Con el voto en contra del diputado de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, y la abstención de su par de la UDI, María José Hoffmann, la Comisión de Educación de la Cámara Baja aprobó ayer por amplia mayoría el proyecto del Gobierno para fortalecer las universidades del Estado.

Al inicio de la sesión, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, le detalló a los miembros de la instancia parlamentaria, las indicaciones que el Ejecutivo ingresará al proyecto, tras las críticas hechas por los rectores de los planteles estatales.

Entre esos cambios está que se permitirá que las universidades cuyos estatutos sean posteriores al 11 de marzo de 1990 -U. de Chile, U. de Los Lagos y UTEM- no tengan la obligación de reformar sus estatutos y estructuras orgánicas "en la medida que propongan al Presidente de la República un mecanismo institucional permanente que asegure la participación y la corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad", según un documento entregado ayer a los parlamentarios y rectores.

Con eso, la composición del Consejo Superior quedará así: tres representantes del Presidente de la República; cuatro de la universidad (dos deben ser académicos y los otros dos pueden representar a los funcionarios y estudiantes); el rector; y un profesional de destacada trayectoria, con un vínculo con la región y egresado de la respectiva universidad.

Así, la comunidad de esas casas de estudio tendría mayoría por sobre los representantes del gobierno en la instancia.

Aunque aprobaron la idea de legislar, los diputados criticaron el presupuesto de $150 mil millones contemplados para financiar el plan de fortalecimiento de esos planteles, que consideraron insuficiente. "Yo creo que hay que dar una pelea y esperamos que trabajemos para que esta base mínima pueda ir subiendo", dijo la diputada Camila Vallejo (PC).

Rechazo de vivaldi

Pese a los cambios, el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, se sumó ayer a la marcha que convocó la federación de estudiantes de ese plantel (FECh), con el apoyo de la Confech, en contra de la iniciativa. "Lo que está claro es que el proyecto original que presentó el Gobierno es totalmente insatisfactorio (...) y cuando se llega al articulado hay tergiversaciones groseras de lo que debe ser una universidad", dijo Vivaldi.

Carolina Collins

Tanto las asesorías contratadas por los parlamentarios del Senado como las de los de la Cámara de Diputados investigará la Fiscalía, luego de que se conociera que el candidato presidencial del pacto Fuerza de Mayoría, el senador Alejandro Guillier, pagó una millonaria suma de dinero por informes que contendrían plagios del sitio web del Congreso.

Así lo confirmó el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, quien detalló que se ofició al Senado para incluirlo en la causa que investiga los pagos por informes en la Cámara de Diputados, ante un eventual fraude al Fisco.

Factor detonante

El persecutor indicó que se ofició a la Cámara Alta "para que se remitan copias de los distintos contratos, de los informes por asesorías y los reportes de dichas asesorías contratados entre los años 2011 y 2016". Y aunque dijo que esto se había hecho "por un tema de transparencia y de trato igualitario", admitió que el detonante fue el caso de Guillier.

"Es un tema que nosotros veníamos analizando desde hace algún tiempo, pero esta información (sobre Guillier), sin duda, sirve también como un elemento de juicio para llevarla adelante", dijo Guerra según Cooperativa. "Esperamos que esa información (de la Cámara Alta) sea entregada a la brevedad. Entendemos que es voluminosa", comentó el fiscal, que dijo que la indagatoria de las asesorías de la Cámara "está bastante avanzada".

Según publicó Bío-Bío, el abanderado oficialista canceló casi $ 19 millones con dinero de asignaciones parlamentarias por informes escritos, presenciales y telefónicos de la empresa Beltrán Asociados Spa, del abogado Omar Beltrán, firma formada una semana antes de que él asumiera como senador y que opera en un domicilio particular. Los informes contenían extractos copiados y pegados del sitio del Congreso, incluidos errores de tipeo.

Guillier se defiende

El aludido defendió el pago por los informes, asegurando que tenían por fin informarle lo que sucedía en las comisiones a las que no podía asistir. "Los senadores cuando pertenecen a partidos se distribuyen en las distintas comisiones y tienen equipos técnicos que les van informando lo que pasa en otras comisiones donde él no participa. Por lo tanto yo generé una pequeña red de gente que trabaja y que me va informando lo que va ocurriendo en otras comisiones", explicó Guillier que añadió que le paga $1 millón mensual a Beltrán Asociados Spa le y no por cada informe.

Respecto a las asesorías telefónicas y presenciales, Guillier dijo que no están respaldadas "porque tendría que estar con una grabadora".