Luis Grandón A.

El pasado 18 de diciembre, el Tribunal Electoral Regional de Antofagasta (TER) admitió la demanda por notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa. interpuesta el pasado 6 de este mes, por los concejales Dinka López, Maritza Cortés, Carolina Latorre, Ricardo Campusano y José Mardones, en contra del alcalde de Calama, Daniel Agusto.

De acuerdo con lo manifestado por los ediles de oposición, entre las causales que se esbozaron en este requerimiento se encuentran el haber comprometido el patrimonio municipal, falta a la probidad administrativa por acciones de acoso laboral y el no acatar lo dictaminado por Contraloría General de la República (CGR), en relación a la reincorporación de funcionarios desvinculados, entre otras.

Patrimonio municipal

En relación a esta causal, la concejal Demócrata Cristiana, Carolina Latorre, guarda relación con las demandas interpuestas por exfuncionarios, tanto a honorarios como a contrata, del municipio y que a la fecha no han sido canceladas.

A lo que se suman, según manifestó, las correspondientes cotizaciones, que también se encuentran impagas, lo que provoca que con el pasar de los días, el compromiso del patrimonio municipal sea cada vez mayor.

"Lo que actualmente tiene liquidado el municipio son $695 millones, sin embargo todavía hay causas en tramitación. Adicionalmente, esta liquidación no contempla el pago de cotizaciones previsionales, monto que aumenta día a día y que generarán que la cifra liquidada vaya a aumentar más tarde", declaró Carolina Latorre.

En relación al dictamen de la CGR, que ordenó la reincorporación, en sus labores al interior del municipio, de ocho funcionarios a contrata que fueron desvinculados por la actual administración, la concejal manifestó que este sería uno de los temas más delicados, porque junto con tener que cancelar todas las remuneraciones adeudadas del periodo 2017, también se debe cubrir el respectivo pago de cotizaciones previsionales.

"Al considerar todos estos antecedentes, nosotros como concejales redondeamos que el monto, fácilmente, superaría los mil doscientos millones de pesos, porque el no pago de cotizaciones va provocando que el monto día a día vaya aumentando", mencionó la edil.

En esta misma causal, Latorre precisó que el no cumplir con los dictámenes se arriesga a que el municipio sea embargado

"Si no se paga, como está comprometido el patrimonio municipal, podemos estar afectos a embargos, existiendo situaciones en las que está prohibido el embargo a los bienes municipales. En estos casos responde con arresto el alcalde. Frente al desacato a una orden judicial, lo que significa la comisión de un ilícito, correspondería la destitución y lo que está haciendo actualmente el alcalde es eso, desconocer unas órdenes tanto de la Justicia como de la Contraloría", declaró Carolina Latorre.

Exfuncionarios

En esta causa (trabajadores a contrata) existen dos pronunciamientos previos de la Contraloría Regional de Antofagasta, que exigen el pago de la remuneraciones correspondientes al periodo 2017 y las cotizaciones respectivas, y por otro lado la restitución inmediata de los trabajadores en sus funciones.

De acuerdo con Poblete, la Contraloría ha acogido el reclamo de ocho funcionarios y estos dictámenes no han sido cumplidos por la municipalidad de Calama.

"El primero guarda relación con la reincorporación inmediata de los trabajadores a sus funciones y el pago de sus remuneraciones por todo el tiempo que se han mantenido alejados de sus funciones, ante lo cual el municipio presentó un recurso de reposición y un recurso jerárquico, este último para que el caso sea conocido por el contralor general de la República. Pues bien, estos recursos que no procedían fueron rechazados por Contraloría y mantuvo firme lo que señaló en su primer pronunciamiento", sostuvo el abogado representante de los exfuncionarios a contrata.

Ante esta situación, Poblete enfatizó que bajo este escenario el municipio de Calama está en un total incumplimiento por parte de los dictámenes de la CGR.

"Los dictámenes de Contraloría, conforme a los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política del Estado, además de las propias normas de la ley orgánica de la Contraloría General de la República , son obligatorios y vinculantes, por lo que deben ser acatados por todas las autoridades sometidas a control de este organismo y el alcalde de Calama no ha dado cumplimiento a esto. Esta situación es muy grave, por lo que arriesgaría su destitución", explicó Poblete.

Al respecto, el abogado precisó que desde el municipio se presentó una solicitud de Remoción, a lo que se dio curso, pero no interfiere en lo dictaminado ya por el organismo.

Municipio

Por su parte, el aludido, Daniel Agusto, manifestó que esto es un signo más de "la odiosidad" de parte de los ciertos concejales hacia su administración.

"Esto no me desenfoca en lo absoluto, todo lo contrario, nos da mayor fuerza para seguir trabajando y luchando por nuestra gente, por nuestra ciudad", expresó Agusto.

Referente a los motivos por los cuales se interpuso la acusación, se encuentra el desmedro al patrimonio municipal por las no renovaciones realizadas el año pasado, lo cual el alcalde lo justifica por la sobredotación existente en el municipio. De igual forma, informó, que ya se han realizado, de forma parcial, el pago previsional y se está ad portas del pago de las indemnizaciones.

En relación a la segunda causal, reincorporación de los trabajadores a contrata. Según el municipio, este caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema, por un recurso de protección interpuesto por los mismos trabajadores, según el municipio tras asistir a la Corte de Apelaciones quienes determinaron la reincorporación sin pago retroactivo, quedando una instancia más proporcionada por el Municipio, es decir, que aún no se han agotado todos los recursos legales para tratar la problemática.

En la tercera causal, falta a la probidad donde el Tribunal Laboral sentenció al alcalde a una sanción , la cual se acató a cabalidad.

En la última causal, los concejales expusieron una irregularidad en el proceso de las modificaciones presupuestarias, denominándolas regularizaciones, lo cual está justificado en la falta de control interno del consistorio, tal como lo identificó la Contraloría.

"El alcalde no ha dado cumplimiento a los dictámenes de Contraloría, es muy grave, por lo que arriesgaría su destitución".

Rodrigo Poblete, Abogado funcionarios a contrata."

"Esto es un signo más de la odiosidad de parte de ciertos concejales hacia nuestra administración".

Daniel Agusto, Alcalde de Calama."

millones $1.200

sería el monto que el municipio debería cancelar por las demandas interpuestas. 2