P ese a que dijo que no planea despedir a 20 mil funcionarios del sistema público -sino que buscará recortar a los "operadores políticos" de ese sector si gana la elección presidencial- y a la carta que mandó a esos trabajadores para destacar su labor, las críticas contra el candidato de Chile Vamos Sebastián Piñera han continuado.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, calificó como una falta de respeto y una ofensa hacia el sector que Piñera hablara de sacar la "grasa del Estado" para financiar la mitad de lo que cuesta su programa de gobierno, que estima que costará US$ 14 mil millones.

"No es posible que una candidatura presidencial pretenda financiar un programa de Gobierno eliminando función pública", dijo el dirigente gremial que, aunque reconoció que en el sistema público "hay personal de confianza", aseguró que "en un número acotado" y que eso "nunca ha sido un problema".

"Es una propuesta populista, los números no dan", comentó respecto al cálculo de los US$7 mil millones que podría reunir Piñera reasignando y recortando gastos. Es "imposible recuperar US$7 mil millones al año con despidos", dijo Insunza y agregó que "el que hoy día se nos venga a decir que más del 10% de la dotación del Estado central es inservible y debe cortarse, no deja de ser sino una falacia".

Y anunció que "a propósito de la brutalidad de las declaraciones que se han dado, la ANEF está evaluando medidas judiciales para denunciar por discriminación e injurias a quienes han emitido estos dichos".

Al ser consultado sobre quienes serían denunciados, Insunza nombró al propio ex Presidente Piñera y a la senadora Jaqueline van Rysselberghe (UDI). "Han sido los principales voceros de estas amenazas a los trabajadores del sector público durante las últimas semanas", dijo.

Ofensiva oficialista

La polémica por la reasignación de recursos anunciada por Piñera, abrió una en paralelo, que se inició cuando el abanderado de Chile Vamos aseguró que habían casos de nepotismo en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, aludiendo al hermano de la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, Pedro Goic, director nacional del Sence.

A raíz de esto, parlamentarios oficialistas que respaldan la candidatura de Alejandro Guillier (PPD, PS, PR, PC, MAS e IC), emprendieron una ofensiva contra Piñera acusándolo de haber tenido a familiares en su Gobierno.

Uno de ellos fue el diputado Osvaldo Andrade (PS), quien aseveró que "siempre se le imputa a otros gobiernos un conjunto de condiciones reprochables y no se asume que en su gobierno eso fue mucho peor".

El parlamentario Daniel Núñez (PC), en tanto, calificó como "curiosa" e "hipócrita" la acusación de Piñera, ya que "él en su gobierno tuvo a una serie de familiares, primos, hermanos, incluso hasta su hija trabajando en La Moneda".

Por su parte, la senadora Adriana Muñoz (PPD), afirmó que el ex Mandatario "no tiene ninguna "autoridad ética" ni "piso" para hablar de nepotismo.

"Siempre se le imputa a otros gobiernos un conjunto de condiciones reprochables y (Piñera) no se asume que en su gobierno eso fue mucho peor".

Osvaldo Andrade Senador PS."

"Vamos a escuchar a los dirigentes y funcionarios públicos sobre la existencia de operadores políticos en el Sename".

Nicolás Monckeberg Diputado RN."

La Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó ayer el fallo del 22° Juzgado Civil de Santiago, que condenó al Estado de Chile a pagar $1.840 millones en indemnizaciones a familiares de víctimas del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.

Las indemnizaciones van desde los siete millones y medio hasta los $30 millones para 74 familiares de 21 víctimas de casos ocurridos en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.

El fallo del máximo tribunal rechazó el recurso de casación que había presentado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para anular la resolución, argumentando supuestas infracciones al procedimiento.

Dichos del abogado

El abogado de las víctimas, Alfredo Morgado, comentó que "la justicia ha sido precisa, clara, rotunda, unánime en torno a que la responsabilidad está relacionada con fallas en los protocolos, incumplimientos reglamentarios, incumplimiento de normas establecidas para la seguridad en un sistema de protección civil, tanto del SHOA como la Onemi, en definitiva, falla toda una institucionalidad".

Por su parte, Luciano Fouillioux, abogado de la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, quien fue sobreseida tras cumplir con una salida alternativa, expresó que "no hubo responsabilidades personales de los funcionarios que fueron en algún momento formalizados en el área penal, sí hubo un colapso del Estado en general frente a uno de los hechos de la naturaleza más brutales que nos haya afectado y es probable que el Estado no hubiera estado suficientemente preparado para reaccionar de una manera distinta".

El fallo de la Corte Suprema, no fue el único relacionado a víctimas del terremoto 8.8 grados Richter de 2010 que se dio ayer. Según consignó Emol, en la misma jornada el 24° Juzgado acogió la demanda y condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $10 millones a la hija de víctima que falleció producto del tsunami en Llolleo, en la Región de Valparaíso.

La magistrada Patricia Ortiz acogió la acción judicial que presentó Rosa del Carmen Pereira Quiroz por la muerte de su mamá, Avelina de las Mercedes Quiroz Acevedo.