Cataldo Saavedra, quien actuó como chofer del vehículo que transportaba a los asaltantes ese día, recibió una condena de 16 años en prisión.

La posición de la defensa

La defensa de los cuatro autores del crimen del subcomisario de la PDI anunciaron que apelarán a la resolución del tribunal respecto de los coautores y el chofer, puesto que, según argumentaron, debieron haber sido enjuiciados sólo por el asalto y no por el asesinato del detective.

El abogado de Olivares, Pedro Castro, explicó a Cooperativa que "lo que nosotros estamos discutiendo es la comunicabilidad del dolo y que sea condenado sólo por el robo que ocurrió dentro del lugar y no el hecho que ocurrió después con la muerte del funcionario policial".

Fiscalía insatisfecha

El fiscal Marcelo Leiva, de la zona metropolitana Centro-Norte, así como el abogado del Ministerio del Interior, Luis Correa, anunciaron que estudiarían presentar un recurso de nulidad de la sentencia que sería presentado dentro de los próximos días.

Según anunciaron ambas partes intervinientes en el proceso, esto lo harían porque consideran que la sentencia en contra de los cómplices es insuficiente teniendo en cuenta la gravedad del delito.

Leiva expresó que "estamos parcialmente conformes, entendemos que el tribunal impuso las penas más altas de nuestro ordenamiento al autor material del homicidio del funcionario". "Pretendíamos también penas más altas respecto de los otros coautores, pero entendemos que es muy ejemplar", agregó.

Y puntualizó que "no compartimos la calificación jurídica que ha dado el tribunal respecto del caso específico de si el subcomisario se encontraba o no en acto de servicio, es una cuestión que vamos a evaluar".

Los hechos

El crimen ocurrió el jueves 17 de diciembre de 2015, muy cerca de la Navidad, cuando el subcomisario Franco Collao, de 38 años, y su esposa, entonces embarazada de seis meses, estaban comprando juguetes en el local comercial "La Bodeguita" ubicado en calle Erasmo Escala, en Estación Central.

La balacera

Según detalló el fiscal Leiva, los imputados ingresaron al local a rostro descubierto y portando armas de fuego, con las que intimidaron a los dependientes y les exigieron que entregaran el dinero recaudado. Esto fue notado por Collao, quien pese a que estaba en el lugar como cliente, intentó repeler el asalto.

Al darse a la fuga, los delincuentes fueron perseguidos por el detective, desatándose un intercambio de disparos en el que recibió un impacto de bala en el tórax, que fue el que le causó la muerte.

El funcionario policial murió mientras recibía atención médica de urgencia.

La Policía española detuvo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a un ciudadano chileno que era buscado por un homicidio ocurrido en Valparaíso tras una pelea en una discoteca.

La detención se produjo en el momento de la llegada del presunto homicida al aeropuerto barcelonés en un vuelo procedente de París, informó ayer la Policía de ese país.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades chilenas, el pasado 12 de mayo el arrestado, acompañado de otros dos individuos, habría disparado en repetidas ocasiones contra un vehículo en el que iban dos personas, lo que causó la muerte de uno de sus ocupantes y graves heridas a otro.

En el incidente ocurrido en la calle Errázuriz de Valparaíso, Nicolás Jelvez (29) recibió un disparo en la cabeza que le causó la muerte mientras era trasladado al Hospital Carlos van Buren de esa ciudad.

Ignacio Pérez (25) en tanto, llegó a ese recinto asistencial con un disparo en su pierna derecha y otro brazo izquierdo.

Una vez recibida la información de la llegada del fugado a España, y después de comprobar la existencia de una Orden Internacional de Detención para extradición dictada por Interpol, los agentes españoles lo arrestaron.

Hasta tres años de cárcel arriesga María Luisa Rodríguez, la monja del Colegio Virgen de Pompeya de Santiago que fue denunciada de haber agredido a un alumno de sexto básico de 11 años. Tras ser detenida, fue formalizada ayer por el delito de lesiones menos graves y leves en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y, pese a que quedó en libertad, tiene prohibición de acercarse al menor. La agresión habría ocurrido cuando el menor afectado peleaba con un compañero, por lo que la monja le dio una cachetada. Sus compañeros denunciaron el hecho a la dirección y los padres posteriormente ante la 47° Comisaría de Carabineros de Los Dominicos. El caso se da en el marco de la nueva ley de maltrato infantil. El fiscal Marcelo Miranda explicó que ésta "estableció esta nueva norma que sanciona este tipo de conductas, que es un maltrato relevante, con penas de prisión que van de 61 a 540 días, incluso hasta penas de tres años de cárcel".