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Monitorearán la calidad del agua y alimentos en el interior

PROGRAMA. El plan de vigilancia tiene como fin, desencadenar una alerta cuando los niveles de contaminantes sobrepasen las normas establecidas.
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Redacción

Un innovador programa, orientado a mejorar la calidad química del agua potable rural y de los alimentos que consumen los pobladores que viven en esas zonas, es el que está generando la Secretaría Ministerial de Salud de Antofagasta, en el marco del actual plan de vigilancia de aguas de consumo humano y alimentos que realiza.

Es así que dentro de los alcances de esta innovadora iniciativa, la autoridad sanitaria contempla la generación de tomas de muestras para el análisis de metales pesados en matriz de agua y la materialización de seminarios y talleres sobre las mismas materias.

Autoridad

Así lo dio a conocer la secretaria regional ministerial de Salud, Lila Vergara, en el marco de los citados "seminarios taller", instancia que contó con la participación de una treintena de dirigentes de los Comités de Agua Potable Rural (APR) y representantes de los pueblos originarios de San Pedro de Atacama, Talabre, Camar, Socaire, Peine y Toconao.

Detalló que las intervenciones comprenden, entre otras, acciones dirigidas al abatimiento de los elementos que no cumplan la normativa y otras, orientadas a alternativas de abastecimiento temporal del vital líquido, en caso de ser necesario.

"La expansión del plan de vigilancia de aguas de consumo humano y alimentos, tiene como fin, desencadenar una alerta cuando los niveles de contaminantes sobrepasen las normas establecidas, generando las intervenciones con el intersector que permitan mitigar la exposición de la población", declaró la autoridad de Salud.

Por su parte, la integrante del Comité de Agua Potable Rural de san Pedro de Atacama, Sandra Chinchilla, precisó que tanto el taller como las temáticas abordadas en este encuentro estuvieron a la altura de lo que la comunidad, en general, está requiriendo.

"La actividad sirvió para esclarecer algunas dudas que existen en cada comité. Además sería excelente que esta información se pudiera traspasar a la comunidad en general, porque la comunidad igual tiene algunas dudas con respecto a la cantidad y calidad del agua que los comités suministran", manifestó la representante del comité de agua potable rural de san Pedro de Atacama.

Calidad de agua

En relación a las tomas de muestras de agua, para el análisis de metales y otros componentes de interés sanitario, Lila Vergara indicó que la Seremi está terminando las bases para la licitación de los servicios que permitan desarrollar este segundo componente y que hagan posible tomar las medidas de salud que correspondan.

El Seminario Taller, realizado en San Pedro de Atacama, se el pasado 5 de septiembre, se replicará en Calama, para las comunidades del Alto El Loa.

Esta iniciativa implicó la entrega de una serie de antecedentes y herramientas asociadas al consumo de aguas y alimentos.

Entre éstos, reglamentos del Código Sanitario, suministro, enfermedades, suministro durante las emergencias y desastres, y residuos de plaguicidas.

Programa vigilancia y fiscalización

Expandir el actual plan de vigilancia de aguas de consumo humano y alimentos que realiza la Autoridad Sanitaria; la generación de tomas de muestras para el análisis de metales pesados en matriz de agua y la materialización de seminarios - taller sobre las mismas materias, dirigido a las comunidades de localidades rurales, son los componentes principales de este innovador programa, orientado a mejorarla calidad química del agua potable rural y de los alimentos que consumen.

Municipio estudiará si se une a demanda colectiva por deuda a docentes

BONO PROPORCIONAL. Sería interpuesta por la asociación de municipalidades en contra del Fisco.
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Los municipios adscritos a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), se encuentran estudiando la posibilidad de demandar al Fisco para que se haga responsable de la deuda que se mantendría con los docentes por el denominado bono proporcional.

Una situación que se ha ido acrecentando, puesto que la mitad de los municipios fueron demandados por los docentes ante el Tribunal del Trabajo, entidad de justicia que ,en su gran mayoría, le ha dado la razón a los profesores , decisión que en varios casos ha sido ratificada por la Corte de Apelaciones y también la Suprema.

En la comuna de Calama el tribunal laboral ya falló en primera instancia a favor de los profesores, quienes presentaron dos demandas, una patrocinada por el Colegio de Profesores y que involucra a 337 docentes y otra por el sindicato del gremio y que aglutina a 532 profesionales. Ambas demandas suman una deuda aproximada de $6 mil millones.

Es por esta razón que al interior del municipio de Calama se encuentran analizando la posibilidad de unirse a esta demanda colectiva en contra del Fisco, según comentó el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), Gregorio Rodríguez.

El directivo dijo que es una de las posibilidades que se está estudiando. "No nos hemos comprometido pero sí lo estamos analizando. No vamos a hacer nada de forma independiente y si lo hacemos, lo vamos a hacer en conjunto con los otros municipios", comentó Rodríguez.

En cuanto a la fecha en la que se definiría su adhesión a esta demanda colectiva, Rodríguez dijo que ello sucedería la próxima semana y agregó que el alcalde de Calama, Daniel Agusto está en conversaciones con los dirigentes de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Situación

Según la estimación que realizó el magisterio en 2016, las municipalidades adeudarían cerca de $140 mil millones a los docentes por el denominado "bono proporcional", una asignación que buscaba aumentar los sueldos de los profesores y que los municipios, entre ellos el de Calama, aseguran que fue pagada, aunque no quedó registro de esto, porque no se explicitó su pago en las liquidaciones de sueldos, según los ediles.

"Aquí alguien se equivocó, alguien interpretó mal la ley, y ese error está causando un perjuicio patrimonial bastante considerable a los municipios", explicó Marcelo Segura, abogado de la AChM a El Mercurio.

Acusan que el problema surgió desde la Contraloría General de la República o del Ministerio de Educación, ya que estos organismos habrían dispuesto la manera en que debían ser entregados los bonos.

Según se estableció esta demanda colectiva debería realizarse en un plazo no mayor de 30 días.