Será necesario revisar a fondo lo que está ocurriendo en la zona donde las tomas de terreno están convirtiendo en un acto frecuente, y donde surgen de la nada, cientos de familias que dicen no tener donde vivir.
Si bien es cierto que las políticas habitacionales no van de la mano con las necesidades de vivienda en la zona, resulta extraño que periódicamente surjan tomas de terrenos, y no exista un catastro de cuántas familias son las que carecen de un lugar para vivir.
Además se ha detectado que en recientes conjuntos habitacionales entregados por el Estado, hay numerosas casas y departamentos sin ocupar.
Además también la oferta de arriendos en la ciudad ha caído drásticamente después del término del superciclo del cobre, y hoy es posible encontrar una variedad de alternativas.
Entonces, debiera realizarse una investigación sobre quiénes están liderando y participando de estas tomas de terrenos, para poder determinar con precisión los que realmente tienen una urgente necesidad de un lugar para vivir y buscar los mecanismos para solucionar esta demanda.
Además, debiera cotejarse si en el listado del Serviu, de personas inscritas para optar a una viviendas, aparecen estas personas que se han tomado un terreno para levantar una propiedad.
Hay que considerar que este mecanismo de ocupación ilegal, genera una serie de necesidades a los pobladores que viven allí, como agua, luz y transporte.
Estos terrenos están en casi su totalidad hacia el sector poniente, muy cerca de pertenencias mineras que en el futuro podrían activarse.
Entre todas estas agrupaciones que han decidido tomarse terrenos, existen familias que llevan muchos años esperando una solución habitacional, e incluso tienen sus ahorros.
Frente a esta realidad, las autoridades deberán revisar lo que está ocurriendo en Calama, y buscar soluciones, de lo contrario volverán a surgir las tomas que en un futuro se convertirán en poblaciones, sin ninguna estructura y diseño, muy alejada de los planes de urbanismos que hoy fomenta el estado.