Cristián Venegas M.

En plena vigencia se encuentra la denominada Ley del Saco, que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual, en los casos en que las ayudas mecánicas no pueden usarse. Ley N° 20.949 que establece una rebaja de 50 a 25 kilos la carga que pueden llevar los hombres, y a 20 kilos los que pueden cargar las mujeres y los menores de 18 años.

Asimismo, la norma señala que es el empleador quien tiene la responsabilidad que en su organización se utilicen medios adecuados, especialmente mecánicos, para evitar la manipulación manual habitual de las cargas. Pero que aquellos "que deban manipular manualmente la carga, reciban una formación satisfactoria, respecto de los métodos de trabajo que debe utilizar, para proteger su salud".

Espíritu de la ley

El seremi del Trabajo y Previsión Social (s), Rubén Gajardo, explicó que la ley está en la línea de lo que han planteado los organismos internacionales y especialmente la OIT, en materia de trabajo decente y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

"La ley no solamente limita el máximo de carga, incluso no es lo más importante, porque lo que dice es que el empleador debe optar por medios mecánicos y solo si no fuera posible, permite el trabajo a pulso y comienza a regir la limitación. Ese es el sentido que debemos darle a la ley", explicó la autoridad.

Eventuales alzas

Para el comerciante y dirigente del Terminal Agropecuario, Víctor Cabrera, la medida "es buena, sobre todo para los que cargamos y trabajamos en esto todos los días, porque si bien tendremos que darnos más vueltas, serán más rápidas y con un peso menor. La espalda sufre menos, porque con un saco de 50 kilos el trabajador sí que se complica".

El propietario del local 131, donde hace 14 años vende frutas y verduras por mayor y menor, detalló que en Calama ya están llegando los sacos de papas de 25 kilos, que antes llegaban incluso a los 80, y los sacos de zanahorias que de 40 pasaron a 20 kilos. Lo que también deberá aplicarse en el caso de los sacos de choclos, agregó, los que pesaban cerca de 70 kilos, y que hoy no pasarían la fiscalización.

Respecto a los contras de la nueva legislación, Cabrera cree que los valores podrían experimentar un aumento, pues "el gasto es mayor, se necesitan más sacos y pita para la misma cantidad de productos, además el trabajador que llena los sacos, el que trabaja en la tierra, también pedirá más pago por su trabajo, porque tiene que llenar y cerrar más sacos y darse más vueltas, y por eso creo que los valores serán un poco más altos", vaticinó el empresario.

Fiscalizaciones

Por su parte, el presidente provincial de la CUT, José Mardones, dijo que la Ley N° 20.949 supone "un resguardo a la salud y la seguridad de los trabajadores y es una protección que beneficia a una gran cantidad de personas, como las que laboran en el retail, supermercados y tiendas que venden artículos de construcción que tienen mucho peso".

El dirigente agregó que la efectividad de la ley dependerá mucho del rol fiscalizador que tenga la Dirección del Trabajo, pero también de los propios trabajadores. "Las empresas deben adecuarse a la ley, pero obviamente esperanos que la inspección genere las fiscalizaciones que corresponden, y al mismo tiempo hago un llamado a los trabajadores a denunciar, porque los inspectores no estarán siempre en los lugares de trabajo para corroborar que las empresas cumplen la ley", dijo.

Quienes vulneran la normativa, informó la seremi, se exponen a sanciones que varían entre 9 y 60 UTM (entre $420 mil a los $2,8 millones), dependiendo de si la empresa tiene entre 1 y 49, 50 y 199 o 200 y más trabajadores.

Rubro Construcción

Para el gestor inmobiliario, Guido Maldonado, la ley "humaniza" el trabajo de quienes deben cargar peso. "El espíritu de la ley es proteger al trabajador, el hombre deja de ser una especie de mula y pasa a ser una persona, ya no es un esclavo que carga cualquier cosa. Aunque esto implicará una tecnologización, como pasa en Europa, donde hay grúas pequeñas para las tareas menores de carga".

Por otra parte, profundizó el arquitecto, la "mano de obra gradualmente se va encareciendo, en tanto habrá más tecnología y el trabajador requerirá mayor calificación, habrá más especificación. Al mismo tiempo, el mundo de la construcción está abocada a una campaña de seguridad en el trabajo para cuidar a sus empleados, y si me preguntas si esos costos finalmente pasarán al consumidor, la respuesta es sí, efectivamente".

es el peso máximo que puede cargar un hombre, lo que ya evidencia los sacos de cemento, papas y harina. 25 kilos

El senador Pedro Araya presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, norma que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohibe el lucro en establecimientos que reciben aportes del Estado; para postergar por un año la obligación de los sostenedores particulares.

El parlamentario argumentó que los establecimientos particulares subvencionados de la región son los que presentan las mayores dificultades al momento de enfrentar la Ley Nº 20.845, que fue publicada en junio del 2015 y cuyos aspectos más complejos de implementar debieran entrar en vigencia el 31 de diciembre.

Argumentación

Uno de estos puntos dice relación con la exigencia del traspaso de personalidad jurídica de los sostenedores a una figura sin fines de lucro. "Estoy totalmente de acuerdo con el espíritu de la Reforma Educacional y todo lo que esto implica, pues permite generar un nuevo paradigma en la forma en la cual estamos educando a nuestros hijos tanto en la calidad como en el acceso, pero esto no implica que se intente implementar una ley que no contemple la realidad de todas las regiones del país", dijo Araya.

"En la Segunda región, agregó el senador, tenemos un problema objetivo en la implementación de la ley de inclusión que es necesario que el gobierno resuelva y es por eso que solicitamos que postergue en un año su implementación".

Otro punto que consideró el proyecto, es la incertidumbre que genera la obligación que los sostenedores sean propietarios del inmueble donde funcionan los colegios, pues debido al alto valor del suelo en la región y la poca definición sobre cómo operará el sistema de créditos bancarios, se plantea un nuevo obstáculo.

"Lo que no puede ocurrir es que una ley como la de inclusión genere más dudas que certezas. Es tal el impacto que esto puede generar, en particular con los alumnos de la región, que es necesario que cada aspecto de la ley sea totalmente clara en su funcionamiento. El gobierno necesita ser flexible con los plazos, pues si bien el camino es el correcto, la prisa puede hacer que una buena reforma termine con desastrosos resultados para la realidad del norte", sostuvo.

El proyecto de Araya cuenta con el apoyo de los senadores Carlos Montes, Andrés Zaldívar e Ignacio Walker.