El Tribunal Constitucional español suspendió ayer el pleno del Parlamento de Cataluña previsto para el próximo lunes 9, fecha en la que se espera la declaración unilateral de independencia de la región por parte de esa institución y el gobierno autónomo catalán. La Justicia española afirmó que, de producirse tal acto ilegal, produciría un quebrantamiento de la Constitución y la "aniquilación" de los derechos de los diputados.

La suspensión se produjo después de que el tribunal admitiera el recurso presentado, ayer mismo, por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) frente a la convocatoria del pleno.

El presidente del gobierno regional, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el lunes ante el Parlamento catalán para evaluar los resultados del referendo ilegal por inconstitucional del 1 de octubre. En la ley, también declarada ilegal, que la mayoría nacionalista en el Parlamento catalán aprobó para darle un marco legal a la consulta del domingo se estableció que, de ganar el sí a la independencia, la declaración de independencia sería automática.

El partido de extrema izquierda CUP (Candidatura de Unidad Popular, que apoya a la coalición de Gobierno Junts pel Sí (JxSí) integrada por el centroderecha (PDeCat) y republicanos de izquierda (ERC), aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.

En el recurso presentando por los socialistas catalanes se advirtió que convocar aquel pleno significa "ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional" de la Ley del Referendo, aprobada el pasado 6 de septiembre y que provocó el retiro del parlamento de las fuerzas políticas de oposición y a favor de la unidad de España, como un acto de protesta (la foto superior muestra los escaños vacíos, en el momento en que los parlamentarios secesionistas celebran el resultado).

Fuga de empresas

La incertidumbre generada por la eventual declaración de independencia de Cataluña ha llevado a varias empresas con sede en la región a cambiar sus instalaciones a otras zonas de España. El Banco Sabadell, por ejemplo, es la quinta casa financiera más grande de España, producto de su volumen de activos, además de contar con 130 años de historia en la región, con 2.548 oficinas y cerca de 26 mil empleados. Ayer, la firma anunció el traslado de su sede a la provincia valenciana de Alicante (este), lo que le permitirá mantenerse bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y con acceso a líneas de liquidez. En la misma línea, el tercer banco español, CaixaBank, convocaría hoy a un consejo de administración extraordinario para aprobar el traslado fuera de Cataluña. Estos cambios serían posibles gracias a una modificación legal que prepararía el Gobierno español.

Permanecer en la zona euro supone para los bancos seguir operando con normalidad y garantizar los intereses de sus accionistas, clientes y empleados, cualquiera sea el escenario. El presidente de la patronal -agrupación de empleadores -catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, consideró un "error" la eventual aprobación de independencia y pidió al Gobierno regional que no dé "pasos precipitados y no medidos".

La diputada catalana Eulàlia Reguant dijo al respecto que la ciudadanía "deje de trabajar" con Caixabank y el Banco Sabadell, así como con el BBVA, y que apuesten por un banco público o cooperativas de crédito.

de octubre podría ser proclamada la independencia de Cataluña, si el Parlamento sesiona y rompe la ley. 9

días han pasado desde el referendo ilegal donde, según el Gobierno regional, se aprobó la secesión. 5

años en Cataluña lleva el Banco Sabadell, la quinta casa financiera más grande de España que se irá de Cataluña. 130