Los anuncios de precios "ultra" bajos de pasajes en avión se están haciendo una costumbre, sin embargo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ya está recibiendo denuncias respecto a incumplimientos de lo ofrecido. Hasta la fecha hay 19 denuncias por el servicio "low cost" a nivel nacional en contra de dos aerolíneas.

Desde el Sernac detallaron que hasta el momento se han recibido 3.191 reclamos en todo el país, siendo un 21% por pérdidas, extravíos o daños en el equipaje, un 20,5% por incumplimientos en las condiciones contratadas y un 14% por el mal servicio entregado. De todo esto, sólo un 45% tuvo respuestas por las aerolíneas.

En tanto, el año pasado el Sernac interpuso 23 juicios en contra de las aerolíneas, siendo principalmente por la cancelación de los vuelos, robos o daños en el equipaje y la mala calidad del servicio.

"Entre enero y mayo de este año 2017, el Servicio suma 13 denuncias, siendo los principales problemas la mala calidad del servicio y los robos o daños en los equipajes", detallaron.

Estudio

Este año la unidad de Análisis de Publicidad y Prácticas Comerciales del Sernac hizo un estudio referente al servicio de las aerolíneas y en cuanto al sistema "low cost" encontraron que las empresas Sky y JetSmart "no informaban adecuadamente sus tarifas e incurren en publicidad engañosa", mientras que otras apelaban a la frase "valor desde" y omitían que estos podían variar y la cantidad de cupos disponibles.

Johanna González G.

En el tribunal de Cobranza Laboral y Previsional se encuentran 20 causas que representan a los trabajadores a honorarios que fueron desvinculados del municipio y hasta la fecha el monto adeudado supera los 681 millones de pesos, los que desde la administración comunal aseguran que serán cancelados en dos meses.

A esto se suma el pago que se debe hacer por las cotizaciones obligatorias de los sistemas previsional y de salud, pues a pesar que eran honorarios obedecían a condiciones laborales establecidas, como por ejemplo asistencia y horario.

Municipio

Respecto a esta situación, la administradora municipal, Tamara Aguilera, enfatizó en que "las demandas se tienen que pagar", pero "el problema que tenemos y por qué hemos tardado tanto con el trámite administrativo es justamente para determinar a quién le pagamos. Tuvimos que hacer un levantamiento para saber cuáles eran las AFP a las que correspondía cada trabajador y en el sistema de salud fue un poquito más complicado porque hay algunos que no tenían previsión y a esos tuvimos que pedir un pronunciamiento para ver si los incluíamos directamente en Fonasa".

En este sentido, dijo que ya comenzaron con los pagos a estos sistemas, "de hecho el viernes hicimos el primero y vamos a seguir haciéndolo a medida que siga avanzando el proceso de liquidación".

Asimismo, agregó que hicieron un requerimiento a la superintendencia de Salud para condonar las multas e intereses, pues por el momento sólo tienen considerado los montos brutos.

En tanto, el pago a los trabajadores es otro tema que deberá resolver la actual administración y según Aguilera "estamos haciendo el flujo de caja para determinar cómo vamos a pagar, probablemente vamos a empezar con los montos más altos, con los trabajadores más antiguos".

Concejal

Frente a este mismo caso, la concejal Carolina Latorre, dijo que el error al haber despedido a estos trabajadores es "magnánimo", porque "obligó el pago de las cotizaciones previsionales desde el inicio de las relaciones contractuales. Es mucha plata porque eso se paga mes a mes, lo que se suma a los años de servicios, al aviso previo y a las remuneraciones pos despido".

Mientras que a cómo se debe cancelar este millonario monto, precisó que el municipio tiene un presupuesto que está asignado y sólo se modifica con acuerdo del concejo, es decir, "sólo puedes pagar de acuerdo a los ítems presupuestarios aprobados y en este momento la municipalidad no tiene ninguno para este concepto y que alcance a cubrir la totalidad de las demandas".

De esta manera, explicó que el alcalde debiera llamar a un concejo extraordinario para presentar este tema y los concejales aprobar la modificación. "Tenemos que ser citados con cinco días hábiles de antelación y hasta el momento no tenemos una fecha para hacer una modificación".

Latorre manifestó que si el alcalde procede a cancelar sin realizar el proceso de modificación estaría actuando fuera del marco legislativo.

Demandas

Respecto a las demás causas, Tamara Aguilera detalló que en el caso de los trabajadores que recurrieron a la Contraloría, quienes interpusieron un recurso de protección, el municipio solicitó un recurso jerárquico, que en caso de ser desfavorable también recurrirán a un recurso de protección. Por el momento la causa está en estado de acuerdo.

Mientras que por los dos profesionales de comunicaciones que recurrieron a tribunales, dijo que irán a la corte Suprema, "porque creemos que hay fundamentos legales para hacerlo".

"Día a día va variando el monto, vamos a ir liquidando de a poco y cumpliendo con ciertos plazos y fechas establecidas por las mismas instituciones".

Tamara Aguilera, Administradora municipal"