El diputado Marcos Espinosa informó que la próxima semana se definirán los integrantes de la comisión investigadora de Codelco, cuya creación fue aprobada el martes en el Congreso. Instancia que el congresista espera sea integrada por los parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, por su mayor grado de conocimiento de la cuprífera.

"Sería lo ideal que fuera integrada por diputados de la comisión, aunque la puede integrar cualquier parlamentario, de acuerdo a las decisiones que adopten cada una de las bancadas. En total, son 13 congresistas los que compondrán este organismo", detalló.

"es necesaria"

Espinosa, consultado sobre la creación de esta instancia investigativa, dijo que "a la luz de los dictámenes que ha emitido la Contraloría y los argumentos que han sido presentados por el presidente ejecutivo y el presidente del directorio de Codelco; creo que es necesario hacer una instancia de investigación donde se puedan conocer los testimonios de los ejecutivos, directivos, y el contralor general de la República".

Comisión cuyas citaciones tienen el carácter de "imperativo" dijo el diputado radical, quien explicó que "el recabar y solicitar información tiene un carácter distinto, porque los citados están obligados a asistir, porque la idea fundamental es aclarar todo lo relativo a contratos y finiquitos".

En este sentido, Espinosa añadió que "vamos a velar siempre porque la estructura de Codelco siga siendo cien por ciento estatal y que las prácticas de probidad sean las que marquen su itinerario de funcionamiento".

Primeras citaciones

Por su parte, la diputada Paulina Núñez (RN) valoró la aprobación del organismo investigador y el hecho que el apoyo fuera transversal, pues "demuestra que hay voluntad política de que esto se aclare", e informó que espera que la próxima semana, cuando parta la comisión, se cite a quienes han sido nombrados en el informe de Contraloría, a la ministra de Minería (Aurora Williams), el presidente ejecutivo de Codelco (Nelson Pizarro) y el presidente del directorio de la estatal (Óscar Landerretche).

Núñez dijo además que "espera que con la misma voluntad política y transversalidad de cómo se aprobó esta comisión investigadora en el Congreso, podamos invitar y citar a esta instancia y entregar un informe contundente".

"queremos contribuir"

El diputado Felipe Ward (UDI), en tanto, que junto a Paulina Núñez integran también la Comisión de Minería y Energía, sostuvo que "la auditoría que realizó la Contraloría a Codelco y que se hizo a petición de Chile Vamos, ni siquiera abarca el 1% de los contratos, por eso nos parece muy útil que esto se investigue en tribunales, además de las responsabilidades político administrativas que estén involucradas".

En este sentido agregó que "cada instancia, los tribunales, las presentaciones que se han hecho por parte de la Nueva Mayoría, y también la comisión investigadora, finalmente contribuyen como insumos para evitar que estas prácticas y eventualmente ilegalidades ocurran nuevamente en Codelco (…) Lo que ha hecho la Contraloría es abrir la puerta de una investigación en la que todos queremos contribuir".

Cristián Venegas M.

Cuatro son los casos constitutivos de delito en Codelco por los que los diputados de la región Paulina Núñez (RN) y Felipe Ward (UDI) se querellaron, con el fin de establecer si existió fraude al Fisco; negociación incompatible y tráfico de influencias. Entre estos acuerdos están los celebrados entre la minera y las empresas Hatch, Fundación Chile, Schwager Services y Sistema Consultores.

Los antecedentes de los contratos cuestionados fueron entregados al Ministerio Público, organismo que debería formalizar una investigación a través de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, además de oficiar a la Contraloría, a fin que se informe quiénes fueron los funcionarios que realizaron la fiscalización, con el fin de ser citados a prestar su declaración.

31 mil millones

Respecto de Hatch, la Contraloría detectó contrataciones realizadas con personas relacionadas, pese a que las empresas del Estado no pueden suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco cuando sean gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades.

En este caso, Contraloría acreditó que existe relación de parentesco entre quien suscribe el contrato en representación de Codelco, es decir, Francisco Casas Cánepa, y Fernando Vivanco Giesen, representante legal de la empresa Hatch, siendo el primero yerno del segundo. Querella que detalla, además, que el total de los montos suman sobre 31 mil millones de pesos.

La querella explica que la auditoría a Codelco da cuenta de tres momentos contractuales de la empresa en el proyecto mina Chuquicamata Subterránea (PMCHS): uno para iniciar los estudios de ingeniería básica, y los otros dos para la ingeniería de detalle. La ingeniería básica fue adjudicada mediante licitación privada, resultando electa Hatch por sobre otros proponentes. Sin embargo, en las dos últimas contrataciones las adjudicaciones se hicieron mediante trato directo.

Las conclusiones de la auditoría dan cuenta que no consta la existencia de análisis que advierta ventajas de contratar con la citada empresa, toda vez que ella no ofrecía los menores costos ni tenía antecedentes de eficacia, dado que durante la ejecución de la ingeniería básica la empresa tuvo una demora superior a un año y con mayores costos para la cuprífera estatal.

Contrato estaba resuelto

En el caso de la Fundación Chile, la acción legal detalla que se detectó una contratación directa, denominada "Contrato de Desarrollo, Transferencia y Asesoría en Tecnología e Innovación", fundada en la razonabilidad de los precios y en su especificidad. Sin embargo, el informe de auditoría señala que ni los servicios eran suficientemente específicos ni los precios suficientemente razonables.

Lo más grave, detalla el documento, es que se acreditó que los servicios iniciaron antes de las aprobaciones de contratación directa, de modo tal que la contratación con este oferente estaba resuelta antes de que se terminara el procedimiento de aprobación de la contratación por trato directo.

mantenimiento

En lo que respecta a Schwager Services S.A., también se detectó un trato directo en el contrato "Enlace servicio apoyo al mantenimiento planta concentradora", sin la necesaria justificación. Al igual que ocurrió con la Fundación Chile, los tratos directos celebrados no cuentan con informes de razonabilidad debidamente elaborados. Se constató, además, que hubo hitos fuera de plazo respecto de los cuales no hubo aplicación de multas. No es claro que los servicios hayan sido necesarios ni totalmente prestado en tiempo y forma, agrega la querella.

Análisis deficiente

El cuarto contrato cuestionado, es el que Codelco celebró por 33 millones de pesos con Sistema Consultores Limitada. Sobre este punto, la acción judicial explica que este contrato, llamado "Análisis sistémico de variables políticas", también se hizo por trato directo y por servicios cuya duración ascendieron a 12 meses.

Los motivos para asignar por parte de Codelco, nuevamente, fueron en función de experiencia y razonabilidad del precio sin que se pudiera acreditar fehacientemente que dichos criterios se cumplieron en este caso concreto.

La Contraloría pudo acreditar, teniendo a la vista los informes elaborados, que ellos constaban de "información general obtenida de los medios de comunicación social, presentada en los informes casi de la misma forma en que ella fue extraída, no advirtiéndose que den cuenta de que se haya ejecutado el trabajo de "Análisis sistémico de la variable políticas laboral de la realidad nacional y aquellas del ámbito internacional que son relevantes para Codelco".

La denuncia especifica, además, que se acreditó que el "análisis" no se relacionaba con variables de orden laboral ni con asuntos de orden internacional, sino que constaban de simples resúmenes de contingencia nacional, donde prácticamente no se tocaban temáticas laborales. Así, la Contraloría pudo concluir que lo efectivamente realizado por el contratista no tuvo relación con lo contratado originalmente, no dándose cumplimiento, entonces, al contrato en cuestión.