Grandes inversiones: observar para dialogar
El diálogo es la llave que generará beneficios compartidos, tanto a las empresas como a las comunidades y al territorio. Desde Alianza Valor Minero, el proyecto de Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT), se encuentra trabajando junto a consultoras, organismos académicos y la comunidad, en un diseño de política pública para el logro de ese objetivo, el que será entregado al próximo gobierno a mediados del presente año. En ese contexto, las experiencias internacionales son herramientas para considerar en este modelo, que busca entre otros, no solo generar beneficios al territorio sino desarrollar inversiones y entregar políticas claras para todas las partes. Hoy, países como Canadá, Australia, Nueva, Zelanda, Suiza y Perú, son referentes en materia de institucionalidad medioambiental y participación. En términos generales, el caso canadiense hace su aporte en materia de valor compartido; el sistema australiano a la evaluación integral del impacto; el caso neozelandés aporta con la consulta indígena; el suizo a la participación ciudadana y el peruano, mayoritariamente al sistema de diálogo social.
Las características de cada uno de los modelos permiten hacer una comparación con la institucionalidad vigente en nuestro país y observar las brechas en aspectos como la generación de diálogo y la resolución de las controversias. Sin embargo, también evidencian condiciones y características culturales que hoy nuestro país parece carecer, como por ejemplo una sociedad civil más robusta, validación institucional del diálogo y recursos para implementar el monitoreo.
Danae Mlynarz
Los ejemplos internacionales dan cuenta de una participación temprana en la evaluación ambiental; de múltiples oportunidades de participación durante el proceso de evaluación, a diferencia de lo acontecido en nuestro país, en el que la participación ciudadana tiene lugar luego de la entrega del Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y también de procesos de diálogo y acuerdos informales que buscan, entre otros, obtener el consentimiento de comunidades indígenas.
De este modo, es necesario en el caso chileno hacer cambios legales en materia de evaluación ambiental. Sin embargo, se entendería como una buena señal previo a ello el ir implementando espacios de participación, de manera de ir aprendiendo a hacer las cosas de una forma distinta.
La posibilidad de observar algunas experiencias internacionales es clave en la construcción de una política nacional que sea determinante en establecer formas de diálogo, de variables sociales y económicas que beneficien a las distintas comunidades y sus territorios existentes.