El corredor de propiedades, Luis Orellana, de vasta experiencia en el rubro, denunció malas prácticas de algunas personas que ejercen este oficio en la capital provincial loína, quienes estarían perjudicando al resto que hace su trabajo sin caer en irregularidades.

El también abogado y gerente de Guidex Propiedades manifestó que "hay cosas que no están bien, como la informalidad. Uno para ejercer como corredor tiene que tener una patente comercial que la otorga el municipio y para que el municipio le entregue a uno esa patente, le exige el certificado de antecedentes y eso no ocurre a menudo acá", acusó.

Es más, comentó que muchos, para ejercer este oficio en Calama, instalan un cartel con un número de teléfono en el centro o en las casas que están ofreciendo y que esas personas -en su inmensa mayoría- no pagan patente comercial, por lo cual el cliente no sabe en definitiva con quién está tratando.

Agrega que acá hay una irresponsabilidad del que ejerce como corredor sin los requisitos mínimos, pero para Orellana también es inexcusable la falta de fiscalización por parte de la municipalidad. "Uno para ejercer la actividad, aparte de la patente, tiene que tener un rut comercial y funcionar acorde a las exigencias de Impuestos Internos. Eso tampoco sucede en la mayoría de los casos", manifestó el abogado.

Consejo

En este sentido Luis Orellana llamó a las personas que están a punto de dejar su bien raíz en manos de una corredora de propiedades, que le exijan todos los papeles correspondientes, llámese patente comercial municipal a la vista, tal como cualquier negocio, lo que acredita que la persona está formalmente establecida, con una oficina, con los impuestos al día y sin antecedentes penales.

El abogado y corredor de propiedades dio una cifra preocupante respecto de quienes cumplen efectivamente con los requisitos para desempeñarse en esta labor, descritos en el párrafo anterior: "de un 100 % de corredores de propiedades que existen en Calama, sólo el 10% cumple con esas exigencias".

Debida a esta situación, según Orellana, se producen delitos como la apropiación indebida de fondos y la falta de respuesta por los daños de los arrendatarios.

"Esta actividad fue desregulada en el régimen militar. Desde ese tiempo que uno sólo necesita una patente municipal para ejercer. Antes existían entidades que favorecían el cumplimiento ético, donde uno para ejercer, primero tenía que estar inscrito en el Colegio de Corredores de Propiedades", aseguró.

La informalidad perjudica a quienes hacen la labor de corredor correctamente, porque "todos los días nos llega algún cliente insatisfecho, con una queja, una persona que pasó las llaves de su casa y no sabe cómo recuperarlas porque no encuentra al 'corredor', que no le contesta", dijo Orellana.

Y la crítica del corredor de propiedades no fue sólo para el municipio, sino que también para el rol de la Fiscalía con las personas que ya han sido estafadas.

"Cuando vienen los problemas, la persona va a la Fiscalía y la Fiscalía qué le dice: 'lo vamos a investigar' y al final todo se archiva, porque los delitos de estafa en Calama, no sé por qué no son perseguidos por la Fiscalía en Calama. Le buscan cualquier excusa a uno y se cae en un círculo vicioso que favorece a la impunidad", finalizó el abogado y corredor de propiedades.

Willy Briceño

Una nueva urbe se levanta en el sector comprendido en el perímetro establecido por la quebrada de Quetena, pasaje Yarú, avenida Cobija y calle Coquimbo en el sector poniente de la ciudad, identificada por algunos como la "Nueva Calama".

En esta área ubicada fuera de los límites urbanos de la capital de la provincia El Loa, un grupo que supera las 800 familias, se reunió en distintas organizaciones para iniciar la normalización de los terrenos y la construcción de sus hogares definitivos.

La tarea para estas personas no es nada fácil, en cuanto estos sitios son considerados como pertenencias mineras, cuyos dueños son empresas o privados, los cuales tienen abandonados estos espacios que, en principio, fueron conocidos como Vega de Sailao, dadas las características de vegetación del terreno propiamente tal.

Pero esta situación no amedrenta a los integrantes de las organizaciones que se han transformado en comité de viviendas en la búsqueda de una solución habitacional, la que no han concretado en el radio urbano y debieron concretar fuera de éste.

En este caso en un terreno que en una época fue un vergel, y que ahora la tierra es de característica alcalina, ya que sus propietarios vendieron los derechos de explotación de aguas a las empresas mineras.

Según manifestó el tesorero de la Agrupación Arborización Calama Oeste, Roberto Herbas, ellos no cuentan con agua potable, debiendo de cancelar por el metro cúbico $8 mil, además de disponer de energía eléctrica con generadores, ya que no son considerados por las autoridades respectivas.

En el caso del transporte o locomoción para desplazarse desde los distintos puntos al sector urbano de la ciudad, ellos deben caminar entre 20 minutos a media hora en dicho recorrido.

Familias

Si bien, Herbas representa a 80 familias que están integradas a su agrupación, señaló que al considerar a todos los que se encuentran en esta situación son alrededor de 820, el 70% son chilenos y el restante porcentaje corresponde a extranjeros de todo Latinoamérica, los que, al igual que los chilenos, quieren quedarse a vivir en esta tierra que les brinda oportunidades.

Asimismo, reconoció que el tema laboral resulta complicado para quienes viven en estas condiciones, ya que no cuentan con la documentación respectiva en la mayoría de los casos, en especial de los extranjeros, donde hay algunos profesionales que no pueden regularizar sus trámites en el país.

Es así como se dedican al comercio informal, es decir, que adquieren algunas mercaderías menores que comercializan con ganancias que bordean los $1 mil o $2 mil diarios, algo que está muy lejos del sueldo mínimo establecido por ley, con cuyos ingresos deben sobrevivir en la comuna.

El presidente de la organización, Juan Vásquez, se refirió al hecho de que ellos ocuparon un terreno que no estaba cercado y delimitado, y que fueron con recursos propios que concretaron la demarcación de las calles y de las propiedades que pretenden regularizar amparados en la Ley de rigor.

Además, aclaró que hay otras organizaciones en formación, con mayores y menores grupos de familias que la de ellos. Pero que en cada caso, estos grupos familiares, están conformados por un mínimo de cuatro integrantes, considerando que el número de habitantes en el sector de Vega de Sailao podría superar las tres mil personas.

Y si a esto se suman a otros asentamientos en las mismas condiciones que ellos, el número de personas podría sobrepasar las cinco mil, en un radio perimetral de algo más de 841 acres o 340 hectáreas.

Herbas, destacó que "aquí no hay una toma sobre otra toma", son personas que llegaron y se quedaron por la falta de oportunidades para poder adquirir otro bien en donde poder vivir.

El proceso partió hace una década, con tan solo 20 familias, ahora el número de personas en dicha calidad de toma supera los tres mil por la alta demanda de viviendas sociales.

Reconoció que la situación también originó un desorden social, en cuanto en algunos casos han llegado personas solas, que primero caen en el problema del alcoholismo, y después terminan formando otra familia diferente a la que tenían en un principio, cuando decidieron iniciar esta aventura en la búsqueda de concretar el anhelado "sueño americano".

En relación a estar en áreas de pertenencias mineras, los dirigentes respondieron que de la Primera a la Tercera región todos los terrenos tienen estas características para la reserva, exploración y explotación en caso de ser requerido, donde los concesionarios del terreno cancelan $800 por el arriendo anual de una hectárea.

Problemáticas

Entre las principales problemáticas que enfrentan, sin considerar el tema del normal abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, se contempla la delincuencia en menor escala, ya que aquí se registra el robo de herramientas, utensilios y enseres de casa, al igual de animales domésticos que crían para su propio consumo.

Aseguran que ni los perros se escapan de estos delincuentes que aprovechan la soledad de las viviendas para cumplir con dicha acción.

Además, se suma el hecho de que el terreno es utilizado como vertedero ilegal, en consecuencia que son numerosos los camiones que van a dejar los desperdicios en esta área ubicada fuera de los límites de la capital de la provincia El Loa.

La situación es denunciada, pero sin conseguir respuesta de las autoridades al no estar dentro del perímetro urbano, algo que les impide acceder a los servicios básicos, al igual como al transporte público.

820 familias se encuentran viviendo en tomas ubicadas en el sector de Quetena al poniente de Calama, lo que equivaldría a alrededor de 3 mil personas.

340 hectáreas es el tamaño aproximado del terreno que se encuentra ocupado por las familias en el sector de Vega de Sailao.

es lo que los residentes de dicho sector deben cancelar por el metro cúbico de agua, el que llega al lugar en camiones aljibes. Tampoco llega la locomoción colectiva por lo que debe caminar cerca de 20 minutos. $8 mil

30% de quienes habitan en dicha toma son extranjeros que provienen desde distintos países de Latinoamérica.