La Coordinadora Nacional de Inmigrantes cifró en más de mil los asistentes a la marcha que ayer recorrió Santiago en contra del racismo y por una nueva ley migratoria, ya que la actual data de 1975.

La petición de una nueva normativa "es simple y llanamente una cuestión posible, factible, que demanda todo el país: la necesidad de una reforma migratoria", afirmó a radio Cooperativa el presidente de la coordinadora, Rodolfo Noriega.

Esto "implica una nueva ley, pero, además, medidas concretas y de corto plazo que hoy día se pueden dar para avanzar hacia la regularización de los extranjeros en el país", sostuvo el representante de la organización que además coordinó marchas en Arica, Antofagasta y Valparaíso.

"La Subsecretaría del Interior reconoció la existencia de 36 mil niños en los colegios que están de manera irregular. Eso daría cuenta de más de 100 mil personas de manera irregular en el país", subrayó Noriega.

Valeria Barahona

Después de trascender a la prensa la decisión de la Corte Suprema de rebajar de 26 a 18 años la condena a Mauricio Ortega, declarado culpable de golpear con piedras a Nabila Rifo, arrancar sus globos oculares con un objeto cortopunzante y luego abandonarla en una calle de Coyhaique; a causa de la acogida parcial del recurso de nulidad presentado por la defensa ante el tribunal, la madre de la víctima, Noelia Ruiz, afirmó con desazón que "uno no puede hacer nada".

Los jueces acordaron desestimar que la agresión ocurrida el 14 de mayo de 2016 en la capital de la Región de Aysén correspondiera a un "femicidio frustrado" y reemplazaron la pena asociada, por la que corresponde a "lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar", restándole ocho años de prisión. El fallo sería oficializado mañana martes.

"Yo no estoy de acuerdo con esto, porque a mi hija le hicieron algo muy grave", dijo Ruiz a radio Cooperativa.

"Creo que es justo que la persona que hace las cosas tiene que pagar los años que le pidan", agregó la madre de Nabila, a quien la víctima denunció por violencia intrafamiliar tras una discusión ocurrida en los días en que se desarrollaba el juicio.

Sobre cómo tomó su hija la decisión del máximo tribunal, Ruiz afirmó que "ha estado tranquila, pero igual estaba preocupada de qué iba a pasar".

"Por lo que (la Corte Suprema) decida uno no puede hacer nada, si lo deciden así, tiene que aceptarlo nomás", sostuvo Ruiz.

"cómplice"

La abanderada presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ante la información, escribió en su cuenta de Twitter: "¿Cómo entender decisión de la Justicia? Según LaTercera, que se haya golpeado a Nabila Rifo con una roca en su cabeza no es femicidio frustrado".

Minutos más tarde, la candidata agregó que "la justicia no puede seguir siendo cómplice de femicidios. Investigaciones y peritajes no pueden ser tan precarios, así no se construye confianza".

Femicidio frustrado

La abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, Lorena Astudillo, quien acompañó a Rifo durante el juicio, afirmó en Cooperativa que, "de ser cierta dicha baja de condena, parecería tremendamente lamentable la argumentación de la corte, puesto que no estaría acreditado el femicidio frustrado".

"Para nosotras, si hay algo que está completamente acreditado y demostrado es la intención de Mauricio Ortega de matar a Nabila al destrozarle el cráneo, dejarla a las seis de la mañana a la intemperie, a temperaturas bajo cero. Todos los peritos que pasaron por el tribunal dijeron que era motivo de muerte", relató la abogada.

Defensa

El defensor de Mauricio Ortega, el abogado Fernando Acuña, dijo a Emol que "no es el momento de reaccionar, porque es necesario esperar la decisión oficial sobre la cual sí pueden tomar decisiones".

"Son trascendidos y no me puedo hacer cargo de aquello. Tenemos que esperar el día que se conozca la resolución y ahí tendremos una respuesta a la decisión que adopten los jueces", añadió.

El politizado debate sobre el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la comisión investigadora Sename II, que denuncia deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, ha desviado la mirada de la opinión pública de aquello verdaderamente relevante: la situación de la niñez en Chile.

Respecto de los niños que por medidas de protección se encuentran en custodia del Estado o de sus fundaciones colaboradoras, las cifras ya conocidas son demoledoras: 50% de las personas detenidas en Gendarmería alguna vez pasó por un centro del Sename y 1.313 niños murieron en custodia del Estado en un periodo de 11 años.

No obstante, la situación general de la niñez en Chile no resulta mucho más alentadora y las condiciones de desigualdad social son inminentes. Por mencionar algunos ejemplos, pese a la disminución sostenida de la pobreza en Chile durante la última década, la población infantil sigue concentrando los niveles más altos de pobreza.

En Chile, 3 de cada 10 niños experimenta algún tipo de pobreza, ya sea por falta de recursos materiales o porque sus hogares no tienen acceso a bienes y servicios básicos, situación que puede verse empeorada en regiones como La Araucanía, donde 1 de cada 2 niños menores de 6 años viven en situación de pobreza. En materia de educación la situación no es mucho más estimulante, ya que 7 de cada 10 niños que estudian en colegios públicos o subvencionados enfrentan factores sociales y económicos que pueden llevarlos a interrumpir o finalizar sus trayectorias escolares .

¿Estamos realmente dispuestos a proteger los derechos de la infancia? Una rápida mirada a los programas ambulatorios de protección especializada permite comprender que el Estado no está llegando a los niños que más lo necesitan: 102 comunas de Chile no cuentan con programas de protección especializada que funcionen en sus propios territorios y los niños deben movilizarse hacia otras comunas para obtener atención.

Esto resulta particularmente dramático cuando 72 de estas comunas tienen índices de vulnerabilidad escolar superiores al 78%. Existe un sistema de subvenciones que paga a los programas por niño atendido y que tiende a centralizar la oferta en lugares urbanos, donde se concentra mayor población infantil, haciendo que sea más difícil alcanzar la ayuda del Estado para los niños que más lo necesitan: aquellos que viven en lugares aislados.

¿Qué hemos hecho para evitar la institucionalización de los niños más vulnerables? En materia de prevención, el 2015 y pese a la oposición de las organizaciones de la sociedad civil, se decide el cierre de los Proyectos de Prevención Comunitaria, cerrando con ello la posibilidad de prevenir vulneraciones de derecho en el territorio en que habitan los niños, generando un aumento de demanda en los programas de protección especializada, en abierta contradicción con la necesidad de poner fin a la institucionalización de manera progresiva.

Es necesario establecer alternativas territoriales de apoyo a los niños y sus familias, que trasciendan las lógicas de subvención por niño atendido para instalarse desde un enfoque de garantía de derechos en los territorios. No importa cuántas comisiones se armen, ni cuántos informes se aprueben o rechacen, negarse a sostener ese debate en serio, es lisa y llanamente permanecer indiferentes en una profunda ceguera ante la institucionalización de la pobreza.

Daniela Díaz Bórquez

"Pese a la disminución sostenida de la pobreza en Chile durante la última década, la población infantil sigue concentrando los niveles más altos de pobreza"."

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) señaló, ante la llegada del "bus de la libertad" que "el lunes (hoy) sacaremos nuestro propio bus a las calles de Santiago y Valparaíso. Será el 'bus de la diversidad y el respeto', cuyo fin será promover la plena inclusión de las personas LGBTI en el sistema escolar y en toda la sociedad", dijo el presidente de la colectividad, Ramón Gómez. Ambas máquinas recorrerán las calles de Santiago y Valparaíso.

El "bus de la libertad", parte de la campaña de la ONG Citizen Go que hoy llegará al país, busca sacar del sistema escolar la educación en materias de diversidad sexual.

"Esta horrorosa campaña lleva a suponer que las personas LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) somos un peligro para los niños y niñas. Peor aún, niega la existencia de los niños y niñas LGBTI, lo que daña el interés superior de la infancia y es un caldo de cultivo para el bullying, el acoso escolar y la violencia motivada por la orientación sexual o la identidad de género", agregó el dirigente.