Carolina Collins

La Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) logró identificar a los pilotos de las 13 avionetas que el miércoles utilizaron como pista de aterrizaje un sector de Totoral, entre Copiapó, Vallenar y Caldera, donde en esta época del año se produce el fenómeno del desierto florido.

Durante la jornada de ayer la Comisión Desierto Florido se constituyó de urgencia para abordar el tema, liderada por la intendenta de Atacama, Alexandra Núñez, e integrada por la Seremi de Medio Ambiente, Bienes Nacionales, y operadores turísticos, entre otros.

Tras la reunión en la intendencia de Atacama, desde el Gobierno confirmaron que la DGAC había logrado identificar a los pilotos, pero explicaron que el organismo rehusó entregar sus identidades para no perjudicar la investigación, según consignó "Soy Copiapó".

El caso está siendo investigado por la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Contra el Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, la Conaf y el Seremi de Medio Ambiente, entre otras entidades. Las posibles multas por incumplir ordenanzas o la Ley de Bosques Nativos dependerán de si el terreno es público o privado.

Fanáticos de la aviación

Según publicó "La Segunda", uno de los pilotos que aterrizaron en el desierto florido, y que fueron fotografiados haciendo un picnic en el lugar, es el presidente del directorio de SQM, Eugenio Ponce Lerou, hermano del ex controlador de la minera no metálica, Julio Ponce Lerou.

Según la publicación mencionada, Ponce Lerou integra una agrupación denominada "Los Galácticos", formada hace más de una década por empresarios fanáticos de estas naves, que compran en kits para armarlas y pintarlas a su gusto, según detalló el abogado Lorenzo Muñoz, quien los representará en la investigación de la DGAC.

"Siempre tienen que volar bajo y además van varios juntos, porque estos aviones, construidos por ellos mismos, pueden tener problemas mecánicos y fue precisamente eso lo que aconteció en esta ocasión: a uno de los aviones se le cortó una piola", aseguró el profesional.

Sin embargo, desde la DGAC señalaron que "ninguna agencia aeronáutica ni torre de control recibió algún reporte de emergencia relacionada con estos planes de vuelo".

El ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, anunció que "si es terreno fiscal, se presentará una demanda por daño ambiental" y enfatizó que se requiere una "mejor institucionalidad", para lo que urge "la creación del Servicio de Biodiversidad".

avionetas aterrizaron el miércoles en un sector del Norte Chico donde hay desierto florido. 13

Tanto el director general de la PDI, Héctor Espinosa, como el fiscal nacional Jorge Abbott, confirmaron ayer que ya han identificado a quienes integran los grupos que se han adjudicado los ataques incendiarios contra camiones que han ocurrido en las últimas semanas en el sur del país.

Ambos jefes máximos de la policía civil y la Fiscalía coincidieron en que la mayor complejidad para atribuir responsabilidades por esos hechos es lograr situar a los presuntos autores en el lugar donde éstos ocurrieron.

Trabas en indagatoria

Durante el lanzamiento de un nuevo plan operativo que comenzará en la zona sur de la capital, Espinosa dijo, según consignó Emol, que "es fácil criticar a la inteligencia policial, cuando la característica que tiene es ser silenciosa en su trabajo y no dar a conocer lo que hace. Yo le puedo decir con responsabilidad que tenemos identificado todo lo que está ocurriendo. Sabemos quiénes son los grupos violentos".

Además añadió que lo difícil "es situar a las personas en los lugares de los ataque". Algo con lo que coincidió Abbott, que ejemplificó con lo que sucede en las manifestaciones públicas, donde es complicado poder demostrar que una persona estuvo en el lugar donde ocurrió un ilícito.

"La inteligencia ya tiene identificado quiénes son estas personas que han participado en hechos violentos, pero sin que se les pueda atribuir responsabilidad de hechos específicos, pero sí antecedentes de que hay ciertas personas que están vinculadas entre sí", detalló el jefe del Ministerio Público.

Abbott ejemplificó con el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, en el que un arma que había sido usada en ataques en dos de las tres regione fue descartada como prueba por el tribunal.