La Fiscalía comenzó a estudiar la sentencia del caso Luchsinger Mackay, que ayer se conoció, y confirmó que presentará un recurso de nulidad para revertir el fallo de la Segunda Sala del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco, que absolvió a los 11 imputados.

Así lo anunció ayer el vocero de la unidad persecutora, fiscal Roberto Garrido, quien tras la lectura de la sentencia confirmó que la acción judicial será presentada en los próximos días.

El persecutor detalló que esto se hará porque el tribunal declaró legal la declaración de José Peralino, el imputado que permitió la detención de los otros diez absueltos tras ser acusados por el incendio ocurrido el 4 de enero de 2013 en Vilcún, que terminó con la muerte del matrimonio conformado por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

"La convicción de la fiscalía está intacta en cuanto a que había antecedentes para condenar y en razón de ello vamos a recurrir. El mismo tribunal reconoció en su veredicto que la declaración de José Peralino era válida. Descartó que hubiera un montaje, presiones o malos tratos en su contra", explicó Garrido.

El fiscal consideró contradictorio que se hayan declarado legales los dichos de Peralino, pero "que no se valore en términos de dar por acreditados los hechos que fueron materia de la imputación, cuando además se presentaron otras pruebas que ratificaban o iban en el mismo sentido que el tribunal declaró como válida".

El persecutor, asimismo, argumentó que esto se sostiene en que el Ministerio Público no fue obligado a pagar las costas del juicio, que duró más de 50 días. "Ahora vamos a estudiar todos los argumentos de la sentencia para determinar qué otros vicios o errores de derecho fueron cometidos para hacer la presentación correspondiente, ya que nos parece que en este caso había prueba suficiente para dictar condena. Este caso no ha terminado todavía, siguen abiertos los recursos", añadió.

"Primó la política"

En tanto, Jorge Andrés Luchsinger Mackay, hijo mayor del matrimonio asesinado, volvió a lamentar ayer la resolución de la Justicia y comentó que en la absolución de los 11 imputados "primó la política por sobre las cosas técnicas".

Carolina Collins

Molesto reaccionó el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, luego de que, el lunes pasado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago aceptara la solicitud del Ministerio Público de extender el plazo de la investigación en su contra en el marco del caso SQM, hasta marzo de 2018, y levantar el secreto bancario.

La Fiscalía consiguió así que se ampliara el plazo de investigación hasta el 24 de marzo del próximo año, para realizar 80 diligencias pendientes en torno a 27 imputados, 21 de ellas referidas al abanderado del PRO formalizado por delitos tributarios, según expuso la persecutora que lo investiga, Carmen Gloria Segura.

"Es falso. Si un 1% fuera verdad, estaría preso. Así que no es tema", comentó irritado Enríquez-Ominami, quien además dijo que la solicitud del Ministerio Público que le permite acceder a sus cuentas personales y a las de su productora, Rivas y Rivas, ya se hizo antes y no arrojó resultados.

"Hace nueve meses las revisaron (las cuentas). Hay ocho peritajes judiciales. No hay nada. Falso. Si están abiertas... es noticia falsa. Yo sé exactamente para qué es. Este es el miedo, lo reconocieron hoy en la radio: Somos la única candidatura que crece y crece. Son las últimas armas que tienen para tratar de frenarme", manifestó.

El por tercera vez candidato a La Moneda comentó la resolución del tribunal durante una actividad en la que anunció que si es electo Presidente, rebautizará la estación del Metro Los Leones por "Michelle Bachelet".

"Esto no tiene vuelta atrás. No ha existido un candidato que diga claramente que continuará las obras públicas del Presidente anterior y me quieren llevar a un terreno que he respondido tres veces", respondió molesto ante las consultas por el tema.

Si el tribunal no hubiera admitido el lunes la petición, se hubiera decretado el cierre de la causa y la Fiscalía se hubiera visto obligada a presentar la acusación dentro de los diez días siguientes, sin llevar a cabo las 21 diligencias pendientes que buscarían determinar si hubo delitos tributarios en los pagos que hizo la minera no metálica a las sociedades de su ex asesor Cristián Warner, para financiar su campaña presidencial de 2013.

Reacción de querellante

El abogado querellante Mauricio Daza respaldó la extensión del plazo de la investigación manifestando que "esto es proporcional con la complejidad de la investigación, la extensión del plazo decretada por parte del Tribunal, en la medida que estamos frente a hechos bastante complejos y que involucran a un número importante de personas".

"El alzamiento del secreto bancario de Marco Enríquez, como un conjunto de otras diligencias equivalentes, se vienen desarrollando de hace largo tiempo. Lo que ocurre es que esta información debe ser procesada y analizada con la finalidad de poder definir a dónde fueron a parar esos recursos", agregó el abogado.

Cambio de nombre

En otro tema, Marco Enríquez-Ominami dio a conocer ayer su propuesta de cambiar los nombres de estaciones del Metro de Santiago en honor a ex Presidentes. Así fue que anunció que si es electo, rebautizará la estación Los Leones por el nombre de la Presidenta: "Vamos a continuar la obra de Michelle Bachelet", dijo en alusión a la recién inaugurada Línea 6.