Luego de reunirse en Buenos Aires con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró que el Gobierno argentino tiene "información relevante" sobre el presunto trafico de armas a La Araucanía.

El viaje efectuado por la autoridad obedece a que tanto la Fiscalia como Carabineros investigan un presunto tráfico por parte de una "asociación ilícita terrorista" y responsabilizada por varios ataques incendiarios durante los últimos meses en la zona.

"El Gobierno argentino nos ha informado que tiene información relevante sobre posibles nexos entre estos grupos", señaló el subsecretario en conversación con radio Cooperativa tras el encuentro en la capital trasandina. "Por lo tanto, a través de los convenios vigentes, convenios judiciales vigentes, se harán las peticiones desde el Ministerio Público de Chile al sistema judicial argentino para contar con esa información", agregó.

En el encuentro con la ministra Bullrich, además, se trataron otros temas como los cruces fronterizos ilegales y la próxima visita del Papa Francisco a Chile, lo que ocurrirá en enero.

El subsecretario Aleuy también se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de mantener la prisión preventiva de los cuatro comuneros mapuche que llevan más de 115 días en huelga de hambre y manifestó su preocupación por su estado de salud.

"Nosotros naturalmente tenemos que respetar las sentencias que emiten los tribunales chilenos, pero vamos a apelar a ella, hicimos la presentación correspondiente, y el Gobierno, así como se preocupa que el Estado de derecho aplique a todos los ciudadanos que viven en nuestro país, también tiene que preocuparse de la vida de las personas", aseguró Aleuy.

"El Gobierno argentino nos ha informado que tiene información relevante sobre posibles nexos entre estos grupos".

Mahmud Aleuy, Subsecretario del Interior."

El juez de Garantía de Temuco, Mauricio Torres, resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre los cuatro comuneros mapuche en huelga de hambre y que son acusados por la Fiscalía de participar en el ataque incendiario que, en junio de 2016, destruyó el templo Iglesia del Señor, en el sector Niágara, en la región de La Araucanía.

El magistrado decretó mantener la medida cautelar más gravosa que contempla la ley, tras considerar que hay antecedentes suficientes para presumir la participación de los imputados. El juez Torres, además, precisó que, pese a la petición que hicieron los abogados de la Intendencia, la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad del delito y la pena asignada.

En su resolución, el tribunal también indicó que las razones que adujo el Gobierno para alzar la prisión preventiva de los imputados, por mantenerse bajo una huelga de hambre que supera los 115 días, es más bien una razón de carácter humanitaria.

Tras conocer la decisión, la vocera de La Moneda, Paula Narváez, sostuvo que "nosotros, por cierto, lamentamos la decisión que se ha tomado en ese sentido. Al hacer esta solicitud nosotros estábamos poniendo por sobre todo nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas, estamos preocupados por su situación precaria de salud".

Una vez conocida la decisión del juez de Garantía, el fiscal de la causa, Luis Torres, se mostró satisfecho con la resolución, indicando que "el juez estableció que había la existencia de un delito de incendio de carácter terrorista y que había prueba suficiente de participación".

Consultado por la petición de los abogados del Gobierno de cambiar la prisión preventiva a razón del estado de salud de los comuneros en huelga, Torres indicó que "el magistrado fue claro, la decisión de huelga de hambre no puede forzar o presionar para que el tribunal modifique la medida cautelar que pesa sobre los imputados porque el Tribunal tiene que obrar sobre razones técnicas y aplicar la ley".

Finalmente el fiscal confirmó que la preparación del juicio continuará el próximo 10 de octubre, como se resolvió durante la semana.

Cautelas

La defensa de uno de los huelguistas, en tanto, consideró como "gravísima" la resolución del magistrado desde el punto de vista humanitario. "No podemos cuestionar la resolución jurídica del tribunal, pero sí podemos estar en oposición, por lo que el recurso de apelación que procede será eventualmente esgrimido", aseveró el abogado Pablo Ortega.

El defensor sostuvo que la decisión del tribunal "nos pone en una callejón sin salida". Ortega indicó que de confirmarse por la Corte esta resolución "acogeremos el argumento del Juzgado de Garantía respecto de presentar una cautela de garantía toda vez que está en peligro la vida de los imputados y en esas condiciones es imposible realizar una audiencia preparatoria y menos un juicio". El defensor penal mapuche, Humberto Serri, aseguró que la decisión de pedir el cambio de medida cautelar por parte del Gobierno, aduciendo razones de salud y humanitarias, no fue compartida por la defensa durante la audiencia.