El extrabajador de la división Radomiro Tomic de Codelco, Richard Bobadilla, interpuso ayer un recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Codelco Chile, solicitando a la Corte de Apelaciones de Santiago, que intervenga "frente a la negativa arbitraria" de la estatal de reincorporarlo a sus funciones, de las que lo desvinculó en el año 2012.

Pide un respuesta

Iniciativa que el operador minero, que suma hoy 116 días en huelga de hambre internado en el hospital El Salvador, considera la "única forma en que Codelco puede responder por el daño que me ocasionaron a consecuencia de la persecución de que fui víctima".

"Ruego que la Corte de Apelaciones tenga el mismo interés, trato y apuro en acoger mi solicitud como la tuvo cuando el ministerio del Interior le solicitó sacarme a la fuerza de la esquina de Huérfanos con Teatinos, donde me encontraba hasta el 3 de agosto, bajo el falso pretexto de estar preocupados por mi salud", sostuvo.

Sobre su movilización, Bobadilla recordó que "en el camino que he recorrido hasta ahora he recibido la solidaridad de una enorme cantidad de compañeros y compañeras de clase, organizaciones sindicales, sociales y políticas, de cientos de personas humildes y anónimas que se han identificado con mi causa, que no es otra cosa que una injusticia más de las que vivimos a diario los trabajadores y trabajadoras de Chile".

Consultado, en tanto, sobre qué respuesta ha tenido de parte de la cuprífera, dijo que "la única que he recibido ha sido la negativa de Codelco, a través de la mediación indolente del ministerio de Minería, respecto de mi solicitud de reincorporación al trabajo del que me despidieron injustamente luego de acosarme y hostigarme por denunciar irregularidades ante la Inspección del Trabajo y postularme a dirigente sindical", aseguró.

Acto solidario

El grupo más cercano al trabajador, junto con recalcar que "ha reafirmado su voluntad de lucha", informó que el próximo martes 22 de agosto, desde las 19.00 horas, realizarán un acto solidario denominado "Por el derecho al trabajo y a la vida digna", en el frontis de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en la calle Huérfanos, pleno centro de Santiago.

El senador por la región, Pedro Araya, presentó una propuesta para hacer extensivo el subsidio al transporte público que se entregará a los adultos mayores de la región Metropolitana, al resto de las regiones. Lo que en Calama permitiría hacer un descuento en el valor de los pasajes de los microbuses a este segmento de la población.

"Respaldo la iniciativa de Michelle Bachelet en orden de poder ayudar a los adultos mayores de la región Metropolitana subsidiando su transporte en el Metro, pero como Santiago no es Chile, creo que esta medida debe extenderse a las regiones, por eso queremos pedir a la Presidenta que en Calama también exista un subsidio", explicó el parlamentario.

Araya añadió que la iniciativa sería un símil de los recursos que se entregan en regiones en compensación por los gastos en el Transantiago. "Esto se puede hacer a través de asignaciones directas o a través de los fondos espejo, lo que se traduciría en una rebaja de los pasajes, que en esta etapa sería para las micros", apuntó.

Ayuda económica

El congresista señaló además que considerando que la población de adultos mayores crece de manera exponencial y que muchos de ellos están jubilados y sus pensiones son bajas, esta iniciativa ayudaría a miles de loínos y les entregaría una ayuda concreta que mejoraría su situación económica.

"Sabemos que cuando un adulto mayor se jubila su pensión es bastante baja y lo he conversado con ellos en Calama, a quienes muchas veces la pensión les alcanza para pagar sus remedios, alimentación, algunas necesidades básicas y se quedan sin plata, y si logramos una rebaja en la tarifa de la locomoción pública, sin duda que será una ayuda concreta para todos ellos", señaló.

La ministra de Transportes, Paola Tapia, informó que el beneficio de viajes ilimitados para pensionados en el Metro de Santiago, anunciado por la Presidenta, comenzará a regir el 21 de este mes. Autoridad con la que Pedro Araya espera reunirse en los próximos días para hacer extensivo el beneficio a regiones. "El ministerio puede hacerlo", aseguró.

Cristián Venegas M.

Una demanda de indemnización de perjuicio por $3.360 millones, presentaron 21 familias de la villa Oasis contra el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), al que acusan de construir el conjunto habitacional en un relleno inestable que provocó el hundimiento de sus casas, las que comenzaron a evidenciar serios daños estructurales a dos años de ser entregadas por la autoridad.

Acción judicial

El abogado patrocinante de los vecinos, Carlos Orellana, explicó que el conjunto habitacional compuesto originalmente por 64 viviendas, fue entregado en 2004 y que ya en 2006 comenzó a evidenciar daños estructurales tan graves, que incluso obligaron al Serviu a realizar cuatro demoliciones, como consta en la contestación a la demanda.

"Las casas, que fueron construidas sobre una quebrada y en un suelo muy malo, hoy están cediendo y la situación para las familias es peligrosa, porque la caída es inminente. Los daños están a simple vista, hay grietas, los marcos de las ventanas están torcidos y los vidrios revientan de la nada. Hay una situación de colapso", advirtió.

Orellana aseguró que el Serviu ha reconocido las negligencias que se cometieron durante el proceso de construcción de las viviendas, pues "fue reparándolas e instalando soportes de acero dentro de las casas, pero la situación ha seguido empeorando. En un país que además es sísmico esto es peligroso y hace que las familias vivan con un temor constante".

Consultado sobre lo que exige la demanda, el abogado detalló que en virtud del estudio del Serviu, que consideró inhabitables a algunas de las casas, solicitan $80 millones que cubran el daño material, y otros $80 millones por daño moral, por cada familia.

"están en su derecho"

Por su parte, el seremi del Minvu, Mauricio Zamorano, dijo que los vecinos están en su derecho de presentar demandas o las medidas que estimen necesarias y que el Servicio seguirá trabajando en una propuesta, la que antes requirió realizar estudios que concluyeran que las viviendas presentan efectivamente un daño irreparable, como finalmente sucedió.

Sobre este último punto, Zamorano dijo que "teniendo los resultados se conversó con las familias, se les propuso soluciones, que algunas no acogieron porque en ciertos casos era necesario reparar y en otros reubicar; y algunas familias iniciaron este proceso judicial, que debe seguir su curso".

El seremi agregó que ahora "debemos generar las condiciones para levantar un nuevo proyecto habitacional o ubicar a las familias en algunos de los proyectos habitacionales en ejecución o por ejecutar".

Poblador afectado

El vecino del sector y uno de los demandantes, Carlos Rodríguez, explica que su casa está precisamente en el borde de una quebrada y se ha ido fracturando. "Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de algunas cosas irregulares, como que las puertas y ventanas cada vez se apretaban más, aparecieron grietas que ya me cansé de tapar, porque vuelven a aparecer y están a la vista. Es realmente un peligro", dijo.