La corte de Apelaciones de Calama rechazó el recurso de amparo que interpusieron las personas que se tomaron un terreno en Lickan Tatai en contra de la Conadi y la gobernación de El Loa, cuando se dispuso su desalojo.

En la oportunidad, la vocera de la asociación que crearon Machaj Inti, Jubiza Puentes, aseguró que al ser indígenas y los terrenos también "nos pertenecen. No hay nadie ajeno a las etnias, somos aymarás, quechuas, atacameños y mapuches".

Los pobladores exigían que se les entregaran las hectáreas restantes de un terreno que la Conadi pasó para que otras familias formaran su campamento, todas salientes de la toma de Frei Bonn.

La encargada de la Conadi en la provincia, Liliana Cortez, explicó que no se le puede entregar terrenos a organizaciones, solo a comunidades y personas naturales e incluso resaltó que por el caso que señalaron debió enfrentar un sumario".

Antecedentes

El pasado 10 de diciembre, un grupo de familias que conforman 64 personas se tomaron el terreno en Lickan Tatai, el 26 del mismo mes se conformaron como asociación y el 2 de enero fueron notificados del desalojo, el que ocurriría el 22 del mismo mes.

Los afectados presentaron un recurso de protección, el que finalmente fue rechazado por la corte, la que detalló que "habiendo sido dictada la resolución 703-2017 por la Gobernación El Loa-Calama en ejercicio legal de sus funciones, la misma no puede calificarse como acto ilegal y arbitrario, máxime si se considera que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho, vulnerado por el acto ilegal de las 64 personas individualizadas en lo expositivo, quienes ocuparon el predio de CONADI, dificultando asignar el destino para el que se le entregó a esta última institución el predio, y que beneficia a personas indígenas".

"Por lo demás, si los ocupantes ilegales dejan voluntariamente el inmueble en que se encuentran, no se producirá el desalojo forzado dispuesto en la resolución. De consiguiente, debe rechazarse el recurso deducido en autos, tanto a vía de amparo como de recurso de protección. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de amparo"

Johanna González G.

Tal como se anunció, a partir de este mes la Farmacia Ciudadana de Calama comenzó a atender en sus nuevas dependencias, ubicadas en avenida O'Higgins entre las calles Santiago y Turi, donde además de contar con más espacio hay disponibilidad de estacionamientos.

La químico farmacéutico y director técnico de la farmacia, Rosa Rojas, comentó que están todavía con las mejoras del recinto, pero que ya cuentan con los medicamentos para los pacientes inscritos.

"Tenemos cerca de 400 productos que son para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y artrosis, también hay suplementos alimenticios. La idea es que los pacientes vengan, porque es una posibilidad para adquirir medicamentos más baratos", precisó la encargada.

Apertura

La químico farmacéutico de la Droguería Central del departamento de Salud municipal, Yisel Rodríguez, argumentó que este cambio de dependencias va acompañado de nuevos beneficios para la comunidad.

"Es un local mucho más grande, en mejores condiciones que el anterior, tanto para los pacientes como para los medicamentos, hay estacionamiento y locomoción a la puerta. Además el cambio a la Comdes permite que ahora podamos obtener insumos mucho más rápido, porque los fondos aumentaron de 20 a 70 millones de pesos para la adquisición de medicamentos", enfatizó.

Asimismo, dijo que la Farmacia Ciudadana de Calama siempre ha estado abierta a todos los pacientes, sean de Fonasa, isapre o sin previsión, condición que seguirá manteniendo.

"Nosotros no tenemos discriminación en ese sentido, pero sí tenemos un límite para la inscripción, que es por los recursos que tenemos disponibles para la compra, porque hay que pensar que los pacientes crónicos necesitan sus medicamentos para siempre y tenemos que entregárselos todos los meses", explicó.

En tanto, dijo que a contar de este mes empezarán la venta de medicamentos para morbilidad, como antibióticos, antivirales y analgésicos.

"Son para los pacientes no crónicos que necesitan tratamientos cortos", comentó.

A esto sumó que para los primeros días de marzo tienen contemplada la venta de pañales de adultos, ya que actualmente se encuentran en el proceso de cotización.

Atención

Además de las dos personas que atienden la farmacia, están dos técnicos paramédicos, quienes también realizarán exámenes preventivos para los usuarios que lleguen a la farmacia.

Mientras que la químico farmacéutico estará siempre en el recinto, pues dentro de sus tareas también está "entregar una atención personalizada, que puede ensañarles cuáles son sus tratamientos. Muchas veces el médico da la receta y los pacientes no saben para qué son o cómo se deben tomar, con o sin comida, por ejemplo".

Durante todo este mes, la gobernación de El Loa iniciará su campaña de verano de prevención y fiscalización, trabajando coordinadamente con las policías y otros organismos públicos.

El encargado de Seguridad, Jorge Valenzuela, comentó que el objetivo es prevenir actos fuera de la norma y en cuanto a las inspecciones, lo harán en "locales nocturnos, comercio no establecido y vamos a redoblar el tema de los desalojos".

Precisó que ya ha tenido reuniones con los nuevos prefectos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), respectivamente, con quienes se ha coordinado el calendario de trabajo para ejecutar durante febrero.

"El objetivo es que antes que concluya el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet podamos dejar gestionado el tema de los desalojos, principalmente", explicó.

Desalojos

Valenzuela comentó que los desalojos serán principalmente en los sectores de Yalquincha y Puerto Seco, donde las ocupaciones de empresas para desarrollo industrial.

"Ya tenemos determinados los lugares, que de acuerdo al plan regulador son áreas verdes", comentó, explicando que existen casos que son más fáciles de retirar, "porque son ocupaciones transitorias, pero esta vez también iremos donde empresas que están establecidas, con galpones e instalaciones, que están haciendo uso ilegal de bien público".

Precisó que son alrededor de 50 las empresas que están en esta condición y deberán salir. "En esos sectores no hay uso habitacional, son en su mayoría maestranzas, vulcanizaciones y servicios".

Denuncia

Valenzuela invitó a la ciudadanía a utilizar los mecanismos de denuncia que existen, destacando el Denuncia Seguro al 6004000101, en el que "se pueden dejar en evidencia locales establecidos o no, como también hechos de tráfico de drogas, robo de vehículos, reducción de especies o tenencia de armas, por ejemplo".

"El 133 o 134 es para la flagrancia, los cuadrantes para el trabajo con las unidades vecinales y este para una serie de ilícitos que se pueden denunciar, por eso llamamos a que puedan utilizar estos canales para hacer las respectivas acciones", puntualizó.