La Dirección Regional de Arquitectura encabezada por su director, Joel Becerra, se reunió con las primeras empresas constructoras interesadas en participar del proceso de licitación privada, para la construcción de las terminaciones de la Escuela Presidente Balmaceda de Calama, D-48.

En la instancia, de carácter voluntaria, se presentaron las primeras cuatro empresas para conocer en detalles las características del proyecto y el estado de la infraestructura, a través de una exposición que realizó la dirección como posteriormente, mediante un recorrido por las instalaciones del inmueble en abandono.

Al respecto, el seremi de Obras Públicas, César Benítez, expresó: "Estamos muy contentos con este nuevo proceso de licitación privada, dado que existe interés en las empresas en participar del proyecto que es fundamental para la comunidad loína y sobre todo, la comunidad educativa, por lo que estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante la obra".

Luego hizo un llamado a la tranquilidad, "porque eventualmente este proceso de licitación privada no arrojara resultados, vamos a proceder a un trato directo para asegurar la concreción de esta obra durante este periodo de Gobierno".

El proceso tiene un plazo de 50 días, donde las empresas interesadas pueden presentar ofertas, que de acuerdo al nuevo cronograma, tienen programadas las aperturas técnicas y económicas el 28 de agosto y 4 de septiembre, respectivamente.

Proyecto

Las consideraciones del proyecto, de acuerdo al director regional de Arquitectura, Joel Becerra tiene dos aspectos principales: "Por un lado, el proyecto considera en una primera fase hacer reparaciones y reforzamientos estructurales de esta obra gruesa de manera de ajustarla a la norma vigente y por otro lado, se considera el retiro, demolición y desarme de todas las terminaciones del edificio (piso, cielo, estuco, ventanas, puertas, etc.), que se encontraban muy deterioradas por el lapso de abandono que tuvo la obra Además todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y ascensores consideran su reposición completa", enfatizó. el profesional.

Karen Cereceda Ramos

"Se acoge la demanda por vulneración de derechos impetrada por doña Mirza Cruz Ramos en contra de la Ilustre Municipalidad de Calama, declarándose que ha existido vulneración a los derechos, a la honra e integridad psíquica de la demandante", fue la sentencia que el juzgado de letras del Trabajo de Calama dictó ante la demanda interpuesta por la exdirectora de Finanzas del municipio local.

El fallo, emitido por la jueza Edy Pérez y que se dio a conocer el jueves en la tarde, además incluyó una serie de medidas de reparación a favor de Mirza Cruz.

La primera , según se detalla en la resolución, es que el alcalde de Calama, Daniel Agusto deberá disculparse públicamente con la demandante, las que se deben realizar en El Mercurio de Calama, "debiendo ocupar al menos un espacio de la portada, bajo el apercibimiento del artículo 492 inciso primero".

Como segunda medida reparatoria se ordenó "el cese definitivo de las conductas vulneratorias de autos, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 492 inciso primero".

Además se ordenó el pago de $3 millones a Mirza Cruz Ramos (no los $100 millones que se había solicitado por parte de la demandante), por concepto de indemnización por daño moral y al pago de $500 mil por concepto de las costas del juicio .

Esto, según se informa en el dictamen se deberá cumplir dentro de los cinco días siguientes de ejecutoriado el fallo.

Demanda

Fue el 10 mayo pasado cuando se ingresó esta demanda ante el tribunal laboral de Calama.

Allí la demandante, Mirza Cruz, quien desde 2015 se desempeñaba como directora de Finanzas del municipio, cargo del que fue destituida por la actual administración edilicia, manifestó que sufrió daño sicológico y a la honra, luego que el alcalde de Calama, Daniel Agusto y el actual jefe de Finanzas, Jorge Muñoz dijeran en los medios de comunicación que ella había falseado información en el informe contable que se envía a la Contraloría, para esconder un supuesto déficit en las arcas municipales.

A ello además se sumaron declaraciones emitidas por el jefe de la Secretaría de Planificación (Secplac), Tomislav Defilippis, las que realizó durante las sesiones del concejo municipal.

También se aludieron malos tratos que habría recibido durante las jornadas de trabajo por parte de Defilippis y que durante la audiencia de juicio fueron ratificados por testigos.

Entre las consideraciones que la jueza dictó en el fallo, se extrae que "este tribunal entiende que todo ello confluye para entender que es presumible que se haya realizado algún tipo de menoscabo y persecución a la actora por no estar de acuerdo con la línea de trabajo del alcalde".

También se señala que se logró acreditar que Mirza Cruz "fue descalificada en más de alguna ocasión en reuniones y concejos municipales, por el director de Secplac, de lo que fueron testigos varias personas, lo que se encuentra acreditado en autos, y sumada a las declaraciones del alcalde en los diversos medios de comunicación donde se culpa a la "ex directora de finanzas" de haber entregado información falsa de manera pública, y que es por ello que la Contraloría habría señalado que no había un déficit que realmente existía".

Se agrega que "por lo que a este tribunal le resulta lógico entender que todos esos hechos concuerdan y se relacionan con que se haya presionado a la demandante para cambiar su trabajo conforme a las órdenes del alcalde, y que al no seguir dichas instrucciones como se esperaba, ha sido tratada de mala manera, humillada, acusada en público, por lo que claramente todos esos indicios son una presunción grave y fuerte de la vulneración de derechos alegada".

Municipio

Tras conocida la sentencia, fue la administradora municipal, Támara Aguilera y el asesor jurídico, Carlos Ávalos quienes se refirieron a esta resolución.

En este sentido, Aguilera dijo que están conformes puesto que el tribunal no acogió el pago de los $100 millones que Mirza Cruz pedía como indemnización por daño moral y que sólo se ordenó el pago de $3 millones.

Al consultarle sobre la acreditación por parte del tribunal del daño síquico y moral provocado a Cruz, la administradora municipal dijo que este daño dice relación con las funciones que ella desempeñaba como directora.

"Los cargos directivos tienen una alta demanda y por tanto es evidente que hay que tener mucha fortaleza en cuanto a las presiones. Ella no había podido en el fondo con esa situación y en razón de eso habría tenido una enfermedad que no fue declarada como laboral", dijo.

En cuanto a la orden de que el alcalde debe disculparse públicamente con la exdirectora de Finanzas, Támara Aguilera comentó que "se refiere a una situación específica donde hubo una publicación en un medio de comunicación respecto de un hecho ocurrido en marzo, en la cual el alcalde, evidentemente, que se adelantó a lo que todos estamos esperando que es el dictamen de Contraloría".

Por su parte el asesor jurídico de la municipalidad, Carlos Ávalos dijo que van analizar el fallo para luego determinar si realizarán alguna apelación ante instancias judiciales superiores y que para ello tienen 10 días hábiles.

Demandantes

Tanto el abogado representante como la propia Mirza Cruz comentaron que con este dictamen del tribunal cumplieron con el objetivo principal que era el de que se ordenaran las disculpas públicas del edil.

"El objetivo de esta demanda era que se reconociera y se reparara el daño a la señora Mirza en cuanto a las afectaciones a su honra y su integridad síquica y esos dos aspectos fueron reconocidos en la sentencia", dijo al respecto el abogado demandante, Rolando Frez.

Respecto a que el tribunal decidió el pago de $ 3 millones de indemnización y no los $100 millones que habían solicitado, Frez dijo que la suma de dinero era una cuestión "accesoria".

"Tanto así que nosotros, en la audiencia preparatoria, propusimos como base de acuerdo disculpas públicas en la prensa, no pedimos ningún peso y solo nos interesaba eso, porque necesitábamos que se limpiaba la honra", explicó el abogado.

Por su parte la funcionaria que ganó la demanda, Mirza Cruz, quien ahora se trabaja en la dirección de Administración del municipio, comentó que todo lo que se argumentó en la demanda está debidamente probado.

Dijo además que se siente "desconcertada" por las declaraciones realizadas por la administradora municipal respecto que el daño sicológico se debía a que ella (Mirza) no tuvo la fortaleza para aguantar la presión de su cargo y que minimizaran el fallo sólo al monto de indemnización que se debe pagar.

"Se distorsionó lo que resolvió el tribunal y me siento desconcertada por las opiniones vertidas porque, en realidad, yo tuve la valentía de hacer presente esta situación, de hacer presente lo que se está viviendo porque los funcionarios municipales no nos merecemos el trato que nos está dando esta administración", dijo.

Añadió que ella lleva 37 años trabajando en el municipio y que está acostumbrada a trabajar bajo presión. "Nosotros sabemos qué ocurre en un cambio de una administración y estamos ajenos al ámbito político, somos funcionarios técnicos de carrera", dijo.

Los demandantes informaron también que en los próximos días estudiarán seguir otras acciones legales, como por ejemplo, realizar una demanda civil.

Quien también reaccionó al fallo y también a las declaraciones emitidas posteriormente por el municipio fue la concejal Carolina Latorre.

La edil señaló que "el director del Secplac debe asumir su responsabilidad política en esto. La sentencia que establece que el municipio vulneró la honra de una trabajadora, y ese es un derecho fundamental, es decir, se le acosó, se le violentó sicológicamente y por eso se le condena a pagar daño moral".

Agregó que "el alcalde no ha actuado dentro de la legalidad, cuando se actúa en legalidad, no se pierden los juicios y esta vez nuevamente el municipio perdió y eso es porque no actúa de acuerdo a la ley".

"Yo tuve la valentía de hacer presente esta situación, de hacer presente lo que se está viviendo ".

Mirza Cruz, Ex directora de Finanzas"