Luis Grandón A.

La firma del decreto número nueve o más conocido como el decreto de amarre de última hora del gobierno de Michelle Bachelet, continúa generando repercusiones a nivel comunal, de gobierno y parlamentario.

Y es que quienes alzan la voz para reclamar, entre ellos organizaciones sociales de la comuna como también el municipio, manifiestan que resulta cuestionable que se haya firmado una vía administrativa para autorizar este proyecto que, según sostienen, se encuentra erradamente calificado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en una Declaración de Impacto Ambiental, cuando a la luz de los antecedentes, aseguran, debe ser un Estudio de Impacto Ambiental el que lo evalúe, y no descartan la existencia de favores políticos de la Nueva Mayoría, por lo que adelantaron que apoyarán cualquier investigación que permita esclarecer esta situación.

Investigación

Entre quienes expresaron su molestia, se encuentra el diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), quien adelantó que a modo personal, y como era una de sus promesas de campaña, está llevando adelante una investigación sobre el extraño proceder en la firma de este decreto y el daño medio ambiental que esta decisión política podría generar en los habitantes de Calama, considerando, según manifestó, que la única planta certificada para la fundición de plomo se encuentra a escasos metros de la ciudad y que además se plantea su expansión para poder proceder en su tarea.

"No puede ser que la única empresa que trate plomo a nivel nacional se encuentre emplazada en una zona saturada por contaminación, como lo es Calama", declaró el parlamentario, quien añadió que puso al tanto de esta situación a la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, y al subsecretario de la cartera, Rodrigo Benítez, quienes en poco tiempo más se pronunciarán al respecto.

"Esta situación se la planteé al subsecretario y, en específico, a la ministra, quienes hoy en día estarían prontos a pronunciarse respecto de este tema", comentó Castro.

En este sentido, el diputado por la Región de Antofagasta, agregó que esta investigación, podría ayudar a esclarecer las extrañas circunstancias en las que se dio la firma del decreto en cuestión y saber si existen, o no, nexos políticos entre la empresa y la Nueva Mayoría, considerando que, de acuerdo a su punto de vista, se firmó una vía cuando lo que correspondía era un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

"Lo que yo espero es que la planta no siga creciendo y sea trasladada a otro lugar. Sé que muchas veces las expectativas no se pueden plasmar en algo tan concreto como lo que uno desea, pero sin duda es un tema que debemos abordar, pronto se contará con noticias respecto a eso y no puedo adelantar más información, porque es un proceso que lo estoy llevando adelante con un grupo de abogados", explicó el parlamentario.

Municipio

Por su parte, el alcalde de la comuna, Daniel Agusto, manifestó que el municipio marcó una posición bien clara en torno a la situación de RAM, y es que no se va a permitir ningún atisbo, ni siquiera incipiente, de contaminación en la comuna, expresó.

"Yo lamento profundamente que la señora Michelle Bachelet haya dictado este decreto en las sombras de su gobierno, prácticamente cuando ya se estaban retirando de La Moneda, sentenciando a la comuna de Calama a ser el patio trasero del país", declaró el alcalde.

En relación a la investigación que lleva adelante el diputado Castro, el edil mostró su voluntad de colaborar en todo lo que sea necesario.

"Vamos a apoyar cualquier tipo de investigación en esa línea, por lo que en la ciudad estamos todos unidos bajo esta posición", comentó Agusto.

Antecedentes

De acuerdo con información recopilada desde medios especializados, la duda política surge por quienes integran el equipo de lobbistas de Recimat (RAM), en este caso Hernán Durán y Valentina Durán, quienes son cuñado y sobrina del exPresidente Ricardo Lagos, respectivamente.

Es preciso agregar que en Chile desde el 8 de marzo de 2014 el lobby es legal y reglado por la Ley N° 20.730, que regula las gestiones o actividades pagadas que hacen personas o entidades, chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular o para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar algunas autoridades y funcionarios.

Pues bien, aclarado lo anterior, una situación similar a la que se vivió con la firma del este "decreto de amarre", ocurrió en enero de 2010, oportunidad en la que exMandataria, también en ejercicio de su cargo, y apoco más de dos meses de culminar su primer período, dictó el Decreto Supremo Número 2 del Ministerio de Salud, que prohibía la exportación de las baterías, de acuerdo a lo que mencionan los medios. Esto redundó en que RAM se viera posicionada y consolidara su accionar en Calama, concentrando el monopolio en materia de reciclaje y fundición de baterías usadas en el país.

Ram

Al respecto, desde la empresa enviaron un comunicado en el que señalan que no cuentan con antecedentes sobre la investigación del diputado Castro.

"Nuestra empresa opera con un estándar reconocido mundialmente para el adecuado tratamiento de residuos plomados y contamos con todos los permisos tanto ambientales como sanitarios para proteger la salud de las personas. El cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile, suscritos a través del Convenio de Basilea hace más de 30 años, no es un tema político sino que netamente medioambiental. Por eso, el apoyo para prohibir la exportación de todos los residuos peligrosos -no solamente baterías- es transversal en términos técnicos y jurídicos. Este mal llamado "decreto de amarre", es un tema que se ha discutido por casi dos años en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje que, como su nombre lo indica, fue publicada con el objetivo de impulsar el reciclaje dentro de nuestras fronteras, cuidar el medio ambiente y abrir oportunidades de trabajo para los chilenos", finalizó el comunicado.