Luego de que el Tribunal Constitucional diera luz verde al proyecto de despenalización del aborto en tres causales, desestimando los dos requerimientos presentados por Chile Vamos pero acogiendo la objeción de conciencia, la ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Claudia Pascual, dijo que el Gobierno trabajará por "garantizar las prestaciones de salud".

El proyecto que fue despachado por el Congreso, estipulaba que la objeción de consciencia era válida para los médicos cirujanos y el personal que realizara el procedimiento, pero no para una institución.

Pascual reconoció, en conversación con Cooperativa, que "no sé cómo lo va a expresar en concreto", la impugnación del estatuto de objeción de consciencia, y que esperarán a conocer la argumentación de los ministros que estará disponible el próximo lunes 28 de agosto.

Sin embargo, adelantó que "nos vamos a ocupar como Gobierno de garantizar que estas prestaciones se encuentren para las niñas, las adolescentes y las mujeres y, por lo tanto, generar las alternativas correspondientes para que a ninguna de ellas se les negar estando en estas tres circunstancias".

Por su parte, el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, dijo que "en el sector público no puede haber objeción de conciencia institucional, sí del equipo médico, siempre y cuando esto no comprometa la entrega de la prestación".

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, planteó que las isapres deberán dejar de ofrecer planes cerrados con clínicas objetoras. "Como sector público siempre vamos a estar llanos y abiertos a atender a las mujeres, tanto de isapre como de Fonasa, pero comprendiendo los distintos sistemas de atención, lo evidente sería que su isapre pudiera derivar a un centro que pudiera brindar la prestación", dijo.

El rector de la UC, Ignacio Sánchez, respondió que "no tiene sentido esa postura" porque "todo plan de salud depende de que los prestadores tengan todas las prestaciones disponibles y si esas no están disponibles, hay traslado".

Carolina Collins

Con un retraso de casi una hora comenzó el segundo día del juicio oral contra los 11 imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger MacKay. Esto, por los problemas que tuvo la machi Francisca Linconao para llegar hasta el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, por el desborde de un canal provocado por el sistema frontal en la región.

Ayer fue el turno de los abogados defensores de entregar sus alegatos de apertura en el juicio por el incendio que le causó la muerte al matrimonio conformado por Werner Luchsinger y Vivianne MacKay, el 4 de enero de 2013, en su casa de Vilcún.

Una de las tesis

Según publicó ayer El Austral de Temuco, una de las principales tesis que maneja el Ministerio Público es que los imputados José Tralcal Coche, la machi Francisca Linconao, y Luis Tralcal Quidel, fueron quienes idearon y dirigieron el ataque contra el matrimonio. El fiscal del caso Alberto Chiffelle, asimismo, anunció que presentará pruebas basadas en la geolocalizaciones de los teléfonos celulares de los imputados, en horas previas al ataque, los que ubican a los 11 detenidos en la casa de Linconao.

Esto último fue refutado ayer por el defensor regional de La Araucanía Renato González, quien representa a Linconao en el proceso. "Los registros telefónicos de las empresas señalan que el último llamado de la machi fue a las 19:33 horas. No existe un llamado a las 21:00 horas, como dice la fiscalía", dijo, según consignó Emol.

El defensor acusó al fiscal del caso Alberto Chiffelle de "faltar a la verdad", al decir que la georreferenciación establece que los 11 imputados estaban en la casa de la machi. "Eso no es un error, eso es faltar a la verdad. El tema de las antenas dice relación no con un punto exacto, sino que con un área de cobertura que depende de los ángulos, de la potencia, de la inclinación de la antena", dijo.

Declaración "ilegal"

También expuso el representante de José Peralino, el imputado que, según la Fiscalía, realizó una declaración en octubre de 2015 en la que se autoinculpó y dio detalles de lo ocurrido.

El profesional de la Defensoría Penal Pública Mapuche Pablo Ardouain afirmó que esta declaración fue ilegal, ya que Peralino se retractó y acusó que fue engañado por efectivos de la PDI.

"No hay evidencia material, científica, documental o de otro tipo que demuestre la participación de mi representado y del resto de los coacusados. Las declaraciones de mi representado son ilegales y no se corroboran con los antecedentes de la investigación", dijo el defensor, que argumentó que quien ha sido denominado como "delator compensado" es un joven vulnerable, "tiene una edad mental de un niño de 12 años". "La PDI lo acosó y llamó para acceder a la declaración inculpatoria", acusó.