Cuando nadie sabe cuánto contamina cada empresa instalada en la zona y qué perjuicios podrían traer a la comunidad, resulta difícil saber a qué atenernos.
El 2009 fue el año en que tuvimos un poco más cerca de conocer la realidad, porque se decretó a Calama, zona saturada por contaminación y supuestamente comenzaría un plan de mitigación, situación que hasta la fecha no ha comenzado a operar, salvo algunas pequeñas acciones para dejar tranquila a la población.
Aquí no se trata de incendiar fábricas o a quienes nosotros creemos, válidamente o no, que contaminan, sino que buscar la manera de poder corregir los problemas de calidad de vida que nos aquejan, y para ello la autoridad debe liderar este proceso.
Sabemos que primero hubo asentamientos humanos en esta zona, que después surgieron las mineras y con ellas, un sinnúmero de empresas afines. El problema fue que se privilegió la productividad, los negocios, y después la salud humana.
Hoy las cosas han cambiado, y la comunidad exige transparentar la realidad, conocer cuánta contaminación hay realmente en nuestra ciudad y la zona, y cómo poder tomar medidas que permitan convivir a una ciudad con diversas industrias que explotan nuestro territorio.
Aquí no se trata de sacar o echar a nadie, sino que buscar las tecnologías apropiadas para que los que producen en la zona, lo hagan sin contaminar y sin dañar a las personas.
Los loínos tenemos el mismo derecho a tener una calidad de vida como la de un ciudadano que vive en un pueblo de la zona sur.
Por eso, hoy la comunidad exige estaciones de monitoreo e información fidedigna de lo que realmente ocurre aquí. Eso permitirá tomar medidas de mitigación reales y poder así asegurar que los riesgos de enfermedades graves serán mínimos, como en cualquier parte del mundo. Y todos los actores involucrados, tendremos que sentarnos a conversar para buscar las soluciones y dejar de ocultar la verdad.