Luego de tres jornadas de trabajo las autoridades municipales de los 23 municipios agrupados en la Asociación de Municipios del Norte de Chile (Amunochi), entre ellos Calama, concretaron en La Moneda la entrega de un proyecto de ley, que modifica la actual normativa que regula la distribución del impuesto que tributa la minería.

Propuesta de amunochi

"Hoy, el uso que se da al 50 por ciento de las patentes mineras que ingresan a cada municipio se pueden destinar solo a obras de desarrollo y lo que se busca con esta modificación es que sean de libre disposición", explicó el alcalde de la comuna de Sierra Gorda y presidente de Amunochi, José Guerrero.

La Ley de Patentes Mineras se promulgó y rige desde el año 2001, normativa que entrega recursos a los municipios extractivos, en la modalidad de un 50 por ciento de los recursos extraídos y calculados en base las hectáreas explotadas. Mientras que el otro 50 por ciento de los dineros se entrega al Estado para que este los administre de acuerdo a sus bases presupuestarias.

En ese contexto, la propuesta de los jefes edilicios de la zona norte es conseguir una modificación definitiva a la Ley de Patentes Mineras, en su inciso primero letra B, que establece un uso restringido de ese financiamiento.

"Esta normativa nos impide usarlos con discrecionalidad y para las reales necesidades de nuestras comunas, ya que en ocasiones, Contraloría realiza una interpretación confusa o ambigua del concepto 'obras de desarrollo', cuando hemos querido realizar una inversión social con los recursos obtenidos de las patentes mineras", agregó el alcalde de Calama, Daniel Agusto.

Los alcaldes y concejales que integran Amunochi, sesionaron durante tres días en la sede de la Asociación Chilena de Municipalidades con sede en Santiago, en donde se capacitaron en responsabilidad social empresarial y relaciones comunitarias, tribunales ambientales y minería sustentable, entre otros temas de interés para estas comunas.

Debido a lo extenso del caso y la cantidad de medios probatorios que se han ido incorporando a la causa, el Juzgado de Letras del Trabajo, determinó dividir en dos las audiencias del juicio que enfrenta a los sindicatos de trabajadores N°2 y Minero de Chuquicamata, con Codelco, por el pago del Bono de Repartición de Gananciales (BRG); proceso que comenzó con la presentación documental.

De esta forma, la demanda por actos discriminatorios presentada como respuesta de ambos gremios a la determinación de la cuprífera de establecer una diferenciación con los trabajadores contratados después del 1 de enero del 2010, a quienes se les privó del pago del BRG; tendrá en agosto la audiencia de juicio en que se realizará la parte testimonial.

Tienen confianza

Una vez conocida la decisión del tribunal, la presidenta del sindicato N°2, Liliana Ugarte, aseguró que mantiene la confianza en que el juicio se resolverá de manera favorable: "Tenemos toda la esperanza y fe del mundo, creemos que tenemos la razón y con la fuerza de los argumentos trataremos de ganar y de ir nivelando en alguna medida las condiciones económicas y sociales de los trabajadores de Chuqui", expresó.

En la misma línea, el secretario del gremio, Carlos Díaz, sostuvo que "nuestros argumentos son muy claros, nos estamos apoyando en las actas de acuerdo, que son documentos legales corporativos y el universo de su aplicación es para todos los trabajadores, sin distinciones para plazos fijos o indefinidos", recalcó.

Por su parte, el vicepresidente del sindicato N°2, Mario Lobos, dijo que "el mensaje para los trabajadores es que estén tranquilos. Hemos hecho un trabajo intenso por más de tres meses con nuestra asesoría jurídica y los antecedentes nos permiten reafirmar que los beneficios son extensivos para todos los trabajadores", aseguró.

El presidente del sindicato Minero, Yermin Basques, recordó que con Codelco no prosperó una salida alternativa en la audiencia preparatoria, en este contexto, dijo que "estamos tremendamente convencidos de lo que hemos planteado al tribunal, que en estricto rigor es un acto de discriminación y tenemos confianza en que el fallo será favorable para nosotros. Lamentablemente desde el 2010 nos hemos enfrentado a distintas administraciones, que no han tenido la consideración de velar por los intereses del negocio, porque el aporte que hacen los trabajadores es el mismo".

Cristián Venegas M.

Pese a la desaceleración de la economía y en particular de la actividad minera de la región, el flujo de pasajeros del aeropuerto El Loa de Calama, que en el año 2016 totalizó 1.438.476 viajeros (13% del total), sigue en alza gracias a la actividad turística, concentrada principalmente en San Pedro de Atacama, que superó a Torres del Paine e Isla de Pascua como el principal destino nacional.

Margen para crecer

Así lo destacó el seremi de Obras Públicas, César Benítez, ministerio del que depende la Dirección de Aeropuertos, quien especificó que "en cantidad de pasajeros Calama es el tercero a nivel nacional, después del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago y Andrés Sabella de Antofagasta. El aeropuerto tiene 42 operaciones diarias, es decir, 21 salidas y 21 llegadas, lo que implica que tiene una capacidad de atender, en su punto peak, a mil pasajeros por hora inclusive", apuntó.

"El Loa podría proyectar, agregó el secretario regional, una capacidad máxima de 2 millones 200 mil pasajeros al año. Entonces, todavía tenemos un delta para poder programar muchas más atenciones", estimó la autoridad.

Turismo en crecimiento

Respecto a los buenos números de el terminal loíno, que entre enero y mayo totalizó 595.153 pasajeros que equivalen al 12,5% del total nacional, Benítez dijo que "pese a la contracción de la economía y principalmente de la minería, el aeropuerto de El Loa sigue manteniendo un flujo constante y un aumento de pasajeros, principalmente porque el turismo ha aumentado en la región y en particular en San Pedro de Atacama".

"Esta comuna pasó en 2017 a ser el principal destino turístico del país desplazando a Torres del Paine e Isla de Pascua. Es por eso que mantiene un flujo tan constante de pasajeros", agregó.

Posibilidad de ampliar

Benítez, consultado sobre si El Loa podría considerar nuevas obras de ampliación en el mediano plazo, explicó que "en el aeropuerto opera una instancia que es la concesionaria, la que financia y opera la infraestructura vertical, porque lo concesionado es el edificio, y la conservación de las pistas la hace el ministerio, que además maneja el contrato de la concesión".

"Estos contratos, continuó, son por años, pero también por número de pasajeros, entonces están desarrollados con el objetivo que a medida que se van cumpliendo los hitos de cantidad de pasajeros, se pueda gatillar una nueva licitación antes del plazo, para poder ampliar y mejorar los espacios".

Como ya sucedió en los aeropuertos de Calama y Antofagasta, dijo el seremi del MOP: "en los que este hito ha llegado antes de los ocho años, que es el promedio de estos contratos, y se ha gatillado una nueva concesión".