El Tribunal Oral en lo penal de Calama encontró culpables a dos médicos a quienes la Fiscalía local les había imputado cargos por cuasidelito de homicidio, tras la muerte de un paciente en noviembre del año 2013, y cuyo fallecimiento se produjo por negligencias de ambos facultativos.

Se trata de los médicos Rafael Alejandro Gracia Agurto de 36 años y Alejandro Francisco Sánchez Sierra de 47 años, quienes no efectuaron tratamientos ni diagnósticos oportunos a Alejandro Salas Parra de 30 años de edad y quien sufría de obesidad.

Según el fallo, la víctima debió ser llevada a la Clínica Calama por molestias en su salud, lugar en el que fue atendido por Rafael Gracia Agurto, diagnosticándole en primera instancia un posible desgarro muscular por dolores que el paciente presentaba en la pantorrilla derecha, ordenándole exámenes como una ecotomografía y un estudio Doppler, recetándole antiinflamatorios. Posteriormente, el 18 de octubre de 2013 la víctima Alejandro Salas acudió a la consulta del médico Rafael Gracia con los exámenes, quien le diagnosticó una trombosis venosa profunda TPV, en la pierna derecha, dándole tratamiento ambulatorio para su dolencia y medicamentos, como cardioaspirina, antiinflamatorios y anticoagulantes orales, infringiendo la lex artis médica en lo referente al procedimiento a seguir ante esta enfermedad.

Finalmente el día 8 de noviembre del 2013, Alejandro Salas Parra falleció en la Clínica El Loa, producto de un paro cardiorrespiratorio.

Sentencia

El Tribunal Oral en lo Penal dictó sentencia de condena, decretando una pena de 200 días de reclusión menor en su grado mínimo, y esta se les sustituyó por la remisión condicional, debiendo quedar sujetos a la vigilancia de tratamiento por parte de Gendarmería por el lapso de un año.

En su alegato de clausura el fiscal Claudio Sobarzo explicó que la lex artis médica "son reglas de valoración de conductas que tienen como objetivo determinar si la conducta es adecuada en el caso, basado en principios de la ciencia médica. La obligación de un médico no es de resultado, siendo más lógico que tiene obligación de medios, dar cuidados al paciente según estado de la medicina. Es un garante de salud, incluye un buen diagnóstico, las correctas medidas paliativas para un paciente".

Pablo Orellana G.

L a Fiscalía local comenzó a articular las primeras diligencias para comenzar a investigar los millonarios ciber robos que han sido denunciados ante el Ministerio Público, y que dan cuenta de estos onerosos delitos que han afectado a dos empresarias y un particular, por cifras superior a los 150 millones de pesos.

Esta labor que comenzó a investigar la fiscalía fue detallada e informada por el fiscal de estos casos, Raúl Marabolí, quien no descartó la posibilidad que estos delitos "se hayan cometido desde el extranjero".

De acuerdo a lo expresado por el abogado, "esta fiscalía ya comenzó a efectuar las primeras diligencias para determinar la participación de terceros en estos delitos. Esto en base a las denuncias de los afectados quienes explicaron que jamás efectuaron estas transferencias desde sus cuentas y que por lo demás se efectuaron en condiciones que vulneraron los sistemas de seguridad", dijo.

Sobre el vaciado de las cuentas pymes de los afectados el persecutor agregó "uno está acostumbrado a ver casos de fraudes con llamados y timadores que se han producido en torno a montos menores no mayores al millón de pesos. Pero este comportamiento tiene las características de un ciber delito internacional, y por ello se le está dando la trascendencia que tiene en el sentido de investigarlo a nivel local y nacional", dijo Raúl Marabolí al respecto.

Robos

De acuerdo a la información que entregaron dos empresarias de la educación, "el modus operandi sería idéntico en todos los casos. En primer lugar fueron vaciadas las cuentas pymes que tenemos como clientes del banco Itaú; en segundo lugar lo hicieron vulnerando todas las medidas y claves internas de seguridad; y en tercer lugar trasladando nuestros dineros a cuentas rut del BancoEstado", explicó Macarena Farías, una de las afectadas por este ciber delito.

Sería esta la línea que el Ministerio Público estaría trabajando, "y para lo cual esta fiscalía ya solicitó a la Fiscalía Regional las denuncias hechas en la ciudad de Antofagasta, al mismo que ya se contactó a la de Arica para conocer en detalle los alcances de lo denunciado y con ello investigarlas a nivel local y del país", argumentó el persecutor.

"En todos los casos que pudimos pesquisar en nuestra tarea por establecer las responsabilidades, nos percatamos que todos quienes sufrieron del robo de dinero de sus cuentas empresas del banco Itaú, se trataba de pequeños emprendedores y a quienes en cosa de horas sufrieron el robo de sus dineros. Y siempre sobrepasando los montos máximos que esa plaza bancaria permite transferir, y eso es algo que nos llama mucho la atención, así como los destinos fueran cuentas rut", explicó Yubithza Plaza, socia de Macarena Farías, ambas víctimas de este ciber delito.

EL Ministerio Público en tanto analiza la información entregada por los bancos en los que se efectuaron estas transacciones irregulares y que además se perpetraron el mismo día -23 de febrero recién pasado-, con víctimas en Calama, Vallenar, Arica y el vecino puerto de Antofagasta, y donde se efectuaron estas denuncias.

Hasta el momento serían seis los afectados en la región y otros dos en la Décimoquinta Tercera regiones.

"Esta fiscalía ya comenzó a efectuar las primeras diligencias para determinar la participación de terceros en estos delitos".

Raúl Marabolí

Fiscal a cargo del caso"

Pablo Orellana G.

Luego de efectuar una extensa labor de investigación criminal el O.S.7 de Carabineros de El Loa logró desbaratar una banda de traficantes, descubrir su laboratorio y detener la producción y ampliación de dosis de pasta base de cocaína que efectuaban los ahora imputados.

El éxito de este procedimiento de la sección antidrogas de Carabineros, comenzó a gestarse con el seguimiento y la recopilación de antecedentes que se tenía sobre tres ciudadanos extranjeros que eran sospechosos de vender esta adictiva droga, y por lo cual se comenzaron a efectuar las primeras indagatorias por parte del O.S.7.

Luego de constatar que al interior de un domicilio de la villa Exótica los tres sospechosos aumentaban el volumen de la droga, el O.S.7 logró obtener las órdenes de allanamiento al inmueble donde encontraron tres kilos de pasta base que habían sido aumentados por los traficantes.

Químicos

En su poder los traficantes mantenían una serie de elementos químicos que utilizaban para dar mayor volumen a la pasta base de cocaína que compraban y que luego agrandaban con este tipo de productos, entre los cuales tenían bicarbonato de sodio, carbonato y ácido sulfúrico, los cuales eran mezclados para 'aumentar' dosis de consumo entre adictos.

Al respecto el mayor Adrián Andrades, a cargo del O.S.7 de El Loa explicó "con este procedimiento logramos detectar y neutralizar la venta de esta nociva sustancia, la cual era aumentada por los detenidos, logrando con ello no sólo obtener más dosis, sino que además les permitía aumentar ostensiblemente las ganancias por este ilícito", dijo la autoridad policial.

De los tres detenidos por este delito e infracción a la Ley 20 mil de Drogas, uno de ellos se encontraba en forma irregular en el país desde el año 2014, cuando solicitó refugio en territorio nacional, hecho que fue negado por las autoridades locales, quedando de manera irregular en Calama.

Los tres detenidos quedaron en prisión preventiva mientras se efectúa una investigación que durará 120 días, plazo que fue dispuesto por el Tribunal de Garantía para efectuar las indagatorias restantes en este caso, del cual no se registraban antecedentes desde el año 2016 cuando al interior de la toma fuera descubierto un laboratorio clandestino de drogas.

Los químicos utilizados fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística de la institución y la droga incautada fue derivada al Servicio de Salud de Antofagasta para su destrucción tras ser trasladada en cadena de custodia.

De acuerdo a lo informado por el O.S.7 de Calama, un kilo de pasta base puede tener un costo promedio a los tres milones de pesos. Cifra que se triplica aumentando su volumen, tal y como lo hacían los tres detenidos.